Una de las mayores y más polémicas medidas de política económica del Gobierno de Pedro Sánchez no responde a la filosofía de los únicos dos ministros de Economía con que ha contado en sus ocho años en el poder. En la Comisión Europea aún se utiliza como referencia el trabajo que hizo en su época de técnico en Bruselas el actual vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Es el documento titulado La regulación del mercado de alquiler en la Unión Europea que escribió en 2014 junto a Peter Pontuch y Sona Kalantaryan.
Allí, el actual vicepresidente escribió: "El control de los alquileres parece tener un impacto significativamente desestabilizador en el mercado de la vivienda en su conjunto, ya que aumenta la volatilidad de los precios de la vivienda cuando se enfrenta a distintos tipos de shocks como por ejemplo, cambios en la población, en la renta disponible, en la inversión residencial y en los tipos de interés a largo plazo". Su trabajo figura en la bibliografía del informe de 2025 de la Comisión Europea contrario a imponer controles, como publicó este diario el pasado año.
El entonces más joven Cuerpo analizó también la reforma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy de 2013 y destacó este punto: "Según la nueva ley, los inquilinos que incurran en retrasos en el pago del alquiler pueden ser desalojados en un plazo de diez días desde la presentación de la demanda. Hasta ahora, el propietario tenía que acudir a los tribunales y obtener primero una sentencia sobre las rentas impagadas, que posteriormente podía dar lugar al desalojo. Por su parte, el inquilino tenía la posibilidad de pagar en el último momento y enervar la ejecución del desahucio".
En su opinión, con aquella reforma del PP, "la legislación española se ha vuelto efectivamente más flexible en lo que respecta a la fijación de los alquileres y más neutral a la hora de establecer los incentivos entre propietarios e inquilinos". Contrasta con las críticas del actual Gobierno a esa misma medida de Rajoy, por considerar que desprotegía al inquilino al rebajar los años de contrato de alquiler y facilitar desahucios.
También la antecesora de Cuerpo, la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, se mostró muy crítica, incluso en público, con la presión de los ministros de Podemos cuando ella era ministra. "Regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás", declaró en 2021. Y, preguntada por poner topes a los alquileres, Calviño declaró esto en febrero de 2023: "Los ciudadanos no quieren que demos mensajes que son fáciles y que en un momento dado pueden ser atractivos, pero que no resuelven los problemas".
En su libro de memorias, Más de 2.000 días en el Gobierno, Calviño despejó el pasado año toda duda. No era partidaria de intervenir los precios ni siquiera en marzo de 2020 cuando estalló la pandemia y relata así su choque con el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias: "Él empezó fuerte: 'Te voy a decir lo que tienes que hacer para que el Real Decreto Ley pase: además de congelar el pago de los créditos hipotecarios, hay que congelar el pago de todos los alquileres del país'. Le dije que no podíamos hacerlo sin evaluar con cuidado el impacto que podría tener, muy significativo, sobre todos los propietarios de viviendas, muchos de ellos personas de clase media. No me dejó terminar mi razonamiento y repitió que solo saldría bajo sus condiciones. Me amenazó con hablar con el presidente, entonces le dije: 'Tú mismo...', y así terminó la conversación. El Real Decreto Ley salió adelante".
Sí, salió adelante como quería Iglesias en nueva muestra que Sánchez ha respaldado a sus socios de Podemos o Sumar por conveniencia política frente a sus responsables económicos. No cuadra que a Cuerpo le entusiasmen los decretos de Vivienda, pero se han aprobado dos veces, pese a que el sector y expertos reconocidos consideran que incluyen medidas contraproducentes.
