Consejo de Política Fiscal aprueba reforma de financiación autonómica con 21.000 millones más

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este viernes la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que aportaría 21.000 millones más en recursos para sufragar los servicios públicos de las comunidades de régimen común. En la votación final, el Ministerio de Hacienda ha recibido el apoyo de los consejeros de Catalunya y de Canarias. Hay que recordar que el armazón de la reforma parte del pacto de investidura del PSC con ERC para investir a Salvador Illa president de la Generalitat. Todas las comunidades del PP han votado en contra esgrimiendo, precisamente, ese argumento, que es una medida acordada previamente con un partido independentista y, por tanto, no tiene consenso. Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, también han votado en contra. El 87% de las comunidades autónomas se opone a la propuesta del Gobierno.

Hacienda cuenta con la mitad de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de forma que, una vez confirmado que ha habido quórum, la aprobación de su planteamiento nunca ha estado en peligro. Catalunya participó en el diseño del modelo, que incrementa los recursos para la Generalitat en 4.686 millones cada año. Canarias, por su parte, gobernada por CC y cogobernada por el PP, ya comunicó en julio que apoyaría el planteamiento, como así ha confirmado.

Todos los consejeros de Hacienda del PP presentes han votado en contra de la propuesta de reforma planteada por Hacienda. A saber: Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja. También Ceuta y Melilla. Los argumentos para oponerse han ido modulando dependiendo del representante territorial. La consejera andaluza, Carolina España, ha sido de las más duras, como también lo ha sido el representante de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira. Términos muy similares ha empleado el consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz. La Comunidad de Madrid ha dejado su silla vacía y, por tanto, no ha votado. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llamó ayer a boicotear la reunión, pero ningún gobierno del PP ha secundado la propuesta.

El modelo que ha sido refrendado en el Consejo de Política Fiscal hoy contempla una distribución total de 224.507 millones entre las comunidades autónomas de régimen común. En el último año liquidado, que corresponde al 2023, recibieron 152.484 millones del sistema de financiación. Sin embargo, la reforma propuesta es voluntaria, de forma que sólo se aplicará a aquellos territorios que así lo acuerden con el Ministerio de Hacienda.

Además, Hacienda ha recordado que se trata de una propuesta que deberá debatirse y someterse a votación en las Cortes Generales. Por tanto, el Gobierno deberá pasar por un trámite mucho más complejo en el Congreso, donde necesita los votos de todos los socios de investidura, desde Junts a Podemos. ERC ya se ha abierto a incorporar propuesta planteadas por el partido de Carles Puigdemont en el trámite parlamentario.

El sistema de financiación autonómica hoy en vigor se aprobó en el 2009 con ningún voto en contra. Entonces España era muy diferente. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, fue la responsable de negociar el acuerdo. El conseller de Catalunya era Antoni Castells. El Gobierno logró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, así como de Cantabria, cogobernada entonces por PRC y PSOE, y Canarias, por CC y PP. Las comunidades en ese momento en manos del PP se abstuvieron por orden del presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy. El sistema en vigor lleva doce años caducado.

El siguiente paso corresponde al Consejo de Ministros, que deberá aprobar un proyecto de ley con la propuesta que ha superado hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el Gobierno afronta las próximas etapas con “voluntad de diálogo”, en clara referencia a Junts, a quien necesita para poder aprobar la reforma. “El Congreso tendrá la última palabra”, ha esgrimido.

España ha criticado que autonomías como la Comunidad Valenciana o Murcia, que tienen un problema de infrafinanciación, hayan votado en contra del acuerdo. El objetivo de la propuesta de Hacienda era romper la unidad en las comunidades del PP, algo que no ha sido posible.

El ministro España también ha denunciado que algunas de las propuestas que ha recibido su departamento de las comunidades del PP perjudicarían a otros territorios. Ha puesto el caso de una propuesta de Andalucía, que planteaba otros criterios para calcular la población ajustada (teniendo en cuenta la despoblación o el envejecimiento).