El movimiento estudiantil que se inició a mediados de septiembre en Francia para reclamar más recursos para la educación entra en su tercera semana de protestas y ya se ha convertido en la mayor movilización de alumnos del país en décadas. Este lunes, a pesar de que el Gobierno decidió cerrar centenares de institutos para evitar nuevos episodios de violencia, más de medio millar de centros fueron bloqueados en numerosas ciudades, la víspera de una gran manifestación a la que se han sumado varios sindicatos y partidos de izquierda.
El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, temía este lunes una “escalada nacional”, que en realidad ya se ha producido, mientras arrecian las críticas por los métodos de represión policial, denunciados por partidos de izquierda como La Francia Insumisa, de Jean-Luc Melenchon, los ecologistas y socialistas.
Desde que se iniciaron las protestas, hay 190 alumnos que han resultado heridos, según datos del Ministerio de Educación. Este lunes un joven perdió una mano al estallarle una granada de contención en un enfrentamiento con los agentes en un instituto en Lens, en Pas-de-Calais, en el norte del país. No están claras las circunstancias, pero la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha abierto una investigación para esclarecer este incidente y otros cinco más ocurridos estos días.
En un centro de formación profesional al sur de París un centenar de alumnos tuvieron que ser confinados en el interior a primera hora de la mañana, después de que alborotadores rompieran los cristales de una puerta y provocaran un incendio en el exterior. Finalmente, pudieron ser evacuados. Además, otro joven fue detenido, acusado de haber herido gravemente a una mujer, que perdió el ojo tras ser alcanzada por una piedra que había lanzado.
La Liga de Derechos Humanos (LDH) lamentó “el incumplimiento del marco legal durante las intervenciones de las fuerzas del orden”. El sindicato de la magistratura criticó el viernes en un comunicado la respuesta policial que se está dando durante las movilizaciones, con “el uso de los gases lacrimógenos y las circunstancias de algunas de las detenciones, teniendo en cuenta que son menores”.
Las protestas han dejado en una semana más de 5.000 detenidos y son ya una de las mayores del segundo mandato de Emmanuel Macron. Hay que remontarse a los disturbios urbanos del verano de 2023, tras la muerte de un joven de 17 años por un disparo de un policía en la periferia parisina, para encontrar un movimiento de protesta de envergadura, pero con reivindicaciones muy distintas. Duró una semana y hubo algo más de 3.600 detenidos. Desde que fue elegido presidente en 2017, no ha habido en el país una movilización estudiantil de tal amplitud. La última movilización masiva fue entre octubre y noviembre de 1990, también contra la falta de profesores y la escasez de medios. Empezó en los barrios perífericos de París y se propagó también por toda Francia. Desde entonces, ha habido otras movilizaciones, como por ejemplo en 2005, pero contra leyes de educación del Gobierno y no para denunciar la falta de medios e inversiones.
En este caso, el movimiento estalló el pasado 17 de septiembre en un instituto de Créteil, a las afueras de París. Los alumnos bloquearon el centro para denunciar la falta de medios y de profesores y las condiciones insalubres en los centros de las zonas más apartadas, el suyo entre ellos. En pocos días, y sin que el Gobierno lo viese venir, el movimiento se ha extendido por todo el país, incluidas varias universidades. Lo que se esperaba en el país era sobre todo una revuelta para protestar por los precios de la energía o el coste de la vida, pero no una rebelión estudiantil para exigir más profesores, pupitres y aulas sin goteras.
El Gobierno trata de sofocar el movimiento, aunque los intentos han sido en vano. Tras la reunión el pasado viernes con los sindicatos de estudiantes y asociaciones de padres, los alumnos decidieron continuar con las protestas. El primer ministro, Sebastien Lecornu, ha encargado a los ministros implicados una hoja de ruta para atender las reivindicaciones de los estudiantes, aunque no se han concretado las medidas.
La jornada del martes será clave, con manifestaciones en todo el país a las que se sumarán varios sindicatos, como la CGT, y partidos políticos de izquierda. “Es un acto democrático, una libertad que se respeta y se protege”, admitió el ministro de Educación, Edouard Geffray. El propio Gobierno admite que las reivindicaciones de los estudiantes son legítimas, pero se teme que el movimiento vaya a más pero también pierda su esencia. Las protestas hasta ahora han dejado más de una veintena de centros incendiados o con importantes daños y el coste se estima en decenas de millones de euros.
