El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que le informe “a la mayor brevedad” sobre el contenido de un informe que el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional que atribuiría a Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta. En una carta enviada esta pasada noche, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el titular de Interior le recuerda a Pardo que, de ser cierta la información en la que se detalla que gendarmes marroquíes planificaron y ejecutaron la entrada, se debería haber “puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”.
Ayer, El Español publicó que la avalancha de los días 30 y 31 de julio habría sido un proceso planificado por Marruecos para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España. El informe, que sostendría que los agentes de Rabat monitorizaron la ejecución en el terreno, vincula la operación con las reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla.
Este informe, entregado a requerimiento de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, están siendo estudiado por la Fiscalía antes de decidir si apoya que se inicie una investigación sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta tanto a nado como por la valla, causando la muerte de casi un centenar de personas ahogadas en el mar.
“De ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, recoge Marlaska en la misiva en un tono que evidencia su malestar.
Porque para el ministro del Interior, se trataría de una información que debería estar también en manos de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito. Marlaska explica que esta exigencia se encuentra “al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse”, que de momento se encuentran en un estadio incipiente, por lo que no puede “ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior”.
De esta forma, el titular de Interior zanja la carta “agradeciendo” a Pardo que le informe “a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo”.
La Policía entregó el informe a Tardón para conocer ciertos extremos de lo que ocurrió en Ceuta antes de decidir si admite a trámite una querella interpuesta por el partido Iustitia Europa por el ataque a la integridad nacional.
Entre otros puntos, el atestado policial recoge que gendarmes marroquíes podrían haber colaborado para el paso a la frontera española. Tardón ahora espera el informe que debe entregar la Guardia Civil sobre las posibles alertas existentes los días previos a la entrada de cerca de 80.000 personas a finales de julio.
Tardón está estudiando si iniciar una investigación formal y para ello quiere conocer el dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio; particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar.
También quiere conocer si hubo avisos o alertas previas de que esto podría ocurrir. De ser así podría iniciarse una investigación, como en el caso de la DANA en Valencia, por homicidio e imprudencia grave. Por eso ha reclamado al Servicio de Información del instituto armado que diga si recibió alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido “alertar” sobre su posible acaecimiento.
Existen posturas contradictoras sobre si existieron informes, alertas o avisos sobre una posible brecha de seguridad en la frontera de Ceuta. Fue el propio titular de Interior quien abrió la caja de los truenos en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, en la que aseguró que a su despacho no llegó ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que avisase de lo que se estaba fraguando al otro lado de la frontera.
Sin embargo, fuentes de Defensa, del que depende el CNI, defienden que los servicios secreto españoles sí alertaron de que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que consideraba que la entrada a nado por mar no permitía el rechazo en frontera (al no existir un obstáculo físico), sí podría provocar un significativo aumento de entradas vía marítima.
