El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 647.000 euros por la condena del 'caso mascarillas'

Los magistrados del Supremo que juzgaron el caso Koldo o caso mascarillas han acordado este miércoles la apertura de la ejecutoria de la sentencia dictada el pasado 22 de junio. Eso incluye el requerimiento a los tres condenados para que abonen un total de 647.000 euros, correspondientes a las multas, decomisos e indemnizaciones fijados en el fallo condenatorio.

Al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se le requiere el pago de multas por 52.500 euros, a su ex asesor Koldo García Izaguirre, 45.750 euros; y al empresario Víctor de Aldama, 75.000 euros.

Asimismo, los tres deberán afrontar el decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho que se consideró probado por el Alto Tribunal. El auto recuerda que la sentencia cifró en 430.298 euros el beneficio ilícito obtenido con la compraventa amañada de mascarillas. Puesto que los tres condenados se beneficiaron de esa cantidad, el tribunal se la reclama a los tres de manera solidaria.

Respecto al tercer bloque, el de las indemnizaciones, los magistrados requieren a Ábalos y a Koldo para que indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde enchufaron a Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. Deberán abonar lo que allí cobró: 34.450 euros en Ineco y 9.500 en Tragsatec.

Para todos los pagos señalados, se otorga un plazo de 15 días, cumplido el cual se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones. En cuanto al pago del decomiso, se encomienda a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

En la misma resolución, el Supremo procede a liquidar las condenas de prisión. En el caso de Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de cárcel, fija un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y medio, conforme a las reglas establecidas en el Código Penal. Para Koldo, cuya condena ascendió a 19 años y ocho meses, el límite de cumplimiento queda establecido en 15 años.

Por su parte, Aldama, que vio reducida su condena a cuatro años y medio de prisión por su colaboración con la Justicia, se beneficia de la suspensión de la ejecución de la pena. Esta medida está condicionada a que realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad. El Supremo le requiere para que, en el plazo de 15 días, ratifique su consentimiento a cumplir esta condición.