Antes de sentarse frente a un ordenador para comenzar a estafar a desconocidos, el aspirante debía superar una última prueba: el polígrafo. Los responsables de aquella oficina clandestina de Turquía querían asegurarse de que el nuevo empleado no mantenía vínculos con la policía ni pretendía delatar el negocio. Si superaba el examen, comenzaba un breve periodo de formación. Le enseñaban a mentir, a manipular a sus víctimas y a convencerlas de que transfirieran sus ahorros. Después llegaba la rutina de cualquier empresa: fichar, ocupar una mesa, cumplir objetivos y ganar dinero. La diferencia era que al otro lado del teléfono había personas a las que estaban arruinando.
La historia la relata a Crónica un inspector de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que ha seguido las investigaciones sobre estas organizaciones criminales. Su testimonio abre una ventana a una realidad poco conocida: las fábricas de estafas que operan desde Turquía, Ucrania y los Balcanes, donde las autoridades españolas han constatado la presencia de compatriotas reclutados como teleoperadores para participar en un negocio que mueve millones de euros.
"Tenemos constatada la presencia de ciudadanos españoles que han sido captados como teleoperadores", explica el investigador. Algunos llegan engañados por anuncios de empleo. Otros conocen parcialmente la actividad a la que van a dedicarse. El inspector recuerda el caso de una fuente policial que fue reclutada mediante el boca a boca. "Estas personas sí sabían un poco a lo que iban". Una semana después, aquel trabajador abandonó el centro. "Se volvió por remordimiento de conciencia", recuerda. No estaba retenido ni le habían confiscado el pasaporte. Simplemente no soportó seguir estafando.
Es una diferencia importante respecto a los complejos criminales del Sudeste Asiático, especialmente los instalados en las fronteras de Birmania, Laos y Camboya, donde miles de personas han terminado sometidas a redes de trata para cometer fraudes digitales. En los centros europeos investigados por la Policía española, las condiciones se aproximan más a las de una empresa clandestina. "Buen ambiente de trabajo", resume el inspector al describir el caso turco. Había incentivos económicos, pero no castigos físicos por incumplir objetivos. La comparación no significa que todas las organizaciones europeas funcionen igual ni que estén libres de explotación.
El modelo reproduce la organización de las grandes compañías comerciales. Un responsable proporciona el edificio y la infraestructura tecnológica. Debajo aparecen equipos de teleoperadores divididos por mercados geográficos. Cada mesa tiene un jefe que controla su actividad y aspira a obtener suficientes beneficios para independizarse y montar otra oficina. "Eran como franquicias", explica el policía. Los empleados trabajan con identidades falsas, discursos preparados y datos personales de sus objetivos. Algunos centros permanecen abiertos poco tiempo antes de trasladarse a otra ubicación.
La dimensión de esta industria quedó al descubierto en marzo de 2025 gracias a Scam Empire, una investigación del consorcio periodístico OCCRP y más de 30 medios internacionales. Una filtración de 1,9 terabytes de información interna, que incluía miles de grabaciones, conversaciones y documentos empresariales, permitió reconstruir el funcionamiento de dos redes asentadas en Georgia, Israel y varios países europeos.
Entre 2021 y 2025, según los periodos investigados para cada organización, habían recibido al menos 275 millones de dólares de más de 32.000 personas. España figuraba entre los principales mercados de una de las redes. En las oficinas de Tiflis, los agentes encargados de llamar a españoles utilizaban nombres ficticios como "Esteban Fernández".
Comisiones del 7% por cada fraude
Las operaciones policiales posteriores han confirmado que no se trata de episodios aislados. En diciembre de 2025, una investigación coordinada por Eurojust permitió actuar contra centros de estafas situados en Kiev, Dnipró e Ivano-Frankivsk, en Ucrania. La organización empleaba alrededor de un centenar de personas reclutadas en distintos países europeos. Había más de 400 víctimas identificadas y pérdidas superiores a diez millones de euros. Los operadores cobraban comisiones de hasta el 7% por cada fraude consumado. Los delincuentes se hacían pasar por policías o empleados bancarios y aseguraban a sus víctimas que sus cuentas habían sido comprometidas.
En abril de 2026, otra operación internacional desmanteló tres centros en Tirana, Albania. Los agentes incautaron 443 ordenadores y 238 teléfonos móviles. Las pérdidas estimadas superaban los 50 millones de euros. Los empleados cobraban unos 800 euros mensuales, además de comisiones, y estaban organizados en equipos de seis a ocho personas según el idioma de sus víctimas, incluido el español.
El inspector español identifica precisamente la suplantación de autoridades como una de las modalidades utilizadas por el centro turco del que ha obtenido información. La víctima recibe una llamada de alguien que asegura representar a un organismo oficial y le advierte de que su dinero corre peligro. Los supuestos funcionarios ofrecen una solución inmediata: trasladar los fondos a una cuenta segura. En realidad, pertenece a la organización criminal.
Los estafadores no improvisan. "No es una llamada a puerta fría. Tienen información de la entidad financiera, teléfono móvil, correo electrónico. De todo", advierte el policía. Con esos datos construyen una historia creíble, adaptada a cada víctima. En algunas operaciones internacionales, la inteligencia artificial permite reforzar la suplantación de identidad mediante voces sintéticas, imágenes y documentos manipulados.
Para Carmen Jordá Sanz, directora del área de Criminología y Seguridad de la Universidad Camilo José Cela e investigadora principal del grupo TecSec, este fenómeno representa una transformación profunda del crimen organizado. La experta habla del crime-as-a-service, un mercado clandestino en el que las organizaciones pueden adquirir programas maliciosos, datos robados, identidades falsas o herramientas de inteligencia artificial sin desarrollar toda la infraestructura. "La organización criminal puede, así, fragmentar y externalizar distintas partes de la actividad delictiva", explica.
La maquinaria también se alimenta de otro fraude especialmente destructivo: las estafas sentimentales. Patricia Hernández Hidalgo, doctora en Derecho Penal y directora del Máster en Ciberdelincuencia de la Universitat Oberta de Catalunya, describe cómo los delincuentes utilizan perfiles falsos para seducir durante semanas a sus víctimas. Mensajes de buenos días, fotografías aparentemente auténticas y promesas de futuro construyen una relación que desemboca en peticiones de dinero o falsas inversiones. "La inteligencia artificial está multiplicando enormemente su capacidad de actuación", advierte. La tecnología permite fabricar fotografías, voces e historias convincentes y mantener numerosas conversaciones simultáneamente.
El golpe no termina cuando desaparece el dinero. "La víctima pierde dinero, pero también pierde una relación", explica Hernández Hidalgo. El engaño puede provocar ansiedad, depresión, vergüenza e incluso síntomas compatibles con estrés postraumático. Muchas personas no denuncian por miedo a reconocer que han sido manipuladas. Esa vergüenza contribuye a ocultar las verdaderas dimensiones del negocio.
El circuito del dinero
La otra gran dificultad está en perseguir a los responsables. El dinero robado a una víctima española puede circular primero por cuentas bancarias nacionales o europeas y después viajar a Turquía, Hong Kong o China. "La principal técnica de investigación", basada en seguir el rastro financiero, pierde eficacia, explica el inspector, "por la velocidad con la que va el dinero y con la lentitud que se mueven los sistemas judiciales".
Jordá añade que los delincuentes distribuyen servidores, comunicaciones, cuentas y billeteras de criptomonedas entre distintas jurisdicciones. Una dirección IP o un número de teléfono rara vez bastan para identificar a quienes controlan realmente la organización. La cooperación internacional resulta imprescindible, aunque no siempre existe voluntad suficiente. El inspector español reconoce que, cuando las autoridades extranjeras no comparten el mismo interés por una investigación, el intercambio de información puede resultar muy limitado.
España tampoco está fuera del mapa de estas fábricas. En julio de 2025, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos desarticularon una organización que había estafado más de diez millones de euros desde oficinas de Barcelona. Los agentes detuvieron a 21 personas y descubrieron locales alquilados por periodos cortos, falsas plataformas de inversión y hasta un botón del pánico preparado para desconectar los sistemas informáticos ante una irrupción policial.
La expansión del negocio plantea además un dilema para los investigadores: distinguir al delincuente voluntario de quien ha sido obligado a delinquir. Jordá recuerda que algunas redes captan a jóvenes con conocimientos tecnológicos o de idiomas mediante falsas ofertas laborales y después los someten a amenazas, deudas ficticias y violencia. "La organización criminal convierte a la propia víctima en instrumento del delito", señala.
El inspector de la Policía Nacional admite que todavía no han conseguido irrumpir directamente en uno de estos centros internacionales durante sus investigaciones. "No hemos podido entrar todavía a romper una puerta en un scam center. Nos gustaría muchísimo". Por ahora, buena parte de su conocimiento procede de antiguos trabajadores, confidentes y colaboraciones internacionales.
Mientras las autoridades tratan de reconstruir los movimientos de dinero y las identidades ocultas tras las pantallas, el negocio sigue adaptándose. Ya no hace falta desplazarse hasta una ciudad perdida del Mekong para encontrar una fábrica de engaños. Puede estar en una oficina de Estambul o en un edificio de Kiev.
