Sánchez enfrenta crisis de credibilidad por la avalancha de Ceuta y la desconfianza en su versión sobre Marruecos

El peor escenario al que puede enfrentarse un gobernante ante una crisis es que los ciudadanos no se crean su versión sobre un hecho que ha impactado en la opinión pública, sin entrar incluso en si esas explicaciones son ciertas o no. Es lo que le está ocurriendo a Pedro Sánchez. Una mayoría de la población, también de sus votantes, además de todo el arco parlamentario, no le sigue en su actitud de prudencia frente a Marruecos por la avalancha de Ceuta. A la tardanza en reaccionar y la consiguiente gestión deficiente de la situación sobre el terreno se une ahora un peligro mayor para el presidente: una disonancia argumental entre lo que él sostiene y lo que opina la calle. Y la calle ha sentenciado que fue Marruecos.

Por diferentes motivos, tanto la derecha como la izquierda apuntan a la responsabilidad del país vecino en el asalto. El presidente insiste en que no hay pruebas para señalarlo directamente. Las consecuencias de una acusación de ese tipo no serían menores. Implicaría un conflicto que pondría en riesgo la colaboración migratoria y contra el terrorismo con un país que es el gozne con un continente golpeado por la pobreza y con un polvorín yihadista como el Sahel. Supondría desandar todo el camino recorrido desde 2022, cuando Sánchez destituyó a la ministra Arancha González Laya a petición de Rabat por permitir que se atendiera en España a un líder del Frente Polisario enfermo de covid. Desde entonces, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha trenzado una estrecha relación con su homólogo marroquí y esa confianza es determinante en la posición de prudencia que mantiene el presidente.

Las autoridades marroquíes transmitieron al Gobierno el día del asalto desconcierto inicial y, ante las quejas españolas, el reproche por exigir a ese país que reprima a su propia población para evitarle ese trago a las fuerzas de seguridad españolas. Pero enseguida se ofreció disponibilidad absoluta para admitir las devoluciones inmediatas de los migrantes. Es cierto que existen factores para pensar que lo ocurrido tampoco favorece al régimen marroquí, que ha permitido que murieran más de 140 de sus compatriotas huyendo de su país el mismo día en que el rey Mohamed VI pronunciaba un discurso sobre la modernización de Marruecos. Además, en otros asaltos Rabat no ha escondido ni su autoría ni sus intenciones. Sánchez sostiene que ningún servicio de inteligencia dispone de pruebas para señalar a Rabat. El informe policial desvelado esta semana apunta indicios basados en vídeos de las redes sociales, pero admite una “autoría difusa”. El martes se desclasificarán otros que, según el Gobierno, confirmarán la dificultad de apuntar de forma concluyente a Marruecos. Pero los antecedentes reman en dirección contraria. Resulta poco creíble para la mayoría que las fuerzas de seguridad y los servicios secretos de ese país no detectaran un movimiento de 80.000 personas en las horas o días previos.

La opacidad de un régimen autoritario impide conocer qué ha pasado. Marruecos se halla en un momento de transición. No solo porque este mes celebra elecciones legislativas, sino porque el monarca está introduciendo a su hijo como heredero y eso provoca disputas de poder en los ámbitos que dependen de la casa real alauita, que son nada más y nada menos que los servicios de política exterior y de seguridad. Mientras, siguen encarcelados centenares de jóvenes que participaron en las recientes protestas en las que pedían menos estadios para el Mundial y más recursos para sanidad y educación.

Tampoco hay que olvidar que, para el régimen alauita, las aspiraciones de soberanía están siempre presentes, con el rey anterior, con el actual y probablemente con el sucesor. Esas exigencias se concentran en el giro sobre el estatus del Sáhara Occidental, los casos de Ceuta y Melilla y la delimitación de fronteras marítimas con Canarias, reivindicación reactivada 2020 con iniciativas legales en el Parlamento marroquí. Sobre la cuestión del Sáhara, Rabat logró el importante giro de España en favor de una autonomía, lo que favoreció un cambio en el mismo sentido por parte de la UE. En octubre, la ONU tiene que decidir si prorroga la misión para un referéndum de autodeterminación en esa zona. Sobre la reivindicación de Ceuta y Melilla, es difícil creer que Mohamed VI no supiera que uno de sus ministros aprovecharía un acto con presencia del rey para reivindicar esas plazas hace unos días.

Para completar el contexto, otro dato: Marruecos está negociando en la actualidad con Bruselas las condiciones de su cooperación migratoria. Un conflicto entre España y ese país tendría efectos en la UE. Bruselas ha sido prudente en su respuesta, pese a la carta de 22 países criticando la política migratoria de Sánchez.

Habrá que ver hasta cuándo puede mantener el presidente una posición que le ha dejado solo. El PP le asedia por dos frentes: por un lado, ha detectado una corriente de opinión que no se cree la versión del presidente y acusa a Marruecos. Alberto Núñez Feijóo explota esta vía deslizando que Rabat chantajea a Sánchez con información hackeada de su teléfono con el programa israelí Pegasus. Es una especulación y cabe preguntarse si en ese caso no dispondría de esos datos el Mosad y no por ello la Moncloa ha evitado el choque con Netanyahu. Pero lo más relevante de la posición del PP es el señalamiento a Marruecos. Feijóo puede hipotecar mucho en ese gesto si llega a la Moncloa. El régimen no olvida. El otro frente es el judicial. Se abrirá una causa en la Audiencia Nacional por si hallan indicios de que el Gobierno fue avisado de la avalancha y no actuó con la diligencia debida.

En esta crisis se están quemando muchas naves por parte del Gobierno y de la oposición: la credibilidad de las fuerzas de seguridad policías y los servicios secretos, además de la imprescindible colaboración con un país vecino con el que perviven disputas territoriales y al que se le ofrece desde España una imagen de desunión y debilidad política.