La insistencia del Gobierno en negar desde un inicio la posibilidad de que Marruecos estuviera implicado en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio se topó este lunes con un obstáculo: un informe policial entregado en la Audiencia Nacional apunta a la participación o colaboración de autoridades policiales marroquíes, algo que, después de analizarlo, negó Interior. Sin embargo, poco después del comunicado del Ejecutivo, trascendió el contenido de ese informe, al que tuvo acceso 20minutos y que desmiente su tesis, pues en él se señala a gendarmes y policías de paisano de Marruecos como "sujetos activos" en el asalto. Por tanto, la gestión que Interior ha realizado respecto de esta información clave pone en un nuevo aprieto al ministro Fernando Grande-Marlaska, que una vez más es objeto de críticas tanto de la oposición como de los socios de Gobierno y los sindicatos policiales, que le exigen su dimisión.
El relato del Ejecutivo ha sufrido un golpe importante justo antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, prevista para este jueves. Aunque el pasado lunes, en su primera aparición pública del curso político, Sánchez evitó implicar a Marruecos en lo sucedido, ahora las conclusiones preliminares de los investigadores revientan esa estrategia y colocan una vez más en el punto de mira a Marlaska, uno de los ministros más leales al presidente pero también uno de los más cuestionados.
El informe de la Policía Nacional aportado en la Audiencia Nacional considera que hubo una "planificación previa", "escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Marruecos" y que los agentes presentes realizaron un "guiado activo" de la masa de personas migrantes hacia los lugares de paso.
La información, adelantada por El Español la noche de este martes, pilló aparentemente por sorpresa al ministro del Interior, que en la madrugada del miércoles se apresuró a pedir explicaciones al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que a primera hora de este miércoles convocó a los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para que le diesen cuenta de dicho informe, solicitado a por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que a comienzos de agosto abrió diligencias previas por la entrada masiva de casi 80.000 personas en Ceuta y aún debe decidir si le compete investigar los hechos.
Entretanto, el Gobierno, en palabras de otros ministros como el de Presidencia, Félix Bolaños, continuaba asegurando que desconocía la existencia de dicho informe y que se estaba "analizando". "Es el momento de la cautela", aseveraba. En la misma línea se pronunciaba el titular de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, que declaraba que el Ejecutivo todavía no sabía si el informe era iniciativa "de un agente particular".
Mientras, algunos socios del Gobierno como Sumar comenzaban a manifestar su malestar por las informaciones, que calificaba de "graves". "Seguir diciendo que Marruecos no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil (...) Si se acredita el contenido del informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería convocar de urgencia a la embajadora de Marruecos en España para exigirle explicaciones", expresaba la co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez.
Izquierda Unida, una de las formaciones que componen Sumar, iba más allá y su coordinador federal, Antonio Maíllo, pedía la dimisión del ministro Marlaska, como también lo ha vuelto a hacer el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández. "Era evidente que Marruecos es el responsable de la acción hostil a Ceuta. 140 muertos, una crisis humanitaria terrible, Ceuta desbordada. El Gobierno sigue defendiendo a Marruecos y mintiendo. Marlaska no puede seguir ni un segundo más como ministro. Qué desastre de gestión", aseveró.
En el otro espectro político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalaba que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabía" de la existencia de ese informe y "lo tapó" y afirmaba que habrá responsabilidades judiciales porque "esto no puede quedar impune". Es más, Feijóo dio un paso más al señalar directamente a Marruecos: "La embajadora debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales".
Interior niega que el informe apunte a Marruecos
Horas más tarde Interior publicó el comunicado en el que, tras ser informado por Francisco Pardo, aseguraba que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio". De acuerdo con la cartera de Marlaska, Francisco Pardo afirmaba que la jueza Tardón dio órdenes a los investigadores "de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y el contenido de dicho informe". En cambio, añadía que este miércoles la instructora ha autorizado el acceso de los superiores de la Policía al informe, ya aportado en la Audiencia Nacional.
Por otro lado, Interior también restaba relevancia a un documento policial publicado este miércoles por El Confidencial. El informe en cuestión data del 29 de junio y alerta de un "riesgo extremo" de entradas irregulares, si bien con una probabilidad "media-baja". "Respecto al aviso que la CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía explica que se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente", zanjaba el ministerio.
Policías y gendarmes, "sujetos activos"
Pero poco después, el informe policial íntegro, al que tuvo acceso 20minutos, dio al traste con todo el relato que había hecho Interior solo unas horas antes y le desmentía. El documento señala con claridad a gendarmes y policías de paisano de Marruecos como "sujetos activos" que participaron en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta. Apunta a Rabat por "la escasa presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos" en la zona y porque los agentes allí presentes llevaron a cabo un "guiado activo de la masa hacia los lugares de paso". Asimismo, explica que se trató de una acción "planificada" que buscaba el "colapso del sistema de gestión fronteriza" y pretendía "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España".
