La UCO ratifica las irregularidades en los cursos de formación de la Junta y apunta a la cúpula del SAE

La causa principal por el desvío de fondos en las subvenciones por los cursos de formación la abrió en 2014 la juez Mercedes Alaya y la archivó dos años después la juez María Núñez Bolaños, en 2016, tras no apreciar indicios de delito en la actuación de más de una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía. Pero, en 2019, la Audiencia de Sevilla atendió a un recurso del Partido Popular y ordenó la reapertura de la investigación. El actual titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, pidió en 2020 un nuevo informe al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los expedientes de las subvenciones analizadas. Ese nuevo atestado fue remitido al juzgado el pasado mes de marzo, casi 6 años después. En total la causa, que cuestiona la gestión de las políticas de formación para la empleo de la Junta entre 2009 y 2012, lleva 12 años de idas y venidas en los juzgados de Sevilla.

La investigación debía dilucidar si se había hecho vista gorda de forma consciente desde la Junta de Andalucía para que las empresas y consorcios beneficiarios de subvenciones pudieran recibir estos fondos públicos en sucesivas convocatorias sin necesidad de justificar el destino de otras ayudas recibidas anteriormente. En total, el montante supuestamente repartido sin control superaba los 900 millones de euros, lo que, de confirmarse, convertía éste en el mayor fraude investigado en Andalucía, por encima incluso del de los ERE, que puso el foco sobre el reparto arbitrario de fondos públicos por valor de 789 millones de euros.

Pero la investigación ha resultado una carrera de obstáculos y cada paso dado ha supuesto años de dilaciones. El último atestado de la Guardia Civil (adelantado la semana pasada por Abc) le llegó al juez el pasado mes de marzo, seis años después de que el magistrado Vilaplana reactivara la causa. En el mismo, la UCO se ratificaba en los indicios anteriormente apuntados para procesar a la cúpula del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tanto en los servicios centrales como en las delegaciones.

En ese informe, los inspectores de la Guardia Civil constatan la existencia de múltiples irregularidades y concluyen que se concedieron de forma sistemática subvenciones a diferentes entidades sin ajustarse a la normativa reguladora de estos procedimientos, y pese a que las entidades beneficiarias incumplían sistemáticamente la obligación de justificar el destino de los fondos. Para ello se habrían utilizado instrumentos como los "certificados de finalidad" y las "resoluciones de exceptuación" que en la práctica servían para evitar los procedimientos de fiscalización ordinarios. Con el "certificado de finalidad", que se realizaban a través de empresas auditoras contratadas por las beneficiarias, la Junta eludía su obligación de fiscalización y la realidad constatada por la Guardia Civil es que esos certificados no garantizaban realmente que se cumpliera con las condiciones exigidas.

Por otro lado, la Junta aprobó de forma masiva "resoluciones de exceptuación", que suponía exonerar a las entidades de la justificación de las ayudas, de manera que podían seguir recibiendo nuevas subvenciones por parte de la administración. Ese mecanismo de exoneración está previsto en la ley para situaciones muy concretas y de forma muy justificada pero la Junta aprobó exceptuaciones para cientos de ayudas a través de diferentes decretos y sin justificar adecuadamente cada caso como exige la ley.

De todo ello la Guardia Civil hace responsable a cuatro ex directores generales de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía, a nueve ex altos cargos del SAE y 11 jefes de servicio. Sobre su actuación, la UCO observa una "unidad de acción" entre los años 2009 y 2012. Esa dinámica impuesta en la gestión de las ayudas "no sería posible -dice el atestado- sin una actuación concertada y coordinada por parte de los responsables del SAE", apuntan los investigadores.

Troceamiento y vaciamiento de la causa

Una de las razones por la que esta pieza principal de la causa de los cursos de formación se ha ido descafeinando y vaciando de contenido fue el troceamiento de la misma que en su día realizó la juez Núñez Bolaños, que llegó a abrir hasta nueve piezas diferentes que se han ido investigando en paralelo, corriendo todas diferente suerte. Por ejemplo, derivada de esta investigación original se abrió causa separada por las ayudas a las empresas del empresario Ángel Ojeda (ya fallecido); las que recibió el grupo Pérez González; las de la Fundación Faffe; las de la familia del socialista Rafael Velasco; o las que se concedieron a los consorcios Formades o CIO Mijas.

En la pieza principal sólo quedó la investigación sobre la actuación de la cúpula de empleo en relación a los controles y justificación de las subvenciones.

La juez Núñez Bolaños descartó que hubiera indicios de la existencia de una "red clientelar" vinculada al PSOE acaparando las ayudas para los cursos o que los fondos millonarios se repartieran con criterios de "clientelismo político", y no vio "significativo" que hubiera "39 empresas que tienen alguna vinculación con el Partido Socialista" que habían recibido subvenciones, dado el enorme volumen de beneficiarios que en ese periodo recibieron fondos públicos para ese fin. Además, la Fiscalía Anticorrupción también pidió que se archivara el caso al apreciar "ineficacia" y "defectos administrativos" en la actuación de la Junta, pero no delitos.

Sobre la inspección "física" de los documentos y el programa Júpiter

Tras admitir los recursos y dictar la Audiencia de Sevilla la reapertura del caso, el juez Vilaplana -que sustituyó a Núñez Bolaños- volvió a pedirle a la Guardia Civil en 2020 que aclarara si durante su investigación se había limitado a consultar la base de datos de la Junta o si, por el contrario, había revisado directamente los expedientes físicos para averiguar si la documentación obraba correctamente en los mismos.

Las defensas sostenían que la documentación inexistente en los expedientes de las ayudas se podía haber perdido en el volcado de los datos a un nuevo programa informático de gestión, Júpiter, utilizado en la administración autonómica.

"Si de las diligencias por practicar resultara que efectivamente existen irregularidades en los expedientes que no son producto de una pérdida accidental de documentos o a una mala gestión informática; que se han concedido subvenciones a sujetos no aptos, que no se han realizado cursos; que no existía en la práctica control técnico-económico ni de los compromisos de contratación, que de los incumplimientos ha derivado quebranto económico para la administración; que la concesión y gestión de las subvenciones se hacía ad libitum e arbitrum, habría base para continuar el procedimiento por este delito -en referencia a la prevaricación-", afirmó en su escrito el juez.

En el último atestado remitido al juez Vilaplana, la Guardia Civil ha precisado que, aunque en sus informes previos se cita la información contenida en el sistema Júpiter, también se han inspeccionado los expedientes físicos y se ha utilizado asimismo la información contenida en las auditorías realizadas sobre esos mismos expedientes por parte de los interventores de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas e incluso la Unidad Especial de Colaboración con la Justicia de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

El juez Vilaplana deberá ahora resolver si el caso se archiva definitivamente o si procesa finalmente a una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía que llevan 12 años sometidos a los vaivenes de un proceso guadianesco. El magistrado deberá concluir la instrucción antes el próximo 7 de enero, fecha en la que tiene previsto su traslado a un juzgado de lo Penal de Córdoba.