El Hotel Papá reúne buena parte de las comodidades que cualquier viajero podría exigir a un establecimiento de lujo en las afamadas Rías Bajas gallegas. Permanece abierto las 24 horas, dispone de chófer, ofrece bufé libre y presume de un régimen de «todo incluido», tal y como anuncia con orgullo uno de los carteles de cerámica colocado junto a su castigada puerta de aluminio. Tampoco puede uno quejarse de la ubicación: está en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), a escasos metros de la diminuta playa de O Conchido, a la que una pequeña rampa deja prácticamente pegada a la entrada. Y, naturalmente, si durante la estancia surgiera alguna reclamación, justo enfrente vive su administrador oficioso: Rafael Rivas Gey, veterano narcotraficante, líder del clan de Os Fanchos y con un largo historial delictivo a sus espaldas, incluido un secuestro.
Conviene admitir que la decoración quizá no esté a la altura de semejante carta de servicios. La acera aparece quebrada, las construcciones cargan ya con unos cuantos inviernos atlánticos y junto a la entrada se amontonan carretillas, sillas de plástico, motores de lancha y otros enseres sin demasiadas concesiones al interiorismo. A sus últimos huéspedes, sin embargo, poco parecía importarles. Este agosto acababan de llegar al Hotel Papá unos clientes capaces de salvar por sí solos cualquier temporada floja. Tras cruzar buena parte del Atlántico en un barco nodriza y hacer transbordo en alta mar en narcolancha, pensaban quedarse apenas unos días antes de continuar viaje hacia los Balcanes. No necesitaban cama ni desayuno y valían una fortuna. Eran 1.410 kilos de cocaína.
Fue precisamente en este destartalado cobertizo de «cinco estrellas» —que la familia presentaba como residencia habitual de Rafael y cuya peculiar decoración completan otros letreros como «Vendo a mi marido» o «Aquí vive el mejor padre del mundo»— donde la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, acabó poniéndole de nuevo las esposas al jefe de Os Fanchos el pasado sábado. Junto a él cayeron uno de sus hombres de confianza y un ciudadano que ejercía de «notario» de la droga, encargado de certificar ante los clanes de Europa del Este que la mercancía llegaba según lo pactado. Los tres acabaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Visto desde fuera, podría parecer el golpe llamado a echar por fin el cierre a uno de los clanes más persistentes del narcotráfico gallego. En la biografía de Rafael, sin embargo, apenas supone otra página de un expediente que, a estas alturas, empieza a necesitar índice y tapa dura.
«Desas cousas é mellor non falar, por si acaso», despacha un vecino de la localidad cuando este redactor pregunta por él. Se aleja unos pasos, se gira y añade: «Tú espérate a ver si esta vez dura». La frase tiene detrás más de veinte años de memoria local. Fuentes policiales presentan a Os Fanchos como un «clan de segunda fila» en la jerarquía del narco gallego, acostumbrado a prestar servicio a organizaciones mayores, pero «de una actividad casi incombustible».
Crónica ha podido seguir el rastro de Rafael al menos hasta abril de 2003, cuando, con apenas 22 años, fue detenido por desobediencia grave, insultos y amenazas de muerte a agentes de Policía junto a su padre, Rafael Rivas Souto —por entonces todavía al frente del clan— y otros dos familiares. Entre los cuatro acumulaban ya una veintena de antecedentes, pero cualquiera mínimamente familiarizado con la vieja historia del narcotráfico gallego puede adivinar el desenlace: al día siguiente de pisar el calabozo, todos estaban otra vez en casa.
De hecho, durante bastante tiempo, ésa fue la coreografía exacta de la familia: prisión, juzgado y de vuelta al pueblo. Se repitió tantas veces que la prensa local de la época acabó narrando sus andanzas con cierto aire de serial. «Una vez más Os Fanchos han vuelto a pisar el calabozo», comenzaba un artículo. «Otra vez [...] volvieron ayer a sus hogares», contaba otro. Hasta hubo sitio para titular con un «Nuevo patinazo de Os Fanchos».
A quienes convivían con ellos, naturalmente, la función les hacía bastante menos gracia. Según recogió entonces La Voz de Galicia, el propio alcalde popular de la localidad, Isaac Maceiras, harto de comprobar cómo las sucesivas detenciones apenas alteraban la situación, acabó recurriendo directamente a la Justicia con una larga carta en la que reunía las numerosas quejas de vecinos de A Ribeiriña, O Conchido y A Mercé por el auge de «robos, toxicómanos consumiendo en plena calle y jeringuillas abandonadas». En aquel escrito denunció además «un trasiego de drogas realizado de forma descarada» y reclamó medidas para impedir que Os Fanchos retomaran unas actividades ilícitas «a las que nos tienen acostumbrados».
EL SECUESTRO
Para su desgracia, el historial delictivo del clan no hizo sino crecer, sumando capítulos cada vez más siniestros. Apenas tres años después de aquella primera detención —tiempo más que suficiente para continuar acumulando antecedentes—, Rafael tenía 26 años cuando volvió a ser detenido, esta vez por el secuestro del empresario y antiguo concejal del PP en la Isla de Arousa, Román Santiago Allo, en un episodio que la Fiscalía acabaría situando en el terreno de los ajustes de cuentas por una supuesta deuda de 500.000 euros derivada de un transporte de droga que había salido mal.
La secuencia comenzó en una carretera de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que Román circulaba en su Peugeot 206 cuando otro vehículo, conducido por Rafael, se le atravesó delante y lo obligó a detenerse. Junto a él actuaban otros miembros de su familia y fue el propio Rafael quien le ordenó que abandonara su coche y subiera al suyo si no quería recibir un disparo. La víctima consiguió zafarse de aquel primer intento, pero la ventaja apenas le duró unos minutos. Volvieron a localizarlo, le cerraron de nuevo el paso y esta vez ya no hubo escapatoria: lo encañonaron y se lo llevaron hasta un monte cercano, donde las amenazas dejaron de ser sólo palabras y empezaron los golpes con una barra de hierro, las patadas y las descargas eléctricas.
Al comprobar que no podía entregarles la cantidad que reclamaban, lo obligaron a telefonear a Bruno, su hermano, para hacerlo acudir hasta allí. También él terminó en manos del grupo y sufrió golpes y nuevas descargas —algunas de ellas, según las informaciones publicadas después de la confesión de los acusados, aplicadas en los genitales— mientras la presión para conseguir el dinero iba adquiriendo formas cada vez más brutales. Acabaron dejándolo marchar con un único encargo: reunir el efectivo necesario para liberar a Román.
Finalmente consiguió reunir 12.000 euros, una suma muy alejada del medio millón que, según la tesis de la Fiscalía, reclamaban por aquel supuesto ajuste de cuentas, pero suficiente para dar el asunto por zanjado, no sin antes advertirle de las consecuencias que le esperaban a su familia si acudía a la Guardia Civil para confesar los hechos.
La Justicia tardó casi seis años en llegar y, cuando lo hizo, faltaba la víctima. Román había muerto en un accidente de tráfico, apenas unos meses después del secuestro, y su ausencia debilitó una causa ya castigada por las dilaciones. El juicio ni siquiera llegó a celebrarse completo. Rafael reconoció los hechos y pactó con la Fiscalía: los 19 años de prisión que pedían para él quedaron reducidos a cuatro años y un mes.
CASO DIANA QUER
Que el hijo estuviera entre rejas no significaba, ni mucho menos, que el negocio familiar hubiese bajado la persiana. En 2007, apenas un año después de aquel episodio, una nueva operación antidroga bautizada como Piñata volvió a sacar a Os Fanchos a la palestra. Al frente de aquella generación continuaba Rafael Rivas Souto, padre del actual líder, y la investigación vinculó a su entorno con algo más de 19 kilos de cocaína.
Hoy, cuando el Atlántico vomita alijos por toneladas, la cifra casi mueve a la ternura. Pero lo importante de Piñata no estaba tanto en el peso como en uno de los hombres que apareció alrededor de aquella mercancía. Tenía 31 años, vivía en Rianxo, era sobrino político de Rivas Souto y primo carnal de Rafael Rivas Gey, y fue sorprendido transportando dos de esos kilos de fariña. Fuera de la comarca apenas lo conocía nadie. Se llamaba José Enrique Abuín Gey. Una década después, toda España aprendería a reconocerlo por otro nombre: El Chicle, el asesino de Diana Quer.
Con los años, aquel episodio permitiría reconstruir también los primeros pasos de Abuín en el narcotráfico y poner rostro al círculo de personas que trabajaban alrededor de Os Fanchos. Antes de convertirse en uno de los criminales más conocidos del país, El Chicle había empezado haciendo de recadero en aquel pequeño universo de la ría.
El parentesco, sin embargo, aguantó hasta que hubo que sentarse ante la Justicia. Cuando le tocó explicar quién era el responsable de la mercancía, no dudó en quebrar una de las reglas sagradas de aquel mundo —no señalar hacia arriba—y apuntó directamente a su tío, al que identificó como la persona que le había encargado mover la droga y le había obligado a participar.
Abuín acabaría condenado por aquellos hechos a dos años y medio de prisión y 300.000 euros de multa, pero la consecuencia más duradera fue la ruptura con la familia. Años después, cuando ingresó en la prisión de Teixeiro tras ser detenido por el crimen de Diana Quer, volvió a coincidir entre rejas con su tío y el temor a posibles represalias terminó pesando en la decisión de Instituciones Penitenciarias de sacarlo de allí. Primero fue trasladado a A Lama, en Pontevedra, y, meses más tarde, acabó en Mansilla de las Mulas, en León, de nuevo por razones de seguridad.
«Que haya caído ahora el líder no significa que todo se acabe», advierte a Crónica Emilio Rodríguez, jefe del Greco en Galicia. La historia de Os Fanchos obliga a desconfiar de los puntos finales: entre la intervención de un alijo y una sentencia firme «pueden pasar años», margen suficiente para buscar relevo, recomponer la estructura o seguir dando órdenes a través de terceros.
