
El informe policial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio reconoce que es imposible determinar un número exacto de extranjeros irregulares que permanecen más de un mes después debido a que muchos permanecen ocultos en casas de familiares, refugios improvisados o alquileres clandestinos, pese a estimaciones de entre 5.000 y 10.000 personas.
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El informe policial fue entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y tuvo acceso 20minutos. Analiza la situación tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, cuando se detectaron mensajes en redes sociales que aconsejaban cómo evitar la expulsión y permanecer en la ciudad autónoma.
El informe policial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del pasado julio reconoce que es imposible determinar un número exacto de extranjeros irregulares que permanecen en la ciudad autónoma más de un mes después porque no se puede cuantificar a los que siguen "ocultos", unos alojados en casas de familiares o conocidos y otros en "refugios improvisados en alquiler clandestino que han proliferado", como garajes, coches o almacenes abandonados.
Así lo explica el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional en el informe entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, al que ha tenido acceso 20minutos, en el cual los agentes constatan que a partir del 30 de julio se intercalaron mensajes en las redes de personas que ya habían entrado en Ceuta en los que difundían "consejos para evitar la expulsión y mantenerse en la ciudad autónoma".
"Hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles" o "El que sabe lo que es esto no se deja devolver, se esconde en una alcantarilla o donde sea" son dos de algunos de los mensajes que se detectaron a partir del 30 de julio para eludir la captura por parte de las autoridades españolas y la posible devolución a Marruecos.
Aunque los investigadores estiman que pueden permanecer en Ceuta entre 5.000 y 10.000 inmigrantes relacionados con la entrada masiva de finales de julio, según la extensión y población cuantificada en los campamentos establecidos y las identificaciones realizadas por la Policía, también reconocen que la cifra "no puede cuantificarse de forma fiable debido a que no es posible conocer el número de inmigrantes que permanecen ocultos".
El informe habla de casas de familiares o conocidos, pero también lo que denominan "refugios improvisados" en "alquiler clandestino que han proliferado", como "garajes, coches, locales comerciales o almacenes semi-abandonados, etc." para su "alojamiento en precario" o el "traslado a la Península en embarcaciones, realizando un aprovechamiento oportunista para obtención de beneficios económicos ilícitos".
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Las autoridades españolas intensificarán los controles en Ceuta para localizar a inmigrantes ocultos en refugios improvisados y alquileres clandestinos.
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Casi 880 kilómetros separan la Plaza de San Marcelo (León) de la Plaza de los Reyes de Ceuta. En ambos sitios ayer, al filo del atardecer, los vecinos se concentraron en apoyo a Ceuta. Sus consistorios se habían hecho eco, como tantos otros por toda la geografía española, de una cita que el PSOE había tildado de "partidista" y cuyo seguimiento desalentó. Lo hizo, sin embargo, en vano: ayuntamientos de todos los signos -en León el alcalde es socialista- y vecinos de todas las afinidades políticas salieron ayer a la calle "por Ceuta", haciendo transversal un clamor que aísla al Gobierno. Miles se manifestaron en Ceuta -diputados del PSOE incluidos- y entre 50.000 y 150.000 en Madrid, que unió a la derecha como hacía casi tres años que no sucedía. Alcaldes socialistas de todos los rincones de la Península, de Gandía (Valencia) a Mérida, convocaron en las calles esquivando el veto de Ferraz. Y otros dirigentes del PSOE, como el barón menos alineado con la dirección nacional, Emiliano García-Page, encontraron la manera de manifestar su apoyo sin incumplir la instrucción de no secundar las concentraciones -el castellanomanchego lo hizo con un vídeo-. Hasta Bruselas llegó el gesto hacia Ceuta ante el que el Gobierno se limitó a trasladar su "máximo respeto". Ante el mensaje unánime que inundó ayer las calles y las redes, incluso el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, publicó un vídeo de apoyo al pueblo ceutí en el que decía "hacerse cargo de que, para muchos" vecinos, "hasta que no se recupere la normalidad la respuesta del Estado es insuficiente". De ello dieron cuenta los abucheos y gritos de "dimisión" que se escucharon en el acto institucional por el Día de Ceuta que se celebró por la mañana en la ciudad, y que iban dirigidos al delegado del Gobierno y los ministros allí desplazados. Tanto Moncloa y Ferraz como las federaciones socialistas han evitado durante toda la semana censurar a los alcaldes socialistas que sí secundaron el clamor por Ceuta -más allá del calificativo de "versos libres" que les concedió la portavoz del PSOE-, conscientes de que la transversalidad del gesto por Ceuta desbordaba cualquier intento de desmovilizarlo. El PP contó 1.996 concentraciones en España, 72 de ellas en ayuntamientos socialistas. Una marea que recorrió el país de arriba a abajo en un momento político clave: a las puertas de un año electoral que someterá a examen no solo a Sánchez, sino también a los alcaldes de su partido. Un matiz que da aún más simbolismo al gesto de aquellos ediles que se desmarcaron de la pauta dictada por Ferraz. "Yo me he querido concentrar porque creo que es lo mejor que podemos hacer, sin ningún enfrentamiento y con pleno apoyo al pueblo de Ceuta. Mi criterio es propio y creo que lo he demostrado siempre, también en esta ocasión, sin enfrentar y sin dividir", justificó el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que salió a la calle por la mañana, alejándose de la convocatoria oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que los socialistas ven "partidista". Lo mismo hizo el alcalde de Mérida (PSOE), Antonio Rodríguez Osuna, cuyo ayuntamiento reclamó al Gobierno "la defensa de la soberanía territorial de Ceuta". A las 20.00 horas salió a la calle el edil socialista de León, José Antonio Diez, sin que su crítica a la convocatoria de la FEMP impidiera que secundara el clamor unánime que a esa hora recorrió España en respaldo a Ceuta. Eso sí, también los gritos de "Sánchez dimisión" fueron tónica en muchas ciudades, de Sevilla a Murcia. "Queremos votar", se coreó en Cibeles. "¡Ceuta no se vende!". "España se defiende". Banderas nacionales e himno. "España, unida, jamás será vencida". Era lo que se decía, veía y escuchaba al unísono por todos los rincones del país. Y en la ciudad autónoma los manifestantes, vía carteles, respondían: "De Ceuta a España: gracias". Geográficamente, y también ideológicamente, el país no era testigo de una marea tan amplia desde las movilizaciones contra la amnistía que se produjeron al inicio de la legislatura. Y no solo porque a las concentraciones de ayer se sumaran políticos y ciudadanos de la izquierda -hubo también, eso sí, protestas "contra el racismo" en Madrid, Cataluña y País Vasco-, sino porque también estas sirvieron para unir al más alto nivel a la oposición como no sucedía desde entonces.
Veintidós años después, la sentencia del desaparecido dirigente socialista sigue teniendo validez. También sobre la violación de la integridad territorial de España acaecida en Ceuta merecen los españoles la verdad. Pero lo que crece a diario es la sospecha, cuando no la convicción, de que la versión oficial mantenida contra el viento y marea de las pruebas y los hechos pivota sobre un embuste consciente. También, como hace más de dos décadas, se advierte un miedo paralizante en el Ejecutivo provocado por el propio convencimiento de que la verdad desnuda le provocará un daño político de mayor enjundia que la versión que defiende. El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), integrado dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ha remitido a la Audiencia Nacional puede hacer añicos la narrativa gubernamental. No solo la inteligencia policial avisó de lo que se venía encima con anterioridad, sino que además apunta al régimen marroquí como responsable. Así pues, mientras Sánchez defendía en su entrevista de reaparición en la cadena Ser que la culpa era de la internacional ultraderechista, Israel, Rusia y las mafias, en la Audiencia Nacional se recibían documentos que menoscaban esas afirmaciones en favor de una indudable atribución al gobierno marroquí. Mientras el presidente comprometía su palabra afirmando que no existían avisos previos sobre lo que podía suceder, el mismo informe remitido a la jueza María Tardón recogía una nota de la inteligencia policial del día 29 de julio que a ponía negro sobre blanco el riesgo cierto de invasión. Una demolición. Una carga de explosivo en los débiles cimientos de la cháchara presidencial y ministerial del último mes que queda reducida a polvo y cascotes. La comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso, que debía dar continuidad y reforzar sus explicaciones radiofónicas, se producirá con el depósito de la credibilidad y la de su Gobierno casi vacío. La única manera de salir del aprieto es alegar desconocimiento y seguir negando. Esa es la estrategia que ha puesto en marcha el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una carta dirigida al también político Francisco Pardo, director general de la Policía. La respuesta ha sido de lo más rápida. Erre que erre pese a las evidencias: no hubo avisos y de Marruecos, nada de nada. El férreo control ministerial impuesto en el funcionamiento de toda la primera línea de mando de la Policía Nacional desde hace tiempo impide dar mucha credibilidad al alegato de ignorancia con el que el aparato de Interior pretende blindarse a sí mismo y al presidente. La trinchera de desconocimiento del ministro y de la secretaria de Estado de Seguridad es complicada de defender, dados los protocolos de comunicación con los que trabajan las distintas unidades policiales, incluyendo Cenif. Pero permite a las fuentes gubernamentales, eso sí, hacer circular por lo bajini la idea de una nueva conspiración, ahora de la Policía Nacional, contra el Gobierno. También en el 11-M sucedieron cosas similares. Las notas a las que ya hemos tenido acceso impiden defender la idea de que no hubo avisos previos y que Marruecos estaba al margen del ataque híbrido padecido. La versión gubernamental se ha diluido ya como un azucarillo. Harán bien en recordarse a sí mismos en la Moncloa, la prescripción de su malogrado compañero de siglas: los españoles merecen un gobierno que no mienta. Con independencia del color de sus siglas, añadimos nosotros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta tras un informe policial que señala a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos como organizadores de una entrada masiva planificada. Sus socios y la oposición exigen explicaciones, mientras el PP pide convocar a la embajadora marroquí.
Más de un mes después de la avalancha migratoria en Ceuta el 30 de julio, el Gobierno español no ha ofrecido una explicación convincente sobre sus causas, enfrentando versiones contradictorias entre ministros y un informe policial que apunta a Marruecos sin pruebas concluyentes, lo que erosiona su credibilidad y complica la gestión fronteriza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, tras un informe policial que señala a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos como organizadores de la entrada masiva de personas los días 30 y 31 de julio.

Un informe policial al que ha tenido acceso 20minutos concluye que ni mafias ni organizaciones criminales estuvieron detrás de la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, pese a las acusaciones del Gobierno, y señala que el conocimiento de las redes de tráfico de personas en la zona es alto pero insuficiente para organizar un movimiento de esas dimensiones.