Los problemas del Ingreso Mínimo Vital en España: deudas, precariedad y miedo a trabajar

Eleonor Veiga lleva casi 20 años sin levantar cabeza. "Después de la crisis económica, se pudrió todo", declara esta mujer de 62 años, nieta de españoles nacida en Uruguay y con nacionalidad española tras más de 25 años viviendo en Madrid, donde nació su hijo. Desde su separación, su vida ha consistido en hacer milagros para conseguir sacar adelante su vida y la de su hijo mientras ella, periodista y trabajadora cultural en su país de origen, saltaba aquí en España de trabajo precario en trabajo precario con largas etapas de desempleo entre medias.

Su sustento ha dependido en la mayor parte de este tiempo de las prestaciones públicas, especialmente del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda aprobada por el Gobierno central en mayo de 2020 con el objetivo de sacar de la pobreza extrema a cerca de un millón de personas. Seis años después, la mayoría de usuarios que la reciben necesitan compaginarla con otras prestaciones —un 51% la combina con otra y un 16% con dos o más, según un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)— bien porque es insuficiente para poder sobrevivir solo con ella o por el miedo que atenaza a muchos de que pueda ser cancelada y reclamada de vuelta por el Estado en cualquier momento.

"Yo lo combino con el subsidio por desempleo para mayores de 52 años porque le tengo mucho miedo al IMV, te lo pueden sacar por cualquier cosa y quedas en pelotas y endeudado", explica Veiga, que recibe algo más de 700 euros mensuales combinando ambas ayudas, pero que tuvo que sobrevivir junto a su hijo durante un año con apenas 400 euros cuando les cancelaron el IMV. "Ya era la segunda vez que, primero, me dieron el dinero y después me lo quitaron y es una mierda eso, sobre todo para la gente vulnerable como nosotros. No puedes darle dinero a los pobres y después sacárselo. Es de descerebrados. El que pensó en ese mecanismo sabía que no lo iba a necesitar nunca".

El motivo de las cancelaciones como las que ha padecido Veiga es que la prestación gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se concede teniendo en cuenta la Declaración de la Renta del año anterior a la solicitud. Si se revisa posteriormente y la situación fiscal ha cambiado, por ejemplo porque el usuario haya podido conseguir un trabajo temporal, la renta puede haber superado el umbral y la prestación queda no solo cancelada por "cobros indebidos", sino que el dinero pagado durante meses o años es reclamado de vuelta, generando deudas en muchos casos inasumibles por parte de los usuarios.

A Veiga le suspendieron en dos ocasiones el IMV y en ambos casos se ha visto obligada a acudir a los tribunales para tratar de eliminar la deuda que le reclamaba el Ministerio. "Aunque la primera gané yo el juicio, no me devolvieron una mierda y en la segunda, a saber cuándo se celebra el juicio, después de que me muera, capaz que será ese juicio", declara Veiga, que perdió su vivienda por un incendio y consiguió negociar un alquiler social con el fondo que era su casero gracias a la mediación del Sindicato de Inquilinas. Ahora su hijo se ha mudado a Barcelona a estudiar Medicina gracias a una beca, aunque la economía de ambos sigue siendo tremendamente precaria. "Me quedan 200 euros al mes después del alquiler. Hemos tenido que hacer malabares y acudir a la beneficencia para sobrevivir".

Una prestación "bajísima"

Desde su puesta en marcha, el IMV ha recibido numerosas críticas tanto por parte de sus perceptores —el 75% son mujeres y casi el 70% tienen menores a cargo— como de organizaciones sin ánimo de lucro como ATD Cuarto Mundo, que asesora a los afectados por las deudas generadas a causa de los pagos indebidos. María Hontanares, miembro de la ONG, critica que el sistema actual no está armonizado para evitar la generación de deudas y que la prestación es "bajísima", incluso por debajo del umbral de pobreza en muchos casos.

Para muchos, la única solución es combinar el IMV con otras prestaciones con las que se suele solapar. En el mencionado informe de la AIReF, en el que la entidad independiente volvía a señalar "problemas de diseño" de la prestación, se identificaron las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares y las rentas mínimas autonómicas como las ayudas que de forma más habitual se compaginan con el IMV.

"La gente con un IMV no se hace rica. Ese año puedes vivir más desahogado, pero tú no te has hecho rico. La realidad es que una familia que pague vivienda con eso en determinadas zonas de España tensionadas, no come", declara María Hontanares, miembro de ATD Cuarto Mundo. "Si hicieran un IMV mucho más alto, que estuviera por encima del umbral de pobreza, se recibiría más con esas otras prestaciones que trabajando, porque ni el SMI está por encima de ese umbral según la Carta Social Europea. Tenemos que tener rentas dignas de trabajo y quien no pueda trabajar, de las que no son de trabajo. Lo primero que tienes que tener es un trabajo digno, pero le interesa más al Estado dar miguitas y encima decir que es que cobras un montón de prestaciones".

En sus casi seis años de vigencia, el IMV se le ha concedido a más de 3,6 millones de personas y la Seguridad Social ha destinado a ello 20.331 millones de euros, según datos aportados por la Secretaría General de la Seguridad Social a 20minutos. ATD Cuarto Mundo se hizo cargo de una demanda colectiva sobre la reclamación de cantidades adeudadas por pagos indebidos que trasladó al Consejo de Europa y este organismo internacional —sin relación con la Unión Europea— ha solicitado al Gobierno que se pronuncie al respecto.

"Un préstamo con intereses altísimos"

En mayo del 2020, Ana Cano, una madrileña residente en Zaragoza que tiene ahora 64 años, recibió una notificación de la Administración autonómica indicando que debía solicitar el IMV y que dejaría de recibir el Ingreso Aragonés de Inserción, la prestación que llevaba recibiendo seis años. Comenzó a percibir 460 euros al mes, una cantidad significativamente menor de lo que recibía antes, lo que la obligó a buscar trabajos esporádicos en negro.

Era una madre separada que vivía entonces con su hija menor y en una situación de desempleo crónico, su último empleo con contrato fue ese mismo año, cuando trabajó durante unos días como cocinera en una residencia. Un año después, ese breve periodo de trabajo le supuso incurrir en pagos indebidos del IMV y generar su primera deuda con la Seguridad Social y su primera interrupción de la prestación.

"Muchas veces lo que te tira para atrás de trabajar también son estas cosas. Se generaron cobros indebidos que me los pasaron al cabo de los dos años. Para mí es como un préstamo con unos intereses altísimos, es enrevesadísimo, ruinoso, horroroso. No se lo recomendaría a nadie porque a la mínima ya está con los cobros indebidos", declara Cano.

Durante varios meses, tanto en 2024 como el año pasado, dejó también de recibir la prestación por lo que después resultaron ser fallos administrativos. Esto le obligó en cada ocasión a endeudarse con personas de su entorno para poder sobrevivir y a acudir a todas las prestaciones autonómicas y municipales disponibles.

"Me estaba valiendo de las ayudas de urgencia, pidiendo a la trabajadora social ayuda para comer o ayuda para pagar el alquiler o ayudas para pagar la luz… en total ingresaba unos 500 euros. Gracias a esas ayudas, he podido ir trampeando y dependes de que te dejen. Es como un puzle en el que nos encontramos yo creo que la mayoría de los que estamos así, pones de un lado, quitas de otro…", explica Cano, que vive sola desde que su hija menor se independizara tras acceder al mercado laboral.

"Hay días que no salgo directamente, porque de esta manera ahorro. Si estoy en la cama no tengo nada que hacer. En invierno, estoy en casa con mantas, así no gasto en calefacción prácticamente nada, y en verano, pues toallas mojadas, me las voy poniendo y esa es mi refrigeración", explica Cano.

Imposibilidad de encontrar un trabajo fijo

A pesar de que la cuantía del IMV no siempre permite por sí misma garantizar una supervivencia digna, para muchos perceptores puede acabar siendo un desincentivo para encontrar un trabajo ante la perspectiva de que esto te haga perder la prestación y generar una deuda con la Administración incluso varios años después. Ana Hernández, una canaria de 58 años, también madre divorciada y perceptora del IMV desde 2021, lleva sin trabajar desde la erupción del volcán de La Palma ese mismo año, un empleo temporal que le costó la suspensión del IMV y la generación de una deuda por pagos indebidos.

Al quedarse prácticamente sin ingresos, Hernández solicitó la Renta Canaria de Ciudadanía, pero el trámite tardó dos años en resolverse. Tras volver a solicitar el IMV tuvo que sobrevivir durante varios meses con 234 euros mensuales, exclusivamente lo que recibía por esta prestación, una cuantía que ascendió hasta los 450 euros mensuales tras una revisión. Desde 2025, cuando ya empezó a recibir la renta canaria, ha compaginado ambas prestaciones recibiendo poco más de 700 euros mensuales.

"¿Qué he hecho con 234 euros? Pues lo mínimo para comer y alguna cosa que tenga que comprar, me alcanza. De 234, los 34 los dejo separados pues para eso, para la factura (...) Y el resto, pues para para para comer y poco más", explica Hernández, que vive en unos lavaderos reconvertidos por ella misma en vivienda en la casa de su padre. Ha podido recurrir también a la ayuda municipal para alimentos de 150 euros, una ayuda para gafas y otra para unos audífonos que resultó ser un descuento que le generó una deuda de 2.000 euros que está actualmente pagando de manera mensual.

Con todo, Hernández no ha regresado al mercado laboral, esencialmente porque no ha encontrado ningún trabajo que no sea temporal —lo que podría dejarle eventualmente sin IMV— o que sea capaz de realizar con su discapacidad reconocida del 47%. La última oferta que le llegó fue para trabajar en la recogida del plátano.

"A mí me ponen ahora mismo una piña de esas en el hombro y yo creo que me parto la mitad, me parto en dos. Ahora estoy en el punto en el que tengo que ver a ver en qué puedo y en qué no puedo trabajar. Y hay trabajos que ya no", explica Hernández. "Si voy a trabajar una semana, después me paran, después un mes... cuando llegue la renta y llegue la revisión de la Seguridad Social, ese dinero va a ser para la Seguridad Social. Es pagar por trabajar. Yo ahora mismo lo que busco y lo que quiero y lo que necesito es estabilidad económica, y más a mi edad, no tres meses, seis meses, un año, porque después las consecuencias me vienen al año siguiente."