La crisis de Ceuta avanza marcada por la ausencia de una explicación convincente a lo que ocurrió el día 30 de julio. Cuando no se dispone de un diagnóstico claro sobre las causas, difícilmente se puede ser efectivo en la solución y mucho menos prevenir que no vuelva a ocurrir. Más de un mes después, el Gobierno no ha aportado un relato convincente sobre el origen de la avalancha de migrantes. Podría alegar que quizá sea imposible conocer quiénes están detrás del asalto a la frontera, pero el problema es que el Ejecutivo ha emitido versiones diferentes y contradictorias. Cuando eso ocurre en la gestión de una crisis, el desastre es evidente.
El primer síntoma de discrepancias entre versiones fue el choque entre los ministros de Defensa e Interior. Margarita Robles defendiendo que el CNI avisó y Fernando Grande-Marlaska y el resto del Gabinete sosteniendo lo contrario. La reputación de los servicios secretos se ha puesto así en entredicho. El centro de inteligencia mantiene que no solo se advirtió del incremento de llegadas de migrantes a nado en las semanas anteriores vinculadas a una interpretación torticera de una sentencia del Tribunal Supremo, sino que se avisó de que se preparaba una entrada masiva para el 30 de julio, festividad del trono en Marruecos. Incluso de que el potencial de la avalancha podía alcanzar las 180.000 personas (fueron más de 70.000). Hay que tener en cuenta que los informes del CNI se remiten a la ministra de Defensa y a la presidencia del Gobierno. Una ristra de ministros salvo Robles e incluso el propio Sánchez admitieron que supieron de un incremento de las entradas irregulares, pero perfectamente atribuibles a los incrementos migratorios de la zona en verano. La Moncloa negó haber contado con ninguna información que permitiera atisbar semejante avalancha. De hecho, algunas fuentes en privado cuestionan la eficacia del CNI en este asunto. Para el Gobierno, cualquiera de las explicaciones es perjudicial: si el presidente o un ministro fueron informados, ¿por qué no respondieron con rapidez?; si no lo fueron, ¿acaso España no dispone de servicios de inteligencia que detecten el movimiento de miles de personas al otro lado de una frontera tan sensible como la de Ceuta?
A esa confusión se ha sumado esta semana otra de igual calibre. El Español publicó que la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo ocurrido, recibió el lunes pasado un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una especie de servicios de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional, que apuntaba a Rabat. En ese documento, decía el digital, se apuntaría a gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano que habría guiado a los migrantes para colapsar la frontera española. El ministro del Interior volvía a estar en el punto de mira: ¿no sabía nada o lo ocultó? Lo cierto es que la magistrada “dio órdenes” a los responsables policiales de que no informaran a sus superiores del contenido del informe, pero éste finalmente salió a la luz ayer.
Se trata de un dossier elaborado a posteriori, a partir de las imágenes captadas del asalto. De la lectura del documento se deduce que los policías que lo han escrito sospechan de Marruecos, incluso acusan a gendarmes y militares de ese país de facilitar la entrada en Ceuta y vienen a decir que todo estaba tan planificado y organizado, que se necesitaba tal nivel de coordinación y de disponibilidad de herramientas digitales que no es creíble que lo hubieran montado solo las mafias que se forran con el tráfico de personas. Es más, describe otros precedentes, como los de 2021 y 2024 como ensayos del actual. Incluso concluye que el despliegue marroquí del 15 de agosto para frenar un supuesto segundo intento de avalancha fue un montaje organizado para “blanquear la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. En definitiva, blanco y en botella. O sea, a buen entendedor... Marruecos estuvo detrás de todo. Pero el informe no saca esa conclusión tan directa y explícita. Reconoce que todo ese relato son factores que hacen sospechar, pero admite que “la autoría intelectual y directiva” es “difusa” y “difícil de determinar”.
A eso se agarra el Gobierno para insistir en que no existen pruebas de que Marruecos instigara y organizara la “invasión” de territorio español con fines políticos, que solo pueden ser la reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla, así como recordar a la Moncloa (y a Europa) la capacidad de presión de ese país. El propio Sánchez dijo el lunes en la SER que sin pruebas no podía lanzar una acusación directa. Pero la presión del PP es cada vez mayor, incluso más que la de Vox (Marruecos se ha convertido en un aliado preferente de Trump). El PP muestra así a un presidente débil, rehén del régimen de Marruecos y desliza una vinculación con el espionaje del móvil del presidente mediante el programa Pegasus.
Conocer el papel de Marruecos en esta crisis es esencial. Sin la cooperación de ese país difícilmente se puede regular el flujo de la frontera, sobre todo si no se quiere asumir desde las fuerzas de seguridad españolas la mala imagen de repeler las entradas de forma violenta. Pero no se puede olvidar que, para Rabat, la aspiración territorial sobre Ceuta y Melilla está plenamente vigente. Es un equilibrio difícil, pero el Gobierno se ha metido en un baile de versiones que erosiona su credibilidad, un problema peor incluso que la falta de reflejos a la hora de gestionar las soluciones.
