Se establece un mando único liderado por el ministro Ángel Víctor Torres para gestionar la crisis migratoria y la recuperación económica de la ciudad autónoma.
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La medida se basa en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Se toma como referencia la gestión de la crisis migratoria de Arguineguín en 2020.
El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto de situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, medida que estará vigente desde mañana -cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- hasta el próximo 31 de diciembre y por la que se activa un mando único bajo el liderazgo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Es la primera vez que se activa esta declaración y, además, tiene carácter prorrogable. Se pone en marcha tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por Pedro Sánchez.
Sobre su duración hasta finales de año, fuentes del Gobierno explican que se ha fijado hasta esa fecha -con posibilidad de que se amplíe, si fuera necesario- en base a lo que se tardó en normalizar la crisis migratoria de Arguineguín, en Canarias, donde llegaron hasta 30.000 inmigrantes en 2020.
Torres contará con un órgano colegiado con representación de la ciudad autónoma -estará su presidente, Juan Jesús Vivas-, la delegación del Gobierno en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), once ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional.
El titular de Política Territorial, que actuará como autoridad funcional, ha anunciado que se desplazará este mismo martes a Ceuta para tener reuniones y que ha solicitado comparecer “inmediatamente”, a ser posible el próximo jueves 3 de septiembre, en la comisión mixta de Seguridad Nacional, formada tanto por diputados como por senadores.
Ángel Víctor Torres ha concretado que la prioridad de este comité especializado será la “devolución y repatriación” de la gran mayoría de migrantes que aún permanecen en la ciudad. Ello incluye tanto a mayores como a menores, pero ha remarcado que se hará “siguiendo el ordenamiento jurídico” y que, en el caso de los últimos, hay una “serie de condiciones” que habrá que respetar. Además, el órgano que encabezará trabajará por la “recuperación económica y social” de Ceuta con la ampliación del plan integral aprobado en 2022, así como la “respuesta humanitaria y acogida”.
La aplicación de la declaración de situación de interés general requiere su aprobación a través de un real decreto e inmediatamente se tiene que informar al Congreso de las medidas adoptadas, pero sin necesidad de que se someta a votación. La declaración está regulada por el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional.
“Ceuta es hoy el corazón de España y el Gobierno ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta y con los recursos que hagan falta”, ha señalado la ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En esta nueva fase, Saiz ha enfatizado que se requiere “reforzar la coordinación entre autoridades y administraciones implicadas”. La portavoz del Gobierno, que estuvo toda la semana pasada en la ciudad autónoma, regresa mañana a Ceuta.
Además, el Gobierno ha aprobado transferir 25 millones de euros a Ceuta para la atención de la infancia migrante llegada a la ciudad. Dicha partida se va a someter a votación en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, que tendrá lugar este jueves.
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Comparecencia de Ángel Víctor Torres en la comisión mixta de Seguridad Nacional.
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