Una obsesión ha acompañado a Donald Trump durante sus diez años dedicados a la política: la existencia de una forma u otra de “fraude” al que responsabilizar de sus reveses electorales, sobre el que dirigir el descrédito hacia la democracia, con el que justificar una mayor concentración de poder en torno a su figura, así como medidas contra la inmigración irregular.
Cuando en el 2016 perdió el voto popular, afirmó que el motivo había sido que los inmigrantes habían “votando ilegalmente”, pese a la falta de evidencia. Cuatro años después, salió derrotado por la mínima en las presidenciales frente a Joe Biden y lo justificó asegurando, también sin pruebas, que los estados demócratas habían enviado millones de papeletas a inmigrantes indocumentados y sembrando dudas sobre el voto por correo y las máquinas de recuento.
Cuando el resultado de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 2022 fue peor de lo esperado, Trump recordó a sus votantes que “nunca tendrán elecciones libres y justas mientras haya voto por correo”, método que él mismo ha usado históricamente para ejercer el derecho. Dos años después, las mismas quejas estuvieron presentes durante toda la campaña presidencial, pero se desvanecieron tras su victoria en el voto popular y en el colegio electoral.
A falta de dos meses para las elecciones legislativas a mitad de su segundo mandato, en las que los republicanos se arriesgan a perder el control sobre las dos cámaras del Congreso, Trump ha renovado su ofensiva contra el proceso democrático. Cientos de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional han sido asignados de forma repentina a un trabajo destinado a encontrar personas no ciudadanas que estén registradas para votar.
Aunque la mayoría de investigaciones independientes coinciden en que el voto de indocumentados es muy poco habitual –incluso una base de datos del centro conservador Heritage Foundation, que lista 100 casos en 25 años– y, en todo caso, es perseguido por la justicia, la Casa Blanca está intentando retratarlo como un delito generalizado e impulsado por los demócratas.
Según una investigación de The New York Times, los agentes están escudriñando los padrones electorales de los estados y utilizando información de identificación personal de los votantes, incluidos sus números de Seguridad Social, para buscarlos en esos padrones. De hecho, los investigadores, asignados al nuevo trabajo durante varias semanas, están utilizando esos datos para ingresar en páginas web de registro de votantes y comprobar si los indocumentados están en la lista.
En la historia reciente, hay contados casos de fraude electoral, pero la evidencia sobre estos es tan mínima que no ha tenido nunca influencia en unos resultados. Este año, Nueva Jersey anunció que un fallo informático había llevado a 6.600 no ciudadanos a registrarse de forma automática para votar en las últimas elecciones, aunque terminaron votando unos 400. Mientras que la justicia ya persigue este tipo de errores y delitos, la Casa Blanca lo sobredimensiona para generar pánico entre los votantes.
“Bueno, vieron lo que pasó: descubrieron miles de votos en Nueva Jersey donde se permitió votar a inmigrantes indocumentados”, dijo Trump el día después de que la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunciara que habían descubierto el error. “Miles y miles de votos. Votaron a favor de la mutilación genital de sus hijos para convertirlos en transexuales y a favor de que los hombres compitan en deportes femeninos. ¿No es maravilloso?”, exageró el presidente.
La llamada Iniciativa contra el Votante Ilegal es tan solo la última medida de Trump para generar desconfianza sobre las elecciones y controlar su celebración. El presidente también firmó este año una orden ejecutiva destinada a restringir y controlar a nivel federal el voto por correo, a pesar de que según la Constitución los comicios deben ser administrados por los estados.
Según el decreto, el Departamento de Seguridad Nacional debe elaborar, con la colaboración estatal, listas de ciudadanos considerados elegibles para votar en elecciones federales. La orden establece que Servicio Postal debe entregar papeletas únicamente a los votantes que figuren en las listas aprobadas. De este modo, si un estado no proporciona la lista correspondiente, o una persona no aparece en ella, la papeleta podría no ser entregada.
La justicia ha frenado en dos ocasiones el decreto por inconstitucional, pero la batalla legal sigue en el Supremo, lo que genera incertidumbre, pues en algunos estados ya ha comenzado el plazo para que los votantes comiencen a recibir sus papeletas de voto por correo.
En su discurso contra la integridad de las elecciones, Trump anunció en julio la desclasificación de documentos “verificados” de inteligencia estadounidense sobre una supuesta interferencia China en las elecciones del 2020, que habían sido “escondidos” por un “estado profundo”. Entre otras acusaciones, dijo que Pekín había llevado a cabo la mayor infiltración de datos electorales de la historia, lo que permitió la adquisición ilícita de 220 millones de registros de votantes estadounidenses”.
En el mismo discurso, Trump aseguró que hay alrededor de 278.000 no ciudadanos registrados para votar con la connivencia de los demócratas, un dato para el que no dio ninguna prueba y que supuestamente sale de un estudio encargado por su Administración a una empresa privada, pero contradice los estudios publicados por los principales centros de investigación independientes.
