El Gobierno acelera la inhabilitación de comercializadoras eléctricas irregulares

De un total de 504, unas 130 permanecen inactivas y otras funcionan al ralentí. Y con buen criterio, el Ministerio de Transición Ecológica ha subido marchas en la criba de comercializadoras eléctricas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el pasado jueves el procedimiento de inhabilitación para 25 firmas. Dos días después, el sábado, se tomaba la decisión más mediática. La Dirección General de Política Energética anunciaba el inicio del procedimiento para inhabilitar a la comercializadora Holaluz, a la sazón suspendida de cotización este lunes en el BME Growth. En este último caso, la decisión se produce por razones estrictamente económicas y por deudas con una distribuidora. La compañía ya prepara alegaciones. La cuestión de fondo, empero, supera la problemática puntual de una compañía. De hecho, es una problemática de largo alcance.

No hay un país europeo donde existan tantas comercializadoras de electricidad. De hecho, hasta hace relativamente poco, cualquiera que no se situara en el entorno regulado podía alumbrar su propia firma sin demasiados obstáculos. Por un lado, estaban las piratas, que se aprovechaban de un sistema en extremo garantista que precisaba autorizaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de la propia Red Eléctrica (REE) para clausurarlas. Estas, en más de un caso, compraban la electricidad y no la pagaban, generando un agujero al sistema. Por otro, se hallaban las fantasmas, que por desidia o por conveniencia –siempre es mejor tener acceso a la información con antelación– se mantenían en los registros sin una operativa real. Esta anomalía de facto había quedado laminada por un real decreto aprobado por el Gobierno a principios de febrero, que traspuso el Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica de la Unión Europea. En función de la nueva normativa, las comercializadoras pueden ser inhabilitadas si no adquieren energía en el mercado en el plazo de seis meses desde la fecha del inicio de su actividad. Además, Transición tiene ya la potestad de inhabilitar de oficio a las empresas que no cumplan, sin necesidad de pasar por Competencia o REE.

Transición acierta con este decidido paso adelante para poner coto a las irregularidades. No solo es fundamental reforzar la solvencia y la credibilidad del mercado minorista de la electricidad, sino que es imprescindible salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema. Mejor acotar ya el problema que afrontar en el futuro un posible nido de fraude.