La vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles, los precios han alcanzado niveles récord… ¿Por qué hemos llegado a una situación de crisis habitacional como la actual?
Estamos en esta situación porque se ha permitido durante décadas que la vivienda se convierta en un negocio cada vez más rentable para unos pocos, mientras millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a un hogar. El problema ahora no es que falten casas, nunca ha sido ese el problema, sino que muchas se utilizan para especular. Los precios, especialmente los de los alquileres, están por las nubes, se han desvinculado totalmente de los salarios y hay personas que trabajan y, aun así, no pueden permitirse una vivienda. Esto no es una fatalidad ni una ley de la naturaleza, es el resultado de decisiones políticas y, por tanto, puede cambiarse con decisiones políticas.
¿En qué medida la solución pasa por construir más viviendas?
Pensar que simplemente construyendo más va a bajar el precio de los alquileres es una visión muy interesada y, además, errónea del problema. Si construimos miles de viviendas y terminan en manos de fondos buitre o se venden a precios inaccesibles, la gente seguirá sin poder pagarlas. La vivienda funciona también como un activo financiero y aumentar la oferta no garantiza automáticamente precios accesibles. La pregunta es qué viviendas construimos, para quién y quién se queda con ellas. Nosotras defendemos un gran parque público de vivienda que no pueda privatizarse y, al mismo tiempo, intervenir los precios de las viviendas que ya existen, porque quien no puede pagar el alquiler hoy no puede esperar 10 años.
¿Qué soluciones se pueden tomar de forma más inmediata para esas personas que necesita una solución urgente?
Las medidas urgentes e inmediatas pasan por una rebaja del 40% por ley de los alquileres abusivos, por contratos indefinidos, por que no haya ni un desahucio más sin alternativa habitacional, por el fin del fraude de los alquileres de temporada y de habitaciones y por el fin de los abusos, la discriminación y el acoso inmobiliario. Esas serían medidas para proteger a los inquilinos, pero también hacen falta medidas orientadas a que haya una fiscalidad justa y medidas orientadas a prohibir los usos antisociales de la vivienda.
¿Una intervención así en el mercado del alquiler no puede reducir la oferta de pisos disponibles?
La reducción de la oferta se produce cuando dejas al mercado que regule la vivienda, que es lo que estamos viviendo ahora. Bajar los alquileres por ley permite que bajen los precios, como estamos viendo en las comunidades que han declarado zonas tensionadas. Aprobar una reducción extraordinaria del 40% de los alquileres abusivos aplicable sobre los contratos vigentes mediante criterios objetivos, teniendo en cuenta el precio de la vivienda, sus características y la capacidad económica de los hogares, y establecer, a la vez, precios máximos permanentes para impedir nuevas subidas abusivas es una medida para la protección de las personas inquilinas que, junto con otras medidas, no tienen por qué reducir la oferta ni mucho menos.
¿Qué debe hacerse con las viviendas que se destinan a otros usos, como los pisos turísticos, o con las que están vacías?
Las casas son para vivir, no para acumular, retener o especular. No puede haber viviendas vacías o de uso turístico mientras estamos en una situación de emergencia habitacional. Yo soy de Palma y aquí están prohibidos los pisos turísticos. Poner fin al uso turístico de viviendas residenciales mediante la eliminación progresiva de las autorizaciones existentes y la prohibición de nuevas licencias es una medida que se debería extender. También es necesario recuperar las viviendas vacías impulsando la expropiación por interés social y la rehabilitación de viviendas y edificios abandonados, con el objetivo de incorporarlos al parque público de vivienda y devolverlos al uso residencial.
¿Debe restringirse la compra de viviendas a empresas y grandes tenedores?
Si las casas son para vivir, no se puede permitir la especulación y, por lo tanto, es necesario prohibir la adquisición y acumulación de viviendas con fines especulativos, especialmente por parte de fondos de inversión y de grandes operadores inmobiliarios. En los territorios insulares llevamos mucho tiempo pidiendo establecer limitaciones específicas a la compra de viviendas por parte de personas sin residencia efectiva en ellos, con independencia de su nacionalidad u origen.
¿Qué falla en España para que se produzcan cada año miles de desahucios?
Falla que tenemos una concepción de la vivienda como un negocio y no como un derecho. La prohibición de desahucios y garantizar que ninguna persona o familia pueda ser desahuciada sin disponer previamente de una alternativa habitacional digna y adecuada es una de las mejores maneras de reflejar que efectivamente la vivienda es un derecho. Creo que sería muy importante, además, simplificar los requisitos para acceder a esa protección permitiendo acreditar la vulnerabilidad mediante una declaración responsable y reconociendo la pérdida de la vivienda sin alternativa residencial como una situación de vulnerabilidad en sí misma.
¿Qué proponen para fomentar la emancipación juvenil y facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes?
Lo importante aquí para que todo el mundo tenga acceso a una casa es acabar con el negocio de la vivienda. Si los jóvenes no se pueden emancipar es porque tenemos un mercado absolutamente tensionado y porque el negocio inmobiliario es ahora mismo la mayor fuente de riqueza. Tenemos que actuar en tres líneas: llevar a cabo medidas para proteger a las personas inquilinas, medidas de fiscalidad justa para que la especulación deje de ser rentable y, en último lugar, asegurar que las casas son para vivir y que no se puede hacer un uso antisocial de la vivienda.
¿Cuáles serían esas medidas fiscales y contra los usos "antisociales" de la vivienda?
Proponemos medidas valientes en materia de fiscalidad, como la penalización fiscal de las viviendas vacías, el fin de los privilegios fiscales del rentismo o el fin de la financiación pública del negocio inmobiliario privado. Todo eso haría que el negocio de la vivienda no fuera tan atractivo. También hacen falta medidas dirigidas, como decía, a permitir que las casas sean para vivir y que no haya usos antisociales de la vivienda. Esas medidas pueden ser la expropiación de viviendas de fondos, bancos y grandes tenedores, la prohibición de la compra especulativa, la prohibición de los pisos turísticos, la recuperación de viviendas abandonadas y construir un gran parque público de vivienda para siempre.
Si se aplicaran sus propuestas, ¿en cuánto tiempo cree que la vivienda podría dejar de ser la principal preocupación de los españoles?
Hay medidas a corto plazo que la gente notaría enseguida, como la rebaja inmediata de los alquileres abusivos, los contratos indefinidos, que no haya desahucio sin alternativa habitacional, que se ponga fin a los abusos inmobiliarios y al fraude de los alquileres de temporada y por habitaciones... Todo esto se podría aprobar en el primer real decreto de medidas sociales y económicas de la legislatura. El resto son a medio o largo plazo y tendrían un efecto muy positivo. Se ve claramente en ciudades como Viena o Graz, donde existe un parque público de vivienda que puede hacer competencia a los inversores privados. Si tienes un parque público con precios bajos, el sector privado no puede subir mucho los suyos. Tenemos esos ejemplos y ese horizonte en el que caminar. En definitiva, avanzar hacia un sistema universal de vivienda pública y de calidad.
