Policía Nacional cuestiona la versión del Gobierno sobre la crisis migratoria de Ceuta y señala responsabilidad marroquí

La comparecencia de hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados, para dar cuenta de la crisis de Ceuta, sin duda estará marcada por los últimos acontecimientos, en particular, la versión ofrecida por la Policía Nacional en un informe con el que se cuestiona el grado de conocimiento del Ejecutivo central ante un asalto masivo a la frontera con Marruecos, y la participación de las autoridades marroquíes a la hora de permitir o incluso impulsar la avalancha migratoria.

La Policía Nacional ha abierto una brecha en el relato del Gobierno que exonera a Marruecos de cualquier implicación en la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El informe entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón supone dos confrontaciones con el Ejecutivo. Primero, el papel de las fuerzas de seguridad marroquíes a la hora de permitir el acceso de más de 70.000 personas en dos días a Ceuta y la existencia de alertas previas sobre los riesgos que se que produjera efectivamente esta entrada. De hecho, la policía califica los sucesos como una “violación masiva de la soberanía territorial de España”.

Este informe ha provocado otro tsunami dentro del Ejecutivo que acabó con el envío de una carta por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director general de la policía, Francisco Pardo, pidiéndole explicaciones sobre el contenido del informe.

Tras varias horas de tensión, Pardo aclaró al titular de Interior que existía una orden expresa de su antigua compañera de la Audiencia Nacional de que los agentes no informaran a sus superiores del contenido del informe. Sin embargo, tras su entrega esta orden fue levantada y el máximo responsable político de la policía intentó frenar esta crisis, aclarando que el dossier en ningún momento señala la autoría de Marruecos ni a “ningún gobierno, servicio o persona”, ni la responsabilidad intelectual del asalto.

El informe no señala a nadie concreto, pero sí habla de una operación coordinada y planificada, y recoge la actitud “casi activa” de la policía marroquí, para dar la orden de que la frontera estuviera con menos presencial policial y de la práctica colaboración de los gendarmes para ayudar a la gente a salir y cruzar la frontera. Además, desliza que ya ha habido otros ataques similares, en el 2021 y en el 2024, y en esa ocasión desde Marruecos sí se reconoció la autoría.

Lo que sí rechaza es que tras los sucesos estuvieran organizaciones criminales, aunque estas pudieran aprovecharse del cruce masivo y deja la puerta abierta a la magistrada a acotar la autoría, si finalmente ésta decide asumir la competencia e iniciar una investigación formal.

El informe concluye que la finalidad migratoria fue solo “la cobertura formal” para fomentar, impulsar y dirigir una avalancha de personas a la frontera de Ceuta. La entrada masiva respondió a una “configuración táctica” que buscó, en primer lugar, “colapsar el sistema de gestión fronteriza” en el espigón del Tarajal con inmigrantes cruzando a nado, para luego provocar la “apertura de puertas” en la frontera por la falta de capacidad de respuesta de España, haciendo que los irregulares cruzasen a pie.

Todo ello, ante la “total permisividad” de los gendarmes marroquíes, que no realizaron “ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar” a la masa de personas del perímetro fronterizo. Todo lo contrario, algunos agentes participaron “guiando” el cruce a través del agua y les derivaban hacia la playa.

Para el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que rubrica el informe de 55 páginas, el cruce del pasado 30 y 31 de julio no fue “algo accidental”, cuya generación pueda asociarse a un factor “ocasional o espontáneo”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en sede parlamentaria, aseguró que informes militares apuntaban a que el asalto se fundó en una “autogestión de individuos atraídos espontáneamente” al perímetro fronterizo por “cuestiones de oportunidad”.

Otra de las crisis abiertas en el seno del Gobierno fue sobre le hecho de si existieron alertas previas sobre una posible entrada masiva. Grande-Marlaska lo negó, aunque fuentes de Defensa sí defendieron que el CNI alertó. Ahora la Policía habla de hasta 9 alertas, la primera de ellas el día 29 de julio, 24 horas antes de iniciarse el asalto.

Explica que éstas se emitieron por parte del CENIF ante la confluencia de varios factores, principalmente la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre el acceso a Ceuta a nado; la difusión masiva de mensajes a través de redes sociales sobre la permisibilidad de entrada por parte de España; y la celebración de los actos oficiales del Día del Trono.

Todo ello llevó a alertas desde el día 29 de julio a los puestos fronterizos ante un riesgo de entrada masiva desde Ceuta de migrantes desde Marruecos. Además, el informe destaca la “total pasividad” de las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera y cómo hubo una reducción efectiva de agentes aquellos días, lo que conduce a una participación “casi activa” de éstos.

Tardón todavía tiene pendiente de recibir el informe del Servicio de Información de la Guardia Civil requerido y que la Fiscalía informe al respecto. En este punto se prevé otra posible crisis, si la fiscal general del Estado da alguna orden contraria a la postura del fiscal designado sobre cómo proceder.