El plan económico «más ambicioso que ha tenido nuestro país en su historia más reciente». Así definió hace cinco años la entonces ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia destinado a ejecutar los fondos europeos NextGeneration para reparar los daños económicos de la pandemia. El plazo para ejecutarlos ha llegado a su fin. La economía española empieza septiembre sin el impulso de 102.000 millones de euros -inicialmente 140.000 millones antes de que renunciara a parte de los préstamos- de los que ha recibido unos 78.000 millones (el 76,5%) tras haber cumplido 338 hitos y objetivos. Queda en el aire el desembolso de más de 25.000 millones del séptimo hito (que se podrán solicitar hasta finales de septiembre)y si realmente España ha aprovechado una inyección millonaria.
Por un lado, el estímulo europeo funcionó como un eficaz flotador de emergencia frente al colapso de la pandemia. Explica entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB español entre 2021 y 2025, según el análisis de Funcas, y logró acelerar la transición ecológica por encima de la media de sus homólogos europeos. Sin embargo, se ha quedado con un impacto agridulce a largo plazo. «El plan se diseñó para cumplir hitos verificables ante Bruselas antes que para elevar la capacidad productiva del país», apunta Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor en la Universidad de las Hespérides. Aunque España sacó adelante el 87% (156 hitos de 179) de las reformas pactadas con Bruselas, solo se ha materializado el 35% (108 de 308 hitos) de las inversiones reales. «La transformación prometida se ha quedado en un estímulo de demanda con etiqueta verde y digital», critica Calvo. De hecho, este ha sido uno de los puntos de debate político. El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, afirmó ayer que los fondos europeos eran una «palanca de transformación» de la economía que el Gobierno «no ha sido capaz de aprovechar".
Inicialmente, el Plan de Recuperación se diseñó para que las inversiones públicas sirvieran de imán para movilizar y arrastrar el capital privado de las empresas; pero el bajo dinamismo empresarial sugiere que «es probablemente donde se encuentra el déficit principal del programa», explica Miguel Ángel González, investigador de Funcas. Mientras que la inversión pública aumentó en términos reales hasta un 51, 1% a finales de 2025 respecto a 2019, la inversión empresarial se situó en 3,3 puntos por debajo de los niveles prepandemia. Algo que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) señaló que «cuestiona la eficacia tractora del plan» y sería producto de los obstáculos operativos, como la carga administrativa, la pérdida de ventaja financiera de los fondos y el diseño centralizado de algunos proyectos que no se ajusta siempre a las realidades territoriales del tejido empresarial.
En el último informe de análisis a la ejecución de estos fondos, relativo a junio, la patronal empresarial ya mostraba preocupación ante lo que consideraba una «fase de madurez crítica» del Plan de Recuperación. La organización advirtió de la brecha de ejecución -de unos 27.000 millones de euros entre los fondos convocados y los finalmente adjudicados al tejido productivo; y cuestionó la capacidad del plan para transformar realmente la economía privada antes de la fecha límite. Poco ha cambiado hasta hoy.
Todo esto ha provocado que las mejoras sean limitadas en el gran problema de fondo que España ha arrastrado por años y uno de los que pretendía resolver el plan: la productividad. Aunque en comparación con otras grandes economías europeas, el país ha logrado acelerar la tendencia de productividad real que existía antes de la pandemia, González puntualiza que «esta aceleración ha sido muy reducida». Y es que este es el factor del que depende el éxito real y la preparación de la economía española para continuar sin este impulso;sin embargo, concluye que los resultados se materializarán a «más largo plazo» como parte de los efectos que tendrá las decisiones que se tomarón en el marco del plan.
Con el fin del calendario europeo, España ha creado el fondo soberano España Crece con el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros, con una base de 10.500 millones del Plan de Recuperación. Para Calvo, este es un paso que «consolida al Estado como inversor permanente sin haber comprobado antes si el instrumento anterior sirvió para algo más que para engordar el PIB de unos ejercicios concretos».
