Astrid Gil-Casares autoriza a la Comunidad de Madrid a revelar detalles de la venta del ático de Chamberí

Astrid Gil-Casares, la escritora y empresaria que vendió el ático de Chamberí por 6,3 millones de euros, ha autorizado a la Comunidad de Madrid a revelar los detalles de la operación inmobiliaria que persigue políticamente a Isabel Díaz Ayuso, según han confirmado dos fuentes a EL PAÍS. El Gobierno regional había pedido permiso a la vendedora, una figura de la jet set española, para incluir su nombre entre la información que deberá dar a conocer en las próximas semanas Planifica Madrid, la empresa pública a través de la que se adquirió el inmueble.

Gil-Casares, de acuerdo a las mismas fuentes, no ha puesto ningún problema a que se divulgue su nombre y así lo ha hecho constar por escrito. Su identidad no era ningún secreto, ya que la dio a conocer este periódico cuando publicó en julio la exclusiva de la compra. La empresaria ha cumplido con este requerimiento por mera formalidad porque, sobre el papel, la única que está sujeta al acuerdo de confidencialidad es ella ―se trata de una clausula unilateral―. Lo que firmaron en su momento las partes silencia a la vendedora, pero no a la administración, por lo que el acuerdo, en realidad, continúa tal y como se estableció.

Según explica la inmobiliaria de lujo que tramitó la venta, Promora, el acuerdo de confidencialidad no fue una exigencia de Gil-Casares, sino que fue propuesto por la propia agencia como una práctica habitual en este tipo de operaciones. Se trataba, aseguran, de un modelo estándar de Promora, que aceptaron ambas partes, y que establecía el compromiso de no revelar información sobre la operación durante determinados plazos. La inmobiliaria señala además que el documento no contemplaba ninguna penalización económica por incumplimiento, aunque sí podía derivar en responsabilidad jurídica.

La Comunidad de Madrid ha dilatado hasta ahora todo lo posible dar a conocer el expediente en el que debe aparecer cuál fue el procedimiento que culminó con la compra de este inmueble que no puede ser utilizado ni como oficina ni como residencia presidencial. En teoría, el ático iba a funcionar como despacho temporal de Ayuso, de acuerdo a las explicaciones que dio la presidenta en su momento, pero entonces no se conocía que se iba a hacer una remodelación en Sol, la sede actual.

La presidenta y su entorno llevan más de un mes sumidos en una crisis por esta extraña operación inmobiliaria. Las explicaciones que han ofrecido por ahora resultan insuficientes y preocupan hasta en su propio partido, el PP. Planifica Madrid ha recibido múltiples solicitudes de información al amparo de la ley de transparencia y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, presidente de Planifica Madrid, comparecerá en la Asamblea de Madrid. Al tiempo, el PSOE, un partido político y dos particulares han presentado denuncias ante la justicia que ya tramita el juzgado número 8 de Madrid.

Astrid Gil-Casares ha dado su consentimiento después de que Planifica Madrid le diera audiencia como tercera afectada ante las solicitudes de transparencia presentadas para acceder a la documentación de la compra. La confidencialidad, además, no fue una condición impuesta por ella. El consentimiento despeja una de las incógnitas que permanecían abiertas desde esta semana. Como adelantó EL PAÍS, Planifica Madrid comunicó el pasado 21 de agosto que suspendía el plazo para responder a las solicitudes de transparencia mientras daba audiencia a terceros interesados. Tres días después, el 24, recibió la respuesta y reanudó el procedimiento. Hasta ahora, este diario había señalado que la vendedora “previsiblemente” había dado su consentimiento a la publicación.

Fuentes conocedoras del proceso confirman ahora que Gil-Casares ha aceptado que se facilite la información. La escritora estuvo casada con el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, una de las grandes fortunas de España, de quien se divorció en 2017. Gil-Casares se quedó con el inmueble del paseo del General Martínez Campos como parte del acuerdo de divorcio.

Planifica Madrid, sin embargo, todavía no ha entregado la documentación. Tras recibir la respuesta de la vendedora el 24 de agosto, la empresa pública amplió en otros 20 días hábiles el plazo para resolver las peticiones, alegando el “elevado número de solicitudes de contenido diverso” relacionadas con el ático. Entre la información reclamada se encuentran los documentos que permitan conocer quién decidió la adquisición, el acta del consejo de administración que avaló la operación, el análisis de viabilidad, la tasación y la escritura pública de compraventa.

La existencia de un acuerdo de confidencialidad tampoco permite por sí misma mantener oculta toda la documentación de una operación realizada por una empresa pública. Planifica Madrid está sometida a la legislación de transparencia y puede proteger aquellos datos cuya divulgación afecte a derechos o intereses legítimos, pero debe justificar esos límites. Cuando la protección afecta únicamente a una parte de un documento, la legislación prevé facilitar el resto de la información, suprimiendo o anonimizando los datos afectados.