La vivienda se mantiene, de lejos, como la principal preocupación de los catalanes, mientras el Govern busca fórmulas para salir de la encrucijada actual. Aumentar la oferta, agilizar los trámites de construcción y ampliar el parque de vivienda asequible son algunas de las recetas que plantean expertos y agentes del sector, en un debate que enfrenta visiones sobre el papel de la regulación.
El catedrático de la UPF José García Montalvo recuerda que el problema de la vivienda es estructural y, por tanto, las soluciones cortoplacistas no son suficientes. Para conseguir incrementar la oferta de alquiler social, el académico defiende establecer un sistema de incentivos para los promotores que permita construir a una escala y una velocidad suficientes. Una manera de hacerlo sería ofrecer suelo público a cambio de generar más viviendas con precios regulados a largo plazo. Iniciativas como el Pla 50.000 del ejecutivo de Salvador Illa para construir este número de pisos asequibles o la reconversión de oficinas a uso residencial también pueden aliviar el mercado.
El presidente de los promotores catalanes, Xavier Vilajoana, es más contundente en su balance de la normativa actual y pide, directamente, dar marcha atrás. “Hay que poner orden en todas las medidas que se han aprobado”, reclama. A su juicio, la mejor propuesta de la Generalitat en los últimos años ha sido el anteproyecto de ley para reducir la burocracia en los trámites urbanísticos. La iniciativa plantea una batería de modificaciones con el objetivo, entre otros, de reducir los plazos y conseguir que las licencias de obra se concedan en un mes, frente a los entre nueve y doce meses que tarda actualmente esta gestión. Sobre la reducción de la burocracia, García Montalvo también propone recurrir a nuevas tecnologías como el BIM ( Building Information Modeling , en sus siglas en inglés), una metodología digital que permite optimizar la construcción y reducir plazos y costes.
Tanto Vilajoana como Guifré Homedes, del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, avisan de la necesidad de aprobar de manera urgente la ley del Suelo estatal en el Congreso. Se trata de una reforma pendiente que pretende evitar que los planes urbanísticos puedan quedar anulados por errores formales o procedimentales menores. Aun así, sus detractores, como Podemos, critican que la norma podría abrir la puerta a avalar operaciones especulativas. “Las licencias tardan mucho, pero el problema está sobre todo en la generación de suelo. Un tema como este no puede ser una moneda de cambio política”, valora Homedes.
Para la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, la primera medida que debería aprobarse de manera inminente es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Además, propone avanzar hacia los contratos indefinidos, algo que ya han hecho otros lugares como Países Bajos. “Hace falta más estabilidad en los contratos”, exige Arcarazo. Del mismo modo, pide recuperar los inmuebles que han sido “secuestrados” por el mercado para usos que no son residenciales. “Antes de empezar a construir sin saber cuánta vivienda falta, hay que asegurar que el parque existente está a pleno rendimiento”, añade.
Pero para que cualquiera de estas soluciones llegue a buen puerto, recuerda Homedes, será esencial otro elemento: el consenso. “Vamos aplicando medidas e intervenimos todos, pero tenemos que sentarnos, ponernos de acuerdo y que cada uno renuncie a algo, o no saldremos nunca de esta”, sentencia. De hecho, a raíz del freno a la ley de compra especulativa, Foment del Treball y portavoces del sector han pedido abrir el diálogo para consensuar los pasos a seguir para hacer frente a la crisis.
