El caso Plus Ultra se reactiva tras el verano con la colaboración de ex directivos que confirman el papel de Zapatero en el rescate ilegal

El caso Plus Ultra se reactiva a la vuelta de las vacaciones estivales con dos declaraciones claves: la del ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del ex CEO de la compañía, Roberto Roselli, quienes, tal y como avanzó EL MUNDO, decidieron el pasado mes de julio colaborar con la Justicia al igual que ya hizo el empresario Julio Martínez Martínez.

Ambos imputados confirmarán el papel clave del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate estatal de la aerolínea y el pago de una comisión ilegal de un 1% por las gestiones presuntamente realizadas por el ex líder del PSOE.

Según indican fuentes próximas a los ex directivos, tanto Martínez Sola -que comparece hoy- como Roselli -que lo hará mañana- prevén responder a las preguntas que le formulen el juez instructor, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y sus respectivos letrados.

Según ha podido saber este periódico, tanto Martínez Sola como Roselli tienen previsto explicar en sede judicial que recurrieron a Zapatero y a su presunto testaferro, Julito Martínez Martínez, con el objetivo de salvar a la compañía. Ellos desconocen con quién ejerció esa intermediación el ex presidente del Gobierno, pero pagaron por las gestiones y lograron acceder a 53 millones de euros de ayudas públicas por parte del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

En el caso del ex presidente de Plus Ultra relatará cómo el 30 de abril de 2020 recibió una llamada desde un número oculto por parte del propio ex presidente Zapatero. Contará que en el transcurso de la conversación de aproximadamente 10 minutos explicó al ex líder del PSOE la difícil situación financiera que atravesaba la compañía y la necesidad de acceder a un crédito ICO. Según Martínez Sola, Zapatero le respondió que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. También le indicó que, de ahí en adelante, mantendría las comunicaciones con una persona de su confianza, en referencia a Martínez Martínez.

El empresario prevé explicar que, en un primer momento, tanto él como Roselli pensaron que esas gestiones de Zapatero no tendrían coste alguno pero, con posterioridad, se dieron cuenta de que sí. Los ex directivos de Plus Ultra abundarán, no obstante, en que desconocen los acuerdos internos que pudieron establecer Julito y el ex presidente del Gobierno para el reparto del dinero de la mordida.

La investigación de la Audiencia Nacional ha revelado, gracias a la trazabilidad de los pagos, que la comisión ilegal del 1% del rescate se desglosó en pagos efectuados a varias empresas controladas por Julio Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL y 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL. Además, los ex directivos de Plus Ultra también detallarán que, aunque Julito tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros pactados, aceptó finalmente que entre los abonos quedara comprendido un pago en especie valorado en 69.000 euros -consistente en los billetes de clase business que la aerolínea fue poniendo a su disposición-.

Rechazo a la nulidad

A estas confesiones, se suma el revés en la estrategia de defensa que sufrió el pasado viernes el ex presidente Zapatero cuando el juez Calama cerró la puerta a anular la causa en un auto firme -contra la decisión del magistrado no cabe interponer recurso alguno-.

Hasta ahora la defensa de Zapatero ha pasado por dos extremos. Por un lado, el ex líder del PSOE ha negado de manera categórica haber ejercido influencia alguna para lograr el rescate de Plus Ultra y, por otro, su letrado, el catedrático Víctor Moreno Catena, ha tratado de anular el procedimiento argumentando vulneración de derechos fundamentales.

En el auto, notificado el pasado viernes, el juez Calama rechazó anular todos los hitos relevantes de la instrucción: la asunción de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos, las entradas y registros practicadas, el bloqueo de cuentas bancarias de la familia Zapatero, la incoación de la pieza separada por el hallazgo de las joyas, etc.

En este contexto, las fuentes jurídicas consultadas indican que la estrategia de defensa del ex presidente del Gobierno queda herida de muerte tanto por la colaboración con la Justicia establecida por el resto de investigados como por haber confiado en que lograría una nulidad del procedimiento.

A esto se suma que, desde que el pasado 19 de mayo los agentes de la Udef se incautaron las joyas millonarias que escondía el ex presidente socialista en una caja fuerte de su despacho oficial, el investigado no ha ofrecido explicación alguna ante la Justicia.

Cuando Zapatero fue citado en calidad de imputado a declarar en la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio rehusó a dar explicaciones a Calama sobre las joyas valoradas en al menos 1,3 millones de euros. Este silencio, prolongado durante semanas -aunque el ex presidente del Gobierno marcó un plazo de 10 días para ofrecer una explicación-, constituye para los investigadores un "indicio poderosísimo" contra el imputado quien, de momento, continua siendo a todas luces incapaz de acreditar el origen lícito de las piedras preciosas.