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Feijóo ha reiterado su promesa de auditar la gestión económica del gobierno de Sánchez, cuestionando el gasto público y el estado de los servicios. Menciona posibles déficits ocultos y cita casos históricos donde nuevos gobiernos revelaron peores datos económicos que los previamente declarados, afectando la confianza de los mercados.
Lo ha dicho en el pasado y lo ha repetido ya en la actual precampaña. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido, si llega al poder, a lanzar "una auditoría del sanchismo" y "saber en qué se ha gastado el dinero el señor Sánchez los ocho años que lleva al frente del país y por qué los servicios públicos están peor que nunca". Eso lleva al loable objetivo de levantar alfombras y verificar si ha hecho bien su trabajo la Intervención General del Estado, a las órdenes estos años de los ministros de Hacienda, María Jesús Montero y Arcadi España.
Feijóo sospecha que puede haber déficit oculto tras cuatro años haciendo malabares sin presupuestos en los que, además, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho revisiones al alza del PIB en los últimos años no han sido comprendidas en el Banco de España ni en otros órganos. El problema es que, solo con los datos que declara oficialmente el Gobierno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España dan por seguro que conducirán a un incumplimiento de la regla europea de gasto y acercan la obligación de adoptar medidas de ajuste tarde o temprano.
Si, además, esos datos son peores en realidad y los aflora un eventual nuevo Gobierno, España puede entrar en un foco de atención en los mercados que está actualmente centrado, con fundamento, en Francia. Eso no ha supuesto que España haya sido inmune a la actual tensión en los mercados de deuda, por eso el Tesoro tiene que retribuir con más del 4% de interés por el bono a 10 años, cuando le bastaba el 3% a principios de año. Eso sí, no llega al 5% que ha rondado ya Francia.
"Feijóo debe levantar alfombras, pero con cuidado, porque los mercados van a estar muy pendientes en los próximos meses de las cuentas de los países del euro", afirma uno de los economistas que habla habitualmente con el gallego. Ya solo con lo que está pasando en otros países, el horizonte se complica. El director general de Economía del Banco de España, David López Salido, señala en su informe de este mes que "el deterioro de las perspectivas de las finanzas públicas en varias economías avanzadas podría elevar las rentabilidades de su deuda soberana y endurecer las condiciones de financiación en España". Y la AIReF resalta en su último Observatorio de Deuda que, en un supuesto de aumento de la tensión, el gasto por intereses pasaría a ser en 2030 de entre 67.200 y 73.200 millones de euros, frente a 58.300 millones en el escenario base, "con un sobrecoste anual de entre 9.000 y 15.000 millones de euros". Eso implicaría detraer recursos de otras partidas, como el gasto social o el militar, para pagar el servicio de la deuda.
¿Hay precedentes de déficit oculto que aflora tras un cambio de Gobierno? Demasiados, y afectan a los dos grandes partidos. En 1996, el entonces nuevo Gobierno de José María Aznar afloró lo que llamaron "facturas en los cajones" y el déficit público de 1995 se cerró en el 6,79%, frente al 5,87% declarado por el de Felipe González. El entonces comisario europeo Yves Thibault de Silguy criticó la ocultación, pero resaltó que eso no iba a suponer más flexibilidad para España en el cumplimiento de las condiciones para entrar en el grupo de cabeza del euro. Cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero al poder, volvió al Ministerio de Economía Pedro Solbes y se vengó de lo sucedido ocho años antes. Solbes reveló en 2004 que el Gobierno del PP le había dejado más déficit del que decía, de modo que 2003 no se cerró en equilibrio, sino con un 1,87% de déficit. No tuvo consecuencias graves, porque España se había adentrado ya en una ola de crecimiento y alta recaudación que absorbió sin problemas el desfase.
Lo peor llegó en 2012. El déficit público legado por el Gobierno de Zapatero fue finalmente del 9% en 2011, muy superior al 6% comprometido por su ministra Elena Salgado. El nuevo dato, revelado por Cristóbal Montoro, aumentó la desconfianza de los mercados y acentuó la presión sobre la prima de riesgo de España, situándola en la rampa de salida hacia el rescate, como ya habían sufrido Grecia, Portugal e Irlanda.
AI outlook — possibilities, not facts
Si Feijóo llega al poder y confirma un déficit público peor de lo declarado, se iniciarán medidas de ajuste fiscal dentro de los primeros seis meses de gobierno.
Likely · Within months
El bono español a 10 años mantendrá o aumentará su rendimiento por encima del 4% si persisten las dudas sobre la solvencia fiscal y la tensión en los mercados de deuda de la zona euro.
Likely · Within weeks

The Spanish Government considers that the debate on pensions, which has replaced that on housing in the pre-campaign, is more favorable to it than to the PP, since it mobilizes more than 9.5 million voters, especially retirees, and can put pressure on those who are undecided. Sánchez stressed that pensions are a social achievement and not a gift, while the PP and Vox accuse the PSOE of using the issue to divert attention from its failures in housing. The data show that the PSOE leads among those over 65 years of age, although with less advantage than the PP, and that this group has grown by 12.7% in the census in the last decade.

The PSOE and its progressive allies have agreed to run as a coalition in the Senate, which has generated concern in the PP and Vox. Both parties are analyzing scenarios of tacit collaboration, such as not appearing in some provinces or distributing the vote, to prevent the left from obtaining a majority in the Upper House. Although there is no formal agreement, they recognize an 'entente cordiale' and a 'non-aggression pact' based on the common objective of stopping Pedro Sánchez.

The main Czech opposition parties won the largest number of votes in the Senate elections, while Prime Minister Andrej Babis' ANO did not win any of the contested seats. Babis called the result 'catastrophic', although it is unlikely to destabilize his eurosceptic coalition government. The Senate has a limited role because the Lower House can override its vetoes, but it remains key in constitutional reforms and judicial appointments.

Analyst Jérôme Fourquet describes the social climate in France as an "end of reign" for Emmanuel Macron, marked by the budget crisis, youth discontent and political polarization that benefits the extremes.
The Spanish electorate shows concern about the November 29 elections. While the PSOE and the right adjust their strategies, divisions in the 'left of the left' and housing protests in Madrid mark the current political climate.

Marina Echebarría Sáenz, professor of Commercial Law and LGTBIQ+ activist, becomes the first trans person on the CNMC council. His appointment, proposed by Sumar, stands out for his technical profile in the face of political polarization.