El PP denuncia una "maniobra deliberada" de Exteriores para impedir "por la vía de los hechos" la suspensión de la 'ley de nietos'

"La sospecha es que estamos ante una maniobra deliberada". El Partido Popular denuncia la pasividad del Ministerio de Exteriores a la hora de cumplir con el mandato del Tribunal Supremo (TS) para discriminar a los nacionalizados a través de la ley de nietos que no pueden votar. Y cree que se trata de un ardid para saltarse la prohibición cautelar del Alto Tribunal.

EL MUNDO ha avanzado este domingo que la tardanza del Ministerio de Exteriores en reunir los datos de los 163.000 nacionalizados que tienen suspendido el derecho a voto amenaza con desatar una enorme batalla legal después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y un aluvión de impugnaciones de los resultados.

Preguntadas por esta información, fuentes del PP han asegurado que "esta situación no es casual ni responde a un problema burocrático sobrevenido". "La sospecha es que estamos ante una maniobra deliberada: dejar pasar el tiempo para hacer materialmente imposible el cumplimiento de la resolución judicial sin que nadie pueda ser acusado directamente de desobediencia".

Es decir: el PP acusa al Ejecutivo de intentar "conseguir por la vía de los hechos lo que el Supremo ha impedido por la vía del Derecho".

Como reveló EL MUNDO el viernes, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, que pertenece al Ministerio de Exteriores, no le ha trasladado todavía a la Oficina del Censo los datos no informatizados sobre quiénes son los afectados por las medidas del Supremo para suspender cautelarmente el voto, cuáles de ellos han certificado que son nietos o hijos de exiliados y, en general, quienes cumplen o no con la ley.

Las autoridades electorales la Oficina del Censo han constatado que ahora mismo no hay visos de que se pueda cumplir al 100% lo que ha ordenado el Supremo: que el Gobierno discierna a tiempo, uno a uno, cuáles de los nacionalizados por la ley de nietos puede votar y cuáles no.

Para el equipo de Alberto Núñez Feijóo, eso "es consecuencia de la inacción del Gobierno, que desde el 10 de septiembre sabía que debía movilizar todos los medios necesarios para cumplir el auto del Tribunal Supremo y garantizar la revisión del censo electoral", pero no lo ha hecho.

Fuentes de Exteriores aseguran que "los consulados de España están poniendo la máxima diligencia para cumplir las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre el voto de las personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática". "Los funcionarios del Servicio Exterior están dedicando todo su tiempo a este esfuerzo. Lo hacen en un plazo excesivamente breve para el volumen de expedientes, gran parte de ellos sin informatizar, y en un calendario acelerado por la convocatoria electoral", lamentan.

Pero en el PP insisten en que no hay excusa que valga, como ya dijo el TS el 13 de octubre: "El Gobierno tiene la obligación de garantizar unas elecciones limpias el 29 de noviembre. Solo tener que recordarlo demuestra la gravedad de lo que está ocurriendo". "No hablamos únicamente del censo electoral, sino del respeto a la Justicia, de la seguridad jurídica y de la confianza de los españoles en sus instituciones", añaden las fuentes del PP consultadas por este diario.

Si el bloqueo burocrático continúa y no hay manera de censar al 100% el veto a los votantes suspendidos, el Supremo deberá decidir entre anular todo el voto exterior o levantar las medidas cautelares y permitir un escrutinio total.

Ambas opciones generarían la impugnación de las elecciones en cada circunscripción. Bien por parte de los partidos de izquierdas -por ejemplo, Félix Bolaños, del PSOE, ha denunciado el "censo alterado"-, bien por parte de Vox y Iustitia Europa, que fueron quienes recurrieron este asunto ante el Alto Tribunal.

Nadie -ni la Junta Electoral Central, ni la Oficina del Censo, ni Exteriores, ni el propio Supremo- tiene claro a esta hora cómo se va a constituir finalmente el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).