El acuerdo de Meta con los fiscales estadounidenses: ¿victoria o impunidad?

Los fiscales buscaban repetir el mayor acuerdo civil de la historia de Estados Unidos, aquel que 46 Estados, Washington DC y otros cinco territorios estadounidenses firmaron con las principales compañías tabaqueras en 1998. Para eso era crucial conseguir que Meta fuese juzgada como un vendedor de cigarrillos y no como un medio de comunicación. Gestionar contenidos es una actividad editorial protegida por la primera enmienda y por la Sección 230, que hace irresponsables a las plataformas de los contenidos que los usuarios suben a sus servidores. Pero no así el algoritmo que decide qué contenidos ve cada usuario. El código que bombardea deliberadamente a niños deprimidos con mensajes que romantizan el suicidio, que conecta deliberadamente a adolescentes furiosos y desencantados con criminales que glorifican la violencia, y que deliberadamente ha convencido a miles de millones de mujeres de todas las edades que sus cuerpos son tan deformes que requieren una reforma integral. Eso es un producto diseñado por Meta para ser adictivo, con grandes riesgos para la salud.

Lo habrían conseguido. La industria tabacalera invirtió millones en ocultar y negar el hecho de que su producto provocaba cáncer. La prueba de que aquellas empresas conocían internamente los riesgos del tabaco y siguieron promocionando los beneficios saludables de su consumo fue uno de los elementos determinantes que propiciaron el histórico acuerdo de 1998. Arturo Bejar, exingeniero y responsable de seguridad de Meta, declaró que Mark Zuckerberg recibía sus informes y llamadas constantes sobre el impacto del algoritmo en la salud mental, incluyendo el hecho de que facilita conexiones entre los niños y depredadores sexual. No sólo no hizo nada por mitigar sus efectos sino que juró en el Senado, y en numerosas entrevistas y comparecencias, que la seguridad de los niños era su prioridad. Sus declaraciones refuerzan las de Frances Haugen en 2021. No se trata de una negligencia aislada sino de un patrón de conducta estructural: Meta hace negocio con menores a sabiendas de la toxicidad del producto.

Más importante todavía: el destino les regaló un precedente. El pasado marzo, un juez de Nuevo México sentenció a favor de una adolescente californiana que demandó a Meta en 2023 por comercializar un producto adictivo que le generó ansiedad, depresión y dismorfia corporal. Esa bala era muy difícil de esquivar. Un documento judicial reveló que los abogados de Meta habían estimado un riesgo de 1,4 billones de dólares. Gracias al acuerdo, Meta ha conseguido esquivar toda responsabilidad jurídica y pagará hasta 18.000 millones de dólares, una cantidad muy inferior a los 200.000 millones que solicitaban los fiscales.

Doscientos mil millones era la cifra que firmaron las tabacaleras en 1998. También es, curiosamente, la cantidad de ingresos que Meta declaró en su último cierre fiscal. Meta pagará 18.000 dólares que encogen todavía más cuando leemos la letra pequeña. Unos 12.700 millones serán abonados a lo largo de 10 años, apenas un 0,63% de sus ingresos anuales. El 30% restante sólo los pagará si YouTube y TikTok acceden a realizar pagos equivalentes y a adoptar las mismas restricciones y mecanismos de verificación de edad. Una condición que no tiene precedentes, ni siquiera en la América de Trump.

Meta se compromete a establecer un uso máximo de dos horas diarias para los menores, sumando las de Facebook e Instagram. Impondrá restricciones nocturnas de 12 a 6 de la mañana y silenciará las notificaciones durante horario escolar. Les recordará cada 15 días la posibilidad de desactivar la reproducción automática y de elegir un feed no personalizado por el algoritmo de recomendación. No podrán ver el número de likes, ni suyos ni ajenos, para no incentivar agravios comparativos, y bloqueará filtros “extremos” de maquillaje y cirugía estética. Estas restricciones, que entraban ya en el plan de la Comisión Europea, tienen un plazo de cinco años y están sujetas de un solo clavo: la verificación de edad.

Meta ya prohíbe a los menores de 13 años usar sus plataformas, pero no lo consigue. Australia ha prohibido las redes sociales hasta los 16. En cuatro meses, los menores australianos han recuperado el acceso a sus redes mintiendo sobre su fecha de nacimiento o ignorando las solicitudes de verificación de edad. Según Zuckerberg, nada se puede hacer si los niños mienten. La empresa que registra los contenidos y movimientos de miles de millones de personas, para inferir quiénes son y entender sus gustos, aspiraciones y vulnerabilidades, es incapaz de identificar el lenguaje, los horarios, las expresiones y los selfis de un niño de 12 años.

Argumentan que, para verificar la edad de los niños de forma fiable necesitarían documentos de identidad, información biométrica o registros detallados de su actividad en internet. Ni EE UU permite que las empresas recopilen datos personales de menores de 13 años sin consentimiento paterno. Irónicamente, salen de este acuerdo con más acceso a los menores, en lugar de menos: ahora Meta podrá utilizar temporalmente datos generados por los menores que los identifique de forma definitiva, con el fin de entrenar un modelo de IA que los detecte de forma automática. Esto en EE UU. En la UE, un tribunal acaba de impedir a Emmanuel Macron prohibir las redes sociales a menores de 15 años, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión que concluyó que el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y sistemas de recomendación personalizados eran perjudiciales para los niños e incumplen la ley de servicios digitales, podría sanseacabar el asunto permitiendo acceso a todos los menores con permiso parental.

La principal ventaja del acuerdo de conciliación de Meta con los 52 fiscales generales de EE UU es que esquiva una estrategia habitual de las multinacionales: litigar con recursos, cuestiones procesales y apelaciones hasta agotar las fuerzas de la Administración. La cuestión es si los términos son tan favorables para la empresa que, más que a pagar, le sale a devolver. Tiene que pagar una fracción de lo que gana haciendo publicidad segmentada a través de sistemas de recomendación opacos y adictivos basados en la extracción de datos para su explotación política y comercial. La sociedad civil ha tratado de hacer el trabajo que no quiere hacer el Congreso: proteger a los niños e impedir que los poderosos operen fuera del marco democrático. Un esfuerzo heroico, que merece nuestro aplauso y nuestra admiración. Pero el acuerdo es tan favorable para Meta que, al anunciar el acuerdo, sus acciones subieron el lugar de bajar.