La controvertida operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid para hacerse con un ático de lujo sin justificación operativa ha sumado un nuevo capítulo de opacidad. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha actualizado las condiciones para la enajenación del polémico inmueble en Chamberí -adquirido en abril a través de la empresa pública Planifica Madrid- imponiendo una restricción insólita en el mercado inmobiliario ya que los potenciales compradores no han podido ni podrán visitar el inmueble antes de pujar por él.
La medida, tal y como ha podido confirmar La Vanguardia, ha quedado consignada en un escrito aclaratorio publicado en el portal de contratación autonómico a escasos días de que expire el plazo para la presentación de ofertas, fijado para el próximo 7 de septiembre.
Esta última traba en el proceso de compraventa ha sido adelantada por El País, diario al que el abogado Javier Flores -promotor del caso ante el Tribunal de Cuentas- ha calificado el procedimiento como una auténtica “compra a ciegas”. Los licitadores, por tanto, deben asumir el compromiso de adquirir el piso en el estado en que se encuentre, pero sin la posibilidad de realizar una inspección presencial previa, una paradoja procedimental extraña al tratarse de una venta de un bien público.
De acuerdo con las cláusulas de la licitación, además, el precio de salida se ha fijado en 6,69 millones de euros, una cifra que supera en 390.000 euros el importe que la Administración autonómica desembolsó por la propiedad hace apenas cuatro meses, y que la oposición no ha dudado en tildar de maniobra especulativa. “Ya sabemos que el Gobierno de Ayuso no quiere aplicar la ley de vivienda para controlar los precios, pero ahora directamente especula”, han criticado fuentes de la oposición regional.
El documento aclaratorio ha servido asimismo para precisar la realidad física de un inmueble marcado por las contradicciones. Frente a los casi 200 metros cuadrados de terraza registrados oficialmente, el Ejecutivo autonómico ha certificado que el espacio exterior ha quedado reducido a 99 metros cuadrados debido a una ampliación techada realizada por los anteriores propietarios con anterioridad a la transacción pública. Con 481 metros cuadrados construidos, cinco dormitorios y cinco baños, el piso de la calle General Martínez Campos -situado en el mismo distrito donde reside el entorno familiar de la presidenta autonómica- ha pasado de ser anunciado como una oficina temporal para la Jefatura del Gobierno regional a figurar en el mercado de subastas públicas en un intento por sofocar el escándalo político.
Más allá de la insólita fórmula de venta a ciegas, el expediente ha dejado al descubierto un denso entramado de preguntas sin respuesta sobre la génesis de la operación. La adquisición del inmueble, formalizada el 14 de abril por 6,3 millones de euros, ha permanecido oculta durante meses. La sociedad pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia que encabeza Miguel Ángel García Martín, omitió publicar la transacción en el portal de transparencia y no la recogió en sus cuentas anuales. Un análisis detallado de la agenda pública del organismo ha revelado que durante los meses de abril, mayo, junio y julio la actividad oficial de la entidad quedó en un inédito punto muerto, incorporándose solo de forma retrospectiva y mediante la sucinta anotación “Firma notaria” la cita correspondiente al día del otorgamiento de la escritura.
Las justificaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico han ido variando a medida que han ido trascendiendo los detalles de la operación. En un primer momento, el equipo de Díaz Ayuso argumentó que la vivienda actuaría como sede provisional de la Presidencia ante las inminentes obras de remodelación en la Real Casa de Correos. Sin embargo, dicha motivación chocó de inmediato con la legalidad urbanística, que prohíbe el uso administrativo y de oficinas en el inmueble, de carácter estrictamente residencial.
La posterior intervención del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado en abril las conversaciones informales en Sol sobre la necesidad de buscar un emplazamiento alternativo para la presidenta, coincidiendo en el tiempo con la firma ante notario. La utilización de la mercantil pública Planifica Madrid para canalizar la operación ha permitido al Gobierno regional eludir los controles administrativos previos, la fiscalización de la Intervención y la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno que exige el régimen patrimonial de la Administración directa. Ante la imposibilidad legal de destinar el piso a uso institucional, el Ejecutivo madrileño cambió de estrategia e inició la venta exprés justificando que la recaudación obtenida irá destinada a reparar los daños de los incendios forestales en la Sierra Oeste.
Las incongruencias del expediente han saltado definitivamente de la arena política al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, donde ya se investiga la causa tras las denuncias iniciales presentadas por tres particulares, el PSOE y el partido Iustitia Europa. Este martes, la izquierda madrileña ha dado un paso al frente de forma conjunta: tanto el PSOE-M como Más Madrid han confirmado la presentación de sendos escritos ante el Tribunal de Instancia para personarse como acusación popular en las Diligencias Previas.
En su escrito, los socialistas han señalado la existencia de claros “indicios de perjuicios económicos a los fondos públicos” y han sugerido que la precipitación en la reventa del inmueble no es sino una maniobra que delata posibles irregularidades en la compra de origen. Los senadores del PSOE, con la portavoz autonómica Mar Espinar y el secretario general del PSOE-M, Óscar López, a la cabeza, han calificado de “sonrojantes” las lagunas de transparencia y han apuntado a la sospecha de que la transacción buscase en realidad “dotar de una residencia personal” a la mandataria regional.
Por su parte, Más Madrid se ha adherido al proceso penal solo un día después de haber formalizado otra denuncia independiente ante el Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de caudales públicos. La formación ha tildado la compra de “opaca, vergonzosa” y ejecutada “sin sujeción alguna al procedimiento legalmente establecido”.
A las puertas de la sede judicial, ambas formaciones han situado en la diana a los responsables de Planifica Madrid y a los miembros de su Consejo de Administración, instando a la Justicia a aclarar si los altos cargos del Gobierno regional incurrieron en delitos de prevaricación y malversación al emplear 6,3 millones de euros de dinero público en una compra inaccesible que hoy el propio Ejecutivo trata de desprenderse a ciegas.
