Pedro Sánchez afronta un septiembre decisivo con retos presupuestarios, legislativos y de vivienda

Pedro Sánchez cerró el pasado mes de julio este “azaroso” curso político inmerso, como siempre, en la acelerada gestión de una sucesión sin fin de crisis sobrevenidas, de la nueva oleada de incendios del verano a la avalancha migratoria que sufrió Ceuta, con consecuencias diplomáticas para España, mientras las pesquisas judiciales y policiales siguen rondando a su entorno político y familiar. El presidente del Gobierno ha afrontado durante el paréntesis vacacional de agosto una abultada cartera repleta de deberes pendientes para septiembre.

Y las que están pendientes no son asignaturas marías –sencillas–, sino auténticos huesos muy difíciles de digerir. Del resultado de todos estos exámenes dependerá además, en buena medida, el rumbo y la duración de lo que resta de mandato. “Queda un año para culminar esta legislatura”, aseguró Sánchez en su balance del curso político desde la Moncloa, insistiendo en agotarlo hasta el último suspiro, en julio del 2027. Salvo cambio de guion.

El reto del presupuesto. En la anterior legislatura, que tampoco fue un camino de rosas ni mucho menos, porque entre otras crisis estallaron la pandemia y la guerra de Ucrania, Sánchez logró encadenar la aprobación de hasta tres presupuestos generales consecutivos. El actual mandato, en cambio, sigue en blanco. Las prórrogas presupuestarias sucedidas desde el 2023 se vieron no obstante compensadas por la llegada de los ingentes fondos europeos de recuperación –que, con el sexto desembolso, suman ya unos 100.000 millones de euros–, que culminarán el próximo mes de diciembre.

El presidente del Gobierno está decidido, esta vez sí, a presentar el primer proyecto de cuentas públicas de la legislatura. “Nuestra intención es presentar los presupuestos, y nuestra voluntad es aprobarlos”, aseguró Sánchez. El Consejo de Ministros aprobó antes del verano un techo de gasto récord para estos presupuestos del 2027: hasta 226.032 millones de euros. Toda una golosina, en principio, para atraer apoyos en la negociación con los grupos parlamentarios. Pero, por lo pronto, el PP, Vox y Junts tumbaron por dos veces los objetivos de deuda y déficit y mantienen un bloque del no a las cuentas por ahora insuperable para el Gobierno. Sánchez aseguró que presentará el proyecto de presupuestos en septiembre, pero no se quiso pillar los dedos con una fecha concreta. “Seguimos sin fecha”, corroboran en la Moncloa. El propio presidente, no obstante, admitió que si finalmente estas cuentas públicas no superan el debate de totalidad en el Congreso –previsiblemente, hacia octubre o noviembre–, será el momento de “tomar decisiones” sobre la convocatoria de las elecciones.

El sudoku de la financiación. Otro hueso duro de roer, pese a que el nuevo modelo de financiación autonómica inyectaría 21.000 millones adicionales a las comunidades del régimen común. El Ministerio de Hacienda convocó el pasado 29 de julio la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica pactado con Catalunya, al que se oponen todas las comunidades del PP, pero también las del PSOE afectadas, esto es, Castilla-La Mancha y Asturias. Y, dos días antes de la cita, saltó la sorpresa, porque el Gobierno canario de Fernando Clavijo se subió al carro, tras una negociación previa con el Gobierno que le reportaría otros 1.337 millones de euros extra para su territorio. Las once autonomías regidas por el PP –también socio de gobierno de Coalición Canaria en el archipiélago– pidió posponer la reunión del CPFF, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, concedió. La nueva reunión está prevista para el próximo 4 de septiembre. La aprobación del nuevo modelo está garantizada en el foro fiscal, pero requiere una mayoría absoluta para que este complejo sudoku obtenga la luz verde del Congreso, como la reforma de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. El voto afirmativo de los siete diputados de Junts, como en los presupuestos, es de nuevo imprescindible.

La crisis de la vivienda. Sánchez había previsto un fin de curso que demostrara que, como defiende, “el Gobierno funciona”. Así, estaba anunciado que la última reunión del Consejo de Ministros de la temporada, el pasado 28 de julio, aprobaría al fin un nuevo decreto ley con una amplia batería de iniciativas para afrontar la crisis de la vivienda, que es el principal problema de los ciudadanos, según coinciden todas las encuestas. El PSOE y Sumar hicieron sus deberes y sellaron un acuerdo en el seno de la coalición de gobierno que incluía una prórroga del precio de los alquileres, pero también incentivos fiscales para los propietarios y una reforma de la ley del Suelo. Las negociaciones con el resto de los grupos de la mayoría de la investidura se aceleraron –pese a la extrema dificultad de alinear las contrapuestas posiciones y demandas de Junts y de Podemos–, pero el fin de semana anterior al Consejo de Ministros los negociadores del Ejecutivo advirtieron que había posibilidades de acuerdo... aunque había que trabajarlo aún más. Hacía falta tiempo, ante la complejidad del empeño, según demandó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Y el Ejecutivo se resignó y decidió también dejar esta asignatura pendiente para septiembre, en la confianza de poder resolver los vetos cruzados entre los grupos de la investidura que tendrían después que convalidar el decreto ley en el Congreso. La primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo curso está prevista para el próximo 25 de agosto. Aunque Sánchez tampoco quiso comprometer una fecha concreta: “La vivienda es nuestra prioridad, y lo urgente es aprobarlo y acordarlo”.

La amnistía de Puigdemont. El presidente del Gobierno celebró el aval que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) otorgó antes del verano a la ley de Amnistía, para superar el conflicto político y garantizar la “reconciliación” en Catalunya. Y justo el último Consejo de Ministros del curso aprobó un indulto parcial a Laura Borràs que impedirá que la expresidenta del Parlament y de Junts ingrese en prisión. Sánchez alegó que lo único que hizo el Gobierno fue dar cumplimiento a la propia sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que condenó a Borràs, sin ninguna intencionalidad política. Pero todo ayuda en el propósito del Gobierno de tratar de recomponer los platos rotos con Junts para poder agotar la legislatura, sobre todo, cuando la amnistía alcance también a Carles Puigdemont y el expresidente de la Generalitat pueda regresar a Catalunya. Es la famosa “ventana de oportunidad” que en el Ejecutivo llevan largos meses esperando. “Las cosas pueden cambiar”, confían en la Moncloa. E insisten en que ven posible incluso aprobar los nuevos presupuestos para el 2027.

El discutido registro horario. Por mucho que se empeñó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en que el nuevo registro horario laboral viera la luz en el Consejo de Ministros antes de concluir julio, esta iniciativa alternativa de la también ministra de Trabajo –como reacción al portazo a su proyecto estrella de la reducción de la jornada laboral, tumbado por Junts– quedó igualmente pendiente para septiembre. Un margen de tiempo extra que determinará si Díaz y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, liman las asperezas que hasta ahora han frenado el proyecto. La ventaja es que se puede aprobar como decreto solo por el Gobierno, que no requiere la posterior convalidación del Congreso.