Los españoles merecen un gobierno que no mienta: la verdad sobre Ceuta y el 11-M

Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad”. La frase fue pronunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba el 13 de marzo del 2004, en vísperas de las elecciones generales que encumbrarían a José Luís Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno. De fondo, el empeño del entonces todavía presidente, José María Aznar, por seguir atribuyendo a ETA los atentados del 11-M acaecidos dos días antes. Para entonces, la investigación apuntaba claramente que la carnicería humana llevaba el sello del islamismo radical. El PP estiró el chicle de ETA todo lo que pudo, convencido de que podía perder las elecciones si se afianzaba la tesis islamista. Pero la goma de mascar se rompió y se cumplió su profecía. Así se escribió esa historia.

Veintidós años después, la sentencia del desaparecido dirigente socialista sigue teniendo validez. También sobre la violación de la integridad territorial de España acaecida en Ceuta merecen los españoles la verdad. Pero lo que crece a diario es la sospecha, cuando no la convicción, de que la versión oficial mantenida contra el viento y marea de las pruebas y los hechos pivota sobre un embuste consciente. También, como hace más de dos décadas, se advierte un miedo paralizante en el Ejecutivo provocado por el propio convencimiento de que la verdad desnuda le provocará un daño político de mayor enjundia que la versión que defiende.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), integrado dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ha remitido a la Audiencia Nacional puede hacer añicos la narrativa gubernamental. No solo la inteligencia policial avisó de lo que se venía encima con anterioridad, sino que además apunta al régimen marroquí como responsable. Así pues, mientras Sánchez defendía en su entrevista de reaparición en la cadena Ser que la culpa era de la internacional ultraderechista, Israel, Rusia y las mafias, en la Audiencia Nacional se recibían documentos que menoscaban esas afirmaciones en favor de una indudable atribución al gobierno marroquí. Mientras el presidente comprometía su palabra afirmando que no existían avisos previos sobre lo que podía suceder, el mismo informe remitido a la jueza María Tardón recogía una nota de la inteligencia policial del día 29 de julio que a ponía negro sobre blanco el riesgo cierto de invasión.

Una demolición. Una carga de explosivo en los débiles cimientos de la cháchara presidencial y ministerial del último mes que queda reducida a polvo y cascotes. La comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso, que debía dar continuidad y reforzar sus explicaciones radiofónicas, se producirá con el depósito de la credibilidad y la de su Gobierno casi vacío.

La única manera de salir del aprieto es alegar desconocimiento y seguir negando. Esa es la estrategia que ha puesto en marcha el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una carta dirigida al también político Francisco Pardo, director general de la Policía. La respuesta ha sido de lo más rápida. Erre que erre pese a las evidencias: no hubo avisos y de Marruecos, nada de nada.

El férreo control ministerial impuesto en el funcionamiento de toda la primera línea de mando de la Policía Nacional desde hace tiempo impide dar mucha credibilidad al alegato de ignorancia con el que el aparato de Interior pretende blindarse a sí mismo y al presidente. La trinchera de desconocimiento del ministro y de la secretaria de Estado de Seguridad es complicada de defender, dados los protocolos de comunicación con los que trabajan las distintas unidades policiales, incluyendo Cenif. Pero permite a las fuentes gubernamentales, eso sí, hacer circular por lo bajini la idea de una nueva conspiración, ahora de la Policía Nacional, contra el Gobierno. También en el 11-M sucedieron cosas similares.

Las notas a las que ya hemos tenido acceso impiden defender la idea de que no hubo avisos previos y que Marruecos estaba al margen del ataque híbrido padecido. La versión gubernamental se ha diluido ya como un azucarillo. Harán bien en recordarse a sí mismos en la Moncloa, la prescripción de su malogrado compañero de siglas: los españoles merecen un gobierno que no mienta. Con independencia del color de sus siglas, añadimos nosotros.