Conflicto por subarriendo ilegal de una nave industrial en San Blas-Canillejas

En el polígono Fin de Semana, dentro del distrito de San Blas-Canillejas, hay una nave industrial de 800 metros cuadrados que Odilón (peruano de 50 años) alquiló por 3.000 euros al mes para ampliar su taller y, de paso, guardar los coches de sus clientes. Fuera, en la calle, asegura que sufría constantemente "robos de catalizadores y filtros de partículas", lo que le suponía graves perjuicios económicos. Pero cuando fue a pedir la licencia de apertura, descubrió que la finca "arrastraba un historial de denuncias administrativas del propietario legítimo, que había utilizado el espacio para la compraventa fraudulenta de vehículos". La licencia fue denegada.

Decidió entonces instalar 12 módulos con pladur, "tipo bungalows", de 16 metros cuadrados para subarrendarlos entre 400 y 500 euros mensuales, gastos incluidos. Una "solución provisional", dice, "para no perder dinero" hasta poder deshacerse de la nave. Pero cuando habló con el propietario, éste le exigió devolver la propiedad tal y como la encontró. Es decir, sin infraviviendas y sin personas dentro.

Odilón dio un mes de margen a todos los inquilinos para marcharse, perdonándoles la última mensualidad. Y todos se fueron, excepto Carlos, su mujer y sus dos hijas (una de tres años y un bebé de ocho meses), que se negaron a dejar su choza. Poco después, según su arrendatario, dejaron de pagar.

Eso aumentó las tiranteces entre ambas partes. Odilón comenzó a retirar el resto de módulos, dejando todos los escombros repartidos por el suelo de la nave, convirtiéndola en un lugar sin las condiciones higiénicas adecuadas para vivir ahí. Asimismo, durante el desmontaje, quedó dañado el techo de la infravivienda de Carlos, también de Perú, quien aseguran a este diario que "lo hicieron a propósito para coaccionarnos". "Contactamos con un abogado para denunciar tanto ese episodio como el corte de suministros eléctricos. No nos los debían cortar. Esto ya está denunciado, y ahora estamos preparando otra querella por alquilar ilegalmente un local industrial como vivienda, solicitando la devolución de todas las mensualidades abonadas durante el tiempo que llevamos residiendo aquí. Nos van a devolver hasta el último euro".

Asimismo, este ciudadano admite que lleva tiempo buscando un nuevo hogar, pero de momento no ha tenido suerte. "Confío en que la asistente social nos ayude a encontrar una vivienda digna en los próximos meses ahora que ya he regularizado mis papeles en España. Yo de momento pagué mi cuota de junio, y también la de julio y agosto, pero estas no fueron aceptadas".

Para su casero, esto es mentira. Y se lanza al contraataque: "Contrataron a una persona no autorizada para realizar un enganche eléctrico, y eso constituye un fraude", dice Odilón, haciendo hincapié en que acabó durmiendo en los calabozos de Plaza de Castilla tras ser denunciado por las presuntas coacciones. "No entendía nada, finalmente me dejaron en libertad sin orden de alejamiento. Es increíble que las leyes defiendan al infractor", deslizaba el subarrendador.

Sin contrato firmado, ya que todo se hizo de viva voz, Odilón ofreció a la familia ayuda para costear uno o dos meses de alquiler en algún otro piso de la capital, además de una compensación económica de 3.000 euros en efectivo. Pero rechazaron la oferta tras asesorarse con su letrado.