Centenares de personas se han concentrado este miércoles en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, en las proximidades del domicilio donde está previsto el cuarto y definitivo intento de desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años. En las cercanías del portal del edificio, un grupo de activistas ha organizado una sentada y agentes de la Policía Nacional los han desalojado de la entrada al inmueble para comenzar con el desahucio
Durante el procedimiento policial se han vivido situaciones muy tensas, con forcejeos y gritos, y la Policía ha estado varios minutos desalojando activistas que estaban atrincherados en el portal y las escaleras del inmueble.
Los manifestantes corean consignas como 'Maricarmen se queda', 'Esta señora podría ser tu abuela', 'No nos vamos, nos quedamos', 'Vergüenza me daría ser policía', 'Vergüenza me daría desahuciar a Maricarmen', 'Rentista culpable Gobierno responsable', 'Asesinos', 'Fuera, fuera' y 'El pueblo unido jamás vencido'.
En la protesta participan la eurodiputada Irene Montero y el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien ha lamentado que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, competentes en materia de vivienda, no le hayan ofrecido una solución a una mujer de 87 años que se va a quedar en la calle.
Maricarmen se enfrenta a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.
Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.
VIVIENDA URGE A AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD A INTERVENIR
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.
Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".
Al respecto, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. "El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado", indican.
En este sentido, subrayan que la afectada "es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales", como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición "diferentes recursos de alojamiento", pero que la mujer "ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza".
