El secretario general de CCOO, Unai Sordo, defiende la huelga general y rechaza que se dirija contra la oposición, aunque admite que sería ilógico salir a la calle contra una política económica y laboral de la que los sindicatos han sido copartícipes con sus acuerdos con el Gobierno. Acusa a la CEOE de bloquear la negociación salarial a la espera de un cambio de color en Moncloa y advierte de que una rebaja de impuestos obligaría a recortar las pensiones.
¿Teme un pinchazo de la huelga porque se interprete como una movilización contra la oposición?
No compartimos esa interpretación. En España existe el poder legislativo y es tan susceptible de crítica como cualquier otra institución. ¿Por qué no vamos a poder cuestionar que una mayoría formada por PP, Vox y Junts haya rechazado decretos sobre vivienda o la reducción de jornada? La huelga apela a todas las Administraciones y también reivindica mejores salarios y más recursos para servicios públicos e infraestructuras. Si PP y Vox se sienten apelados por estas reivindicaciones, por algo será.
Les critican que llevan ocho años sin convocar una huelga general contra el Gobierno de Pedro Sánchez...
Me parece surrealista que se nos exija hacer una huelga contra políticas laborales y económicas de las que hemos sido copartícipes. Si gobernara la derecha, se estaría hablando de milagro económico en España. Hemos subido el SMI, reformado el mercado laboral, revalorizado las pensiones y reducido la temporalidad, al tiempo que crecía el empleo. Pero esa es solo una parte de la fotografía: la inflación está erosionando los salarios, los precios de la vivienda están absolutamente desbocados y necesitamos mejorar la financiación de los servicios públicos.
¿Qué responsabilidad tienen los sindicatos en esa erosión de los salarios? ¿Es toda la culpa de la CEOE?
No es una cuestión de culpas, sino de intereses. La CEOE ha hecho una lectura del momento político y considera que, si hay un cambio de Gobierno, podrá negociar en mejores condiciones. Seguramente espera un Ejecutivo que reduzca cotizaciones sociales o modifique las obligaciones empresariales en las bajas médicas. Por eso ha preferido no abordar seriamente un nuevo acuerdo de negociación colectiva que permita subidas salariales importantes para compensar la inflación. Pero llueve sobre mojado, porque también han aprovechado que existía una mayoría parlamentaria capaz de bloquear reformas ambiciosas.
Una de ellas, la reducción de la jornada laboral. ¿Se ha perdido una oportunidad?
Ha sido una pena. Habíamos roto muchos dogmas sobre el funcionamiento del mercado laboral: se ha demostrado que es posible subir los salarios, mejorar la productividad y crear empleo simultáneamente. Era el momento de reducir la jornada, también por la digitalización de las empresas. La jornada media pactada en convenio está en torno a las 38,2 horas y queríamos extender legalmente esa reducción a los sectores que no han podido conseguirla. Ahora tendremos que intentarlo mediante la negociación colectiva.
Entre los grandes avances destaca el SMI. Yolanda Díaz ha fijado una subida del 5,3% para 2027. ¿Es suficiente?
Es una subida relevante, pero insuficiente para las organizaciones sindicales. Consolida un incremento del salario mínimo de prácticamente el 70% en ocho años, compatible con la creación de empleo. Pero quedan pendientes dos cuestiones fundamentales: el tratamiento fiscal y, sobre todo, la modificación del sistema de compensación y absorción de pluses. Era un compromiso del Gobierno que no se ha cumplido.
¿Van a firmar?
Con los tiempos que tenemos, no veo razonable una firma del SMI prácticamente en campaña electoral.
Hablando de elecciones, las encuestas dibujan un Gobierno de PP y Vox. ¿Cuáles son sus líneas rojas?
Me preocupan unas propuestas laborales y económicas que considero regresivas, ineficaces y antiguas. Nos devuelven a un país que pretende competir mediante bajos salarios y menor fiscalidad. El PP contempla en su programa económico suprimir los comités de empresa en compañías de entre 50 y 250 trabajadores. Sería una regresión democrática enorme. Y reducir impuestos y cotizaciones, como plantean estos partidos, obligaría a recortes drásticos en las pensiones. Eso supondría un conflicto social y también perjudicaría a una economía que está creciendo gracias a la inversión y la demanda interna.
La precampaña está marcada por la tragedia de Urda y la crisis del sistema ferroviario. ¿Se han asumido suficientes responsabilidades políticas?
A veces se plantean las dimisiones como soluciones casi de circo romano para problemas que son estructurales. Respeto la decisión de Óscar Puente, pero lo importante es analizar todos los posibles fallos e insuficiencias técnicas. La red ferroviaria ha multiplicado los trayectos y los pasajeros y, además, han entrado nuevos operadores. Hay que comprobar si funcionan adecuadamente los sistemas de coordinación, vigilancia y control. A partir de ese análisis habrá que establecer las inversiones necesarias y, si corresponde, adoptar otras decisiones de responsabilidad política.
Los sindicatos minoritarios reclaman reformar la Ley de Libertad Sindical porque consideran que CCOO y UGT monopolizan el diálogo social. ¿Aceptaría abrir el sistema?
Los sindicatos tenemos atribuida la defensa de los intereses generales de los trabajadores, no somos simplemente una suma de intereses corporativos. Para participar en el diálogo social hay que acreditar una representatividad suficiente, sectorial y territorialmente. No son porcentajes arbitrarios. Cuando negociamos leyes o convenios asumimos una responsabilidad enorme. Si cualquier sindicato con una representación mínima pudiera acceder a esas mesas, el sistema sería ingobernable y acabaríamos bloqueando la concertación social. El actual modelo de audiencia electoral me parece perfectamente razonable.
