Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han exigido a Israel que “retire inmediatamente” los planes de expansión del Ejecutivo de Beniamín Netanyahu en la Cisjordania ocupada, en especial el asentamientos conocido como 'E1', que dividirá el norte y sur de ese territorio. “Estas medidas no solo nos alejarán aún más de la paz, sino que continuarán debilitando la posición de Israel en la escena internacional”, advierte la declaración.
La parálisis europea sobre cómo actuar frente a los abusos de Israel es tan profunda que los países comunitarios ni siquiera se ponen de acuerdo en prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales como represalia por las matanzas en territorio palestino. La última reunión de los embajadores de los Veintisiete antes de la pausa veraniega constató una completa falta de avances, de tal manera que la presidencia irlandesa del Consejo de la UE ha renunciado a organizar una reunión extraordinaria de ministros en agosto para zanjar la cuestión.
Las negociaciones se posponen, ahora, a principios de septiembre, a la reunión informal de titulares del ramo que se celebrará en Wicklow (Irlanda), algo que, según reconocen varios diplomáticos comunitarios, ahonda el sentimiento de “frustración” entre gran parte de los países y el Servicio de Acción Exterior (SEAE) dirigido por Kaja Kallas. “Está en juego la credibilidad de la UE en el mundo”, avisa una fuente europea, describiendo el mal humor en la sala. “Esta inacción continuada no solo es difícil de conciliar con las obligaciones de la UE en virtud del Derecho internacional y del Derecho de la Unión, sino que también inflige un daño duradero a la credibilidad moral y a la integridad general de la Unión”, opina Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet en HEC París.
“Va la UE a prohibir finalmente el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania? Podríamos incluso organizar otra reunión. Quizá. Ya se verá”, ironizaba el eurodiputado izquierdista belga Marc Botenga tras el fiasco de la última reunión de ministros de Exteriores. El Parlamento Europeo respaldó en septiembre del año pasado la propuesta comunitaria de suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel, pero la última palabra, de nuevo, la tienen los Estados miembros profundamente divididos.
Desde el 2004, el bloque exige diferenciar a los productos que proceden de los asentamientos israelíes, que no gozan de las mismas ventajas comerciales que el resto de los bienes beneficiados por el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE e Israel. Sin embargo, un estudio de Global Echo revela que aproximadamente uno de cada cinco envíos destinados a la UE contiene productos de territorios ocupados, los cuales son presentados falsamente como originarios de Israel. Las empresas en cuestión se valen de direcciones falsas o técnicas como mezclar las mercancías para eludir las normativas de etiquetado, con un comercio que, según el documento, ayuda a sostener económicamente la ocupación de Palestina y los Altos del Golán sirios.
Todos estos asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional por la mayoría de la comunidad internacional y la ONU, y hace dos años el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ) dictaminó que violaban el derecho internacional. Una investigación de la ONU publicada en junio señalaba que los ataques de colonos israelíes contra aldeas palestinas y los territorios agrícolas han aumentado un 130% desde el 2023, también con episodios protagonizados por grupos de agresores enmascarados, con apoyo financiero y militar de Israel. Este verano ya se han convertido en la nueva normalidad, sin que nada de esto haya parado los pies al Gobierno de Beniamin Netanyahu, que acaba de destinar nuevos fondos a la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Esto, según Bruselas, implicará una “una creciente fragmentación y aislamiento de las comunidades palestinas” y las expondrá “a un mayor riesgo de violaciones de los Derechos Humanos”.
España está a la vanguardia del grupo de países europeos partidarios de ser estrictos contra los colonos violentos, y en septiembre del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto prohibiendo de manera expresa la importación y comercialización en territorio nacional de bienes originarios de los asentamientos israelíes. En el otro lado se encuentran Alemania y otros países partidarios de evitar la confrontación con Israel, como Hungría o República Checa. El debate se ha enredado a nivel legal, porque tanto Berlín como la Comisión Europea consideran que se trata de medidas que tienen que ver con la política exterior, por lo cual requerirían la unanimidad de los Estados miembros, mientras otro grupo nutrido de países, entre los cuales forma parte España, creen que concierne la política comercial de la UE y por lo tanto, bastaría con que lo pidiese una mayoría cualificada de los Estados miembros. Es decir, por lo menos 15 países que representen el 65% de la población de la UE.
La clave, de nuevo, está en Roma: si Italia cambia de postura, la masa de Estados dispuestos a apostar por esta solución sería ya importante. De momento, en julio el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, pidió una “evaluación exhaustiva” y que se apruebe por unanimidad.
“Vamos muy tarde, pero algo se va moviendo y se va forjando una mayoría que podría dar lugar a tomar una decisión que es moralmente debida, es políticamente adecuada y es legalmente perfectamente posible”, apunta Nacho Sánchez Amor, diputado socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara. “Dejemos el truco de que esto es un asunto de política exterior que requeriría unanimidad. Esto es un asunto de comercio. Ya está bien de que se rían de nosotros y de los consumidores europeos con todo tipo de trucos en las etiquetas”, insiste el eurodiputado.
