Teresa Peramato defiende la imparcialidad de la Fiscalía en la Apertura del Año Judicial

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha aprovechado su primer discurso como máxima representante del Ministerio Público en la Apertura del Año Judicial para defenderse de las críticas que ha recibido en los últimos meses una institución que vivió con estupor y bochorno la condena de su predecesor, el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, quien decidió llegar al juicio manteniendo dicho cargo.

Peramato ha señalado este jueves ante el Rey Felipe VI que el Ministerio Fiscal acepta la exigencia de estar sometida al escrutinio público pero ha añadido que "transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad".

"En ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos; se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan; se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley", ha indicado Peramato en el acto solemne celebrado en el Tribunal Supremo.

La fiscal general, muy cuestionada por haber favorecido que la condena penal de García Ortiz tenga ninguna consecuencia disciplinaria o por haber impedido al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, haber solicitado la mayor rebaja de pena para el empresario Víctor de Aldama (que luego impuso el Supremo), ha subrayado en su discurso la actuación de los fiscales "se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y sus decisiones están sometidas al criterio último de los tribunales".

Peramato no ha hecho ninguna alusión concreta a la condena de García Ortiz y ha dedicado sólo dos párrafos de su discurso a abordar el fenómeno de la corrupción, en plena oleada de casos que afectan al Gobierno que la nombró y al PSOE.

Sobre esta lacra, ha señalado que se trata de un "fenómeno que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública. La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo. Por ello, la lucha contra la corrupción constituye una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española".

La fiscal general ha hecho alusión al asalto que vivió la ciudad autónoma de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Peramato ha decidido reforzar la plantilla del Ministerio Público allí con la incorporación de tres nuevos fiscales. En su discurso, la fiscal general ha querido "trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras". Peramato ha apelado a la "necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".

Por otro lado, la fiscal general -al igual que todos sus antecesores- ha pedido un cambio de modelo penal donde los miembros de la cúpula fiscal asuman las instrucciones penales. Se trata de una reivindicación histórica del Ministerio Público que ningún Gobierno ha llegado a poner en marcha pese a los reiterados internos. "La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de Derecho", ha concluido Teresa Peramato.