El consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García, ha renunciado a declarar por videoconferencia y ha pedido hacerlo presencialmente ante el juez para responder a la querella presentada por Pascual Pérez, fundador de Finetwork, una compañía cuya titularidad se disputan ambas partes. El juicio se celebrará este martes, 1 de septiembre, y García acudirá al juzgado con el propósito, según sus propias palabras, de desmontar la “trama de falsedades” construida contra Vodafone y contra él. “Estaba convocado por videoconferencia, pero he pedido declarar presencialmente para desmontar la trama de falsedades y argumentos sin fundamento construida contra Vodafone y contra mí”, ha asegurado García en declaraciones a EL PAÍS/Cinco Días.
La declaración se enmarca en la querella presentada por Pascual Pérez, fundador y exaccionista mayoritario de Finetwork, contra el máximo ejecutivo de Vodafone España. La acusación atribuye a García, según la querella, presuntos delitos de administración desleal agravada, falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible. Los hechos denunciados se sitúan entre octubre de 2025 y abril de 2026, periodo en el que García simultaneó la dirección de Vodafone España con el cargo de administrador único de Wewi Mobile, sociedad matriz de Finetwork. La acusación sostiene además que la deuda exigida a Wewi llegó a superar los 227 millones de euros y sitúa el marco teórico de las penas en un máximo acumulado de 23 años de prisión.
Vodafone rechaza estas acusaciones y sostiene que la querella atribuye a García decisiones anteriores a su llegada al control de Wewi, que se inició en noviembre de 2025. La defensa sostiene que la situación de endeudamiento de Finetwork era muy anterior a la llegada de García y que las actuaciones de Vodafone estuvieron dirigidas precisamente a recuperar una deuda acumulada durante años, evitar el colapso de la compañía y preservar la continuidad del negocio.
La disputa hunde sus raíces en la relación comercial iniciada en 2019, cuando Wewi suscribió con Vodafone un contrato como colaborador comercial para vender sus servicios a cambio de comisiones. Los problemas aparecieron posteriormente. En 2023, Wewi acumulaba ya una deuda relevante con Vodafone y solicitó transformar la relación en un acuerdo mayorista que le permitiera operar con mayor autonomía, pero que también asumía las cantidades pendientes.
La defensa de Vodafone sostiene que, mientras el entonces CEO de Finetwork, Óscar Vilda, realizaba declaraciones públicas en las que situaba el valor de la compañía por encima de los 300 millones de euros, la empresa ya acumulaba una deuda millonaria con Vodafone y atravesaba una situación financiera comprometida. Las cuentas anuales de 2023 auditadas por Deloitte reflejaron, según la documentación de la defensa a la que ha tenido acceso este diario, incorrecciones materiales e incluyeron una salvedad relacionada con la incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha.
Ante el incremento de los impagos, Vodafone demandó a Finetwork en enero de 2024 por incumplimiento de contrato. Cuatro meses después, ambas compañías alcanzaron un acuerdo homologado judicialmente en el que Finetwork reconoció una deuda de 63,1 millones de euros. El pacto estableció un calendario de pagos fraccionados por 19,8 millones y contemplaba la liquidación del resto del montante conforme a las condiciones acordadas. El incumplimiento del calendario permitía reclamar judicialmente la totalidad de la deuda.
El acuerdo incluía además la migración a Finetwork de clientes que hasta entonces pertenecían a Vodafone. La operación proporcionaba a Wewi una cartera propia con la que podía buscar inversores o financiación. Pocos días después, la compañía anunció la entrada de KAI en su capital con una aportación de diez millones de euros. Sin embargo, entre junio y diciembre de 2024 volvieron a producirse retrasos en los pagos. Vodafone mantuvo el servicio pese a los impagos, asumiendo costes con terceros. En diciembre solicitó la ejecución judicial del acuerdo por el incumplimiento del calendario establecido.
En marzo de 2025, la deuda pasó a fase ejecutiva y el juzgado ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Wewi. Un mes después, la compañía comunicó el inicio de negociaciones preconcursales, mientras Vodafone solicitaba el nombramiento de un experto independiente. El juzgado designó a FTI & Partners Corporate Recovery Spain y suspendió temporalmente las ejecuciones mientras se negociaba una solución.
En septiembre de 2025, el juzgado homologó un plan de reestructuración liderado por Vodafone que otorgó a la operadora el control del 99,4% de Wewi mediante un canje de deuda por participaciones. La toma de control recibió posteriormente la autorización del Consejo de Ministros y la validación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en noviembre. Ese mismo mes, José Miguel García fue nombrado administrador único de Wewi. Vodafone ha sostenido que desde enero de 2025 Finetwork no había vuelto a realizar pagos por el uso de sus servicios de red.
Tras asumir el control, Vodafone asegura que encontró una realidad muy diferente de la trasladada hasta entonces por los gestores de Finetwork. La cartera real de clientes se situaba por debajo del millón de líneas que la compañía había anunciado alcanzar a finales de 2024. También se detectaron caídas significativas de ingresos y ebitda (resultado bruto de explotación), así como pérdidas durante los ejercicios 2024 y 2025. La defensa sostiene que estas magnitudes confirmaban un deterioro del negocio anterior a la llegada de García y que las medidas adoptadas por Vodafone estuvieron dirigidas a estabilizar la compañía, reducir las bajas y mejorar la captación de clientes de mayor valor.
Vodafone puso en marcha un plan de estabilización comercial y lanzó una campaña publicitaria con una fuerte inversión en medios para reposicionar Finetwork. Según Vodafone, estas medidas permitieron estabilizar los ingresos mediante una combinación de nuevas altas, menor pérdida de clientes y una gestión más eficiente de la cartera.
Paralelamente, la compañía identificó contratos con proveedores que imponían elevados compromisos de pago futuros, comisiones recurrentes consideradas excesivas en el canal comercial y compromisos de patrocinio que, a juicio de Vodafone, no guardaban relación con la situación económica de Wewi. Durante su etapa al frente de la compañía, renegoció o rescindió parte de esos acuerdos y diseñó un nuevo modelo de comisiones. En marzo de 2026, una revisión técnica de la sede central de Wewi en Elda detectó, según Vodafone, deficiencias de seguridad y salubridad. El inmueble estaba alquilado por un precio que triplicaba la media de mercado.
En abril de 2026, la Audiencia Provincial de Alicante estimó la impugnación presentada por los socios de Finetwork y anuló la homologación del plan de reestructuración, devolviendo las acciones de Wewi a sus propietarios originarios. A raíz de la resolución judicial, el 12 de junio Vodafone depositó ante notario en Elda las llaves y la documentación societaria de Wewi que conservaba para que fueran retiradas por los antiguos propietarios. La entrega efectiva se produjo el 8 de julio, casi cuatro semanas después. La titularidad de las marcas comerciales, sin embargo, permaneció en manos de Vodafone, tras adquirírselas en noviembre de 2025 a Pascual Pérez por 15 millones.
