La ministra Sara Aagesen propone a la UE un impuesto permanente a petroleras y gasistas

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quiere que Europa apruebe un nuevo impuesto permanente a las empresas de gas y petróleo, así como gravar los viajes en avión prémium. Así se lo ha pedido al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, en una misiva fechada el pasado 2 de septiembre a la que ha tenido acceso EL MUNDO. La propuesta de la máxima responsable de política energética llega en plena carrera del Gobierno de Pedro Sánchez por contener el encarecimiento de la gasolina y el diésel, y a las puertas de un invierno que amenaza con disparar las facturas de todos los europeos a niveles inéditos desde la crisis de Ucrania.

La carta, adelantada este viernes por el Financial Times, va acompañada de un documento político más extenso. En ambos, Aagesen urge a la creación de un Marco Europeo de Resiliencia Climática reforzado, con mecanismos de financiación propios para hacer frente a los costes de reconstrucción ante desastres ambientales como los incendios que han arrasado España este verano.

El núcleo de la propuesta plantea introducir una tasa permanente sobre los beneficios de las petroleras y gasistas, que el Gobierno ya trató de implantar sin éxito a nivel nacional cuando Teresa Ribera lideraba el ministerio ecológico.

A diferencia de entonces, el Gobierno propone ahora lo que ha bautizado como un Gravamen de Resiliencia Climática Europea, cuya su recaudación no iría a parar a las arcas de los Estados miembros, sino que se conviertiría en un "nuevo recurso propio" de la UE. Además, Aagesen reclama nuevos gravámenes al transporte aéreo de lujo o prémium.

Este impulso desde España a la agenda verde europea se produce en un momento en que las petroleras del Viejo Continente han disparado sus beneficios y ensanchado de forma exponencial los márgenes de sus refinerías al calor del bloqueo en el estrecho de Ormuz. Pero también contrasta con los esfuerzos que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en su propio territorio para aplacar un nuevo golpe de la inflación al bolsillo de hogares y empresas, precisamente, derivado de la escalada internacional de los combustibles fósiles y la electricidad. Esta situación, sin precedentes desde la crisis de Ucrania de 2022, está tensando la economía doméstica.

Verano récord en las gasolineras

La progresiva retirada del escudo fiscal que Moncloa activó en marzo a raíz de la crisis de Ormuz desató este verano el salto de precios más violento registrado en dos décadas en una temporada estival. En el caso de la gasolina 95, para un conductor con un depósito medio (55 litros) repostar pasó de costar menos de 80 euros antes del verano a casi 93 a principios de agosto. El golpe fue peor para el diésel, pues llenar el depósito se encareció de 82,7 euros a casi 99.

Empujado por la inflación de julio, que repuntó más de un 15% interanual en el caso del diésel, Moncloa se vio obligada a activar la cláusula de urgencia del paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Es decir, a retomar una rebaja de 20 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos del diésel. Esta se empezó a activar a partir del pasado 1 de septiembre.

A excepción de unas primeras semanas, entre abril y mayo, en las que el alza de precios se comió el alivio fiscal, lo cierto es que el escudo del Gobierno ha logrado reducir en casi 10 euros el coste de llenar el depósito frente a antes del alivio. Eso sí, repostar sigue siendo hasta 17 euros más caro que hace un año, antes de que estallase la guerra en Oriente Medio. Y la amenaza de otra crisis de precios no se limita a las gasolineras.