Gobierno aprueba 309 millones de euros en medidas urgentes para Ceuta tras crisis migratoria

El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para amortiguar el impacto económico y social provocado por la crisis migratoria desatada a finales de julio en Ceuta, con una movilización de 309 millones de euros en lo que restaba de 2026, a los que se sumaron otros 50 millones en líneas de avales del ICO. El paquete, aprobado por un Consejo de Ministros prácticamente monográfico, equivale al 16% del PIB de la ciudad autónoma y concentra en “apenas cuatro meses” un volumen extraordinario de recursos para “sostener el tejido productivo, reforzar los servicios públicos y hacer frente a las consecuencias de la presión migratoria”.

La norma, que es extensible a Melilla, también introduce cambios de carácter permanente en una decisión que iba más allá de la respuesta inmediata a la crisis. El Ejecutivo pretende así atender la brecha abierta en la economía ceutí, donde las primeras estimaciones situaban las pérdidas empresariales en torno a los 28 millones de euros, pero también reforzar las condiciones estructurales de ambas ciudades autónomas.

La decisión formaliza el compromiso anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y eleva sustancialmente las previsiones iniciales de ayuda. Para contener el impacto sobre el mercado laboral y las pequeñas empresas, el Ejecutivo destinará 80 millones de euros a un paquete de alivio económico. La principal partida, de 36,6 millones, se dirigió a 2.600 autónomos, que recibirían 5.000 euros cada uno, y a 1.400 empresas, con ayudas de entre 10.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Las solicitudes se gestionarían a través de la Agencia Tributaria a partir del 14 de septiembre y los primeros pagos estaban previstos para comienzos de octubre.

A estas ayudas se añaden 14 millones para recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas, mediante bonos de consumo y turismo y campañas de promoción. Dentro de este capítulo, el plan Ceuta Exporta recibiría un millón de euros para impulsar la internacionalización de las empresas de la ciudad a través del ICEX y se destinaría otro millón a una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

El decreto incorpora además cambios de carácter estructural en el ámbito laboral y fiscal. La bonificación empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social para los contratos indefinidos pasará del 50% al 75%, tanto en Ceuta como en Melilla, condicionada a la realización de acciones formativas. La medida supondrá 12,2 millones de euros durante los cuatro meses restantes del año. También se elevará del 50% al 60% la bonificación del Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes en ambas ciudades y para las que mantuvieran allí su actividad y sus puestos de trabajo. A ello se suman mejoras en la tributación del IRPF para los autónomos. Las medidas fiscales, de carácter permanente, supondrán una rebaja de 12 millones de euros.

Con carácter temporal, el Ministerio de Trabajo ha articulado un régimen de ERTE por fuerza mayor con exención de cuotas a la Seguridad Social para las empresas cuya actividad se hubiera visto interrumpida o limitada por la crisis. Los autónomos afectados tendrán además acceso a una prestación extraordinaria por cese de actividad y el plan incorpora 650.000 euros para reforzar la formación de los trabajadores a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El paquete empresarial se completa con una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros.

Una parte sustancial de los fondos se va a destinar a la respuesta humanitaria y al refuerzo de las capacidades del Estado. La acogida concentra 118 millones de euros, de los que 63,6 millones se reservan para atender a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en la ciudad y otros 53,4 millones para el alojamiento y la atención básica de los inmigrantes.

La seguridad y la defensa recibirán otros 90 millones. De esa cantidad, 74 millones correspondieron al despliegue del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, con fondos para personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material. El Gobierno habilitará además incentivos extraordinarios por rendimiento de 7,1 millones para la Policía Nacional y de ocho millones para la Guardia Civil.

Los servicios esenciales recibirán otros 21 millones. El INGESA incorporará un centenar de profesionales para reforzar la atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones. Se destinarán 3,2 millones a reforzar la seguridad en los centros docentes y el acompañamiento psicosocial de la comunidad educativa, mientras que otros 4,5 millones permitirán reforzar la Administración de Justicia, con nuevos jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, además de financiar la asistencia jurídica gratuita y el apoyo informático.

El capítulo se completará con una subvención de dos millones de euros a la ciudad autónoma, a la que se sumarán los más de siete millones aprobados para la planta desalinizadora.

El plan se ha aprobado después de que el Gobierno declarara la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta y estableciera un mando único bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Con el paquete económico, el Ejecutivo trata de pasar de la respuesta inmediata a la crisis migratoria a una fase de recuperación de la actividad económica y de refuerzo de las capacidades de la ciudad ante futuras situaciones de presión fronteriza.