La Fiscalía Europea investiga un presunto desvío de 27,9 millones de euros de empresas de hidrocarburos españolas a través de empresas pantalla portuguesas

La Fiscalía Europea ha recibido una información de Portugal que expone que Víctor de Aldama y otra serie de empresarios desviaron, presuntamente, entre 2022 y 2024 un total de 27,9 millones de euros procedentes de empresas de hidrocarburos con la finalidad de blanquear ese dinero a través de empresas pantalla radicadas en el país luso. La Fiscalía, encargada de velar por los fondos de la Unión Europea, ha irrumpido así en el caso hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional y ha enviado al juez Santiago Pedraz datos de las pesquisas que desplegó Portugal al detectar transferencias sospechosas.

En un decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía explica que a finales de junio la Delegación Española recibió detalles relevantes que sacaban a la luz que cuatro empresas dedicadas a operaciones de hidrocarburos en España ―Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000― habían estado durante meses enviando millones al sistema bancario portugués. Fue así como saltaron las alarmas en ese país y comenzaron una investigación por blanqueo de capitales, pues la sospecha era que las españolas del sector de combustible estaban utilizando empresas ficticias portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros sin la correspondiente declaración de IVA con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas retornaran a los empresarios. “El análisis de los flujos financieros” hace concluir que “un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles” utilizaron “empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por combustibles” y lograr así “la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España”, reflejan.

La Fiscalía Europea apunta que en el esquema de evasión fiscal aparece el propio Víctor de Aldama, así como los empresarios Nuno Miguel Santos, José Manuel Recio y Juan Catalán. El laberinto de mercantiles portuguesas que fueron, supuestamente, utilizadas para el blanqueo cuenta, por ejemplo, con una sociedad dedicada a la compraventa de bienes inmuebles (y administrada por una ciudadana brasileña con permiso de residencia de estudiante) que recibió pagos de Obaoil por valor de 10 millones de euros, pero que no los declaró. “No ha presentado facturas ante las autoridades fiscales, lo que indica que dichas cantidades no corresponden a actividad declarada o a operaciones reales”, refleja la fiscal. Otra compañía llamada Cálculo Corriente, y cuya actividad declarada era la fabricación de hormigón y el transporte, recibió entre marzo y septiembre de 2023 transferencias por valor de 5,9 millones de euros de Salamanca Fuel y Obaioil, mientras que solo declaró 3,1 millones, “además sin que su concepto correspondiese con el sector del combustible al que estaba dedicada la empresa que ordenaba las transferencias”.

El documento vincula a Aldama con la empresa Atmosferaudaz, fundada en agosto de 2022 con el propósito de ofrecer servicios de consultoría y la compra, venta y gestión de inmuebles, a pesar de que no figura como comprador de bienes en Portugal. Esta mercantil recibió un total de 7,4 millones de euros de empresas de hidrocarburos. Informes de la Guardia Civil incluidos en la Audiencia Nacional también incluían esta empresa como uno de los vehículos a través de los que el comisionista retornaba fondos a España con la compra de propiedades, por ejemplo, en Andalucía.

Del total de los 27,9 millones de euros que ha estado bajo el foco de las autoridades portuguesas, se ha esclarecido que al menos nueve millones fueron devueltos a cuentas bancarias españolas; otros tres millones se enviaron a Reino Unido (a través de brókeres de criptomonedas) y tres millones más se repartieron en cuentas de distintas jurisdicciones (Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etc.). Además, en Portugal se quedaron 13 millones de euros, de los cuales la Fiscalía lusa ha logrado incautar 11,8 millones.

Las autoridades de ese país llegaron a la conclusión de que el fraude fiscal fue cometido en suelo español y no en el suyo y, por tanto, decidieron que la investigación debía cambiar de manos. Por eso, pasaron la pelota a la Delegación Española de la Fiscalía Europea, que a principios de verano comenzó con la fase de verificación de la información. Ocurre que muchos de los nombres propios y de las empresas que Portugal mencionaba ya aparecían en la causa que sigue el juez Pedraz en la Audiencia Nacional desde 2024.