El Consejo de Ministros ha alumbrado este martes un nuevo paquete de medidas para responder a la crisis de acceso a la vivienda con una dotación de 225 millones de euros destinados a desarrollar vivienda asequible en zonas de alquiler declaradas tensionadas y a crear unas 2.000 plazas de alojamiento para estudiantes, docentes e investigadores universitarios en diferentes puntos del país.
El paquete se articula en dos reales decretos-ley que tendrán que ser aprobados por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El primero de ellos, dotado con 180 millones de euros, regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Su objetivo pasa por incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en los 317 municipios de cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.
Cataluña se lleva la mayor parte del montante porque, tal y como ha explicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, alberga la mayor proporción de familias afectadas por la crisis de precios. En concreto, hay 271 municipios catalanes declarados en tensión y para ellos se adjudican 119,4 millones de euros; para el País Vasco, con 18 municipios tensionados, irán 31 millones de euros; 13,3 millones para Navarra (21 municipios), 10,2 millones de euros para Galicia (La Coruña y Santiago) y 5,9 millones de euros para Asturias (5 municipios).
Con esta financiación, el Gobierno pretende que las comunidades autónomas desarrollen medidas en diferentes ámbitos, como la promoción y/o rehabilitación de viviendas, o soluciones habitacionales alternativas, que se vayan a destinar al alquiler asequible o social con independencia de la calificación y titularidad del suelo.
También para la adquisición de suelo con edificabilidad residencial de uso vivienda, o soluciones habitacionales alternativas; el desarrollo y urbanización de suelo para uso residencial de vivienda o soluciones habitacionales alternativas; la adquisición de viviendas o soluciones habitacionales alternativas para ser destinadas al alquiler social o asequible y para la cobertura por impago de contratos de arrendamiento de viviendas.
Plazas universitarias
El segundo real decreto-ley, dotado con 45 millones de euros, pretende abordar la problemática a la que se enfrentan muchas familias con hijos que tienen que marcharse a otras ciudades para cursar las carreras universitarias que desaean, así como parte de la comunidad docente e investigadora de las universidades.
La propuesta pasa por una concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios por parte del Ministerio de Vivienda a siete universidades con proyectos concretos con viabilidad a corto plazo. Se prevé la creación de 2.000 alojamientos universitarios en una primera fase.
Las actuaciones alcanzadas se ubican en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana y contemplan 13,3 millones de euros para la Universidad Autónoma de Madrid, 8,1 millones para la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), 6,5 millones para la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 5,9 millones para la Universidad de Burgos, 4,5 millones para la Universidad Jaime I de Castellón, 3,5 millones para la Universidad de Jaén y 2,9 millones para el Ayuntamiento de Lérida.
