El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destituido y detenido por presunta corrupción

El reloj marcaba las 18.50, hora paraguaya, cuando los 44 senadores del Congreso emitieron el mismo grito unánime: “¡Por la condena!”. El juicio político que amenazaba con prolongarse durante días concluyó el viernes —en poco menos de 10 horas— con la decisión mayoritaria de los senadores, incluidos los del Partido Colorado en el Gobierno, de destituir al presidente Santiago Peña, acusado de ser responsable del fraude financiero del Banco Ueno.

El Ministerio Público ordenó su detención en medio de las investigaciones por la ruina de la entidad que fue liquidada por el Banco Central dejando sin ahorros a casi tres millones de personas, el 60% de la población adulta de Paraguay. Peña queda bajo arresto domiciliario y a disposición de la justicia. La noche del viernes fue juramentado como nuevo jefe del Estado el vicepresidente, Pedro Alliana.

La destitución por parte de los senadores marca la caída en desgracia del tecnócrata de 47 años que llegó al poder con un discurso modernizador que proyectaban una imagen renovada del partido, que ha decidido dejar solo a su adalid. Peña perdió el respaldo de su agrupación política y la confianza del viejo cacique de esta, el expresidente Horacio Cartes, que respaldó el juicio político.

En la plaza frente al Congreso, miles de ciudadanos, furiosos por las pérdidas de sus ahorros, estallaron con gritos de júbilo, enarvolando banderas y entonando la canción Patria querida, en una muestra de alivio colectivo en medio de las dudas sobre el futuro de sus ahorroros.

El político caído en desgracia intentó maniobrar para hallar una salida no tan humillante del poder. Intentó primero presentar su renuncia, que le hubiera permitido ser senador vitalicio y le hubiera garantizado fueros para impedir un proceso judicial en su contra, pero los legisladores no la aceptaron. Buscó luego ganar tiempo y solicitó al Congreso una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, pero los senadores se lo negaron. Le dieron un plazo de apenas media hora.

Peña, quien a media mañana dio a conocer una foto con rostro enojado y desafiante, anunció que comparecería al juicio, pero finalmente decidió no presentarse, enviando a sus defensores, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro es conocido por haber ejercido también la defensa del presidente Fernando Lugo cuando fue sometido a juicio político y destituido en 2012, en lo que muchos consideraron entonces un golpe parlamentario.

El juicio a Peña se reanudó en horas de la siesta, permitiendo que los dos abogados presenten sus exposiciones. Centraron su estrategia en cuestionar el procedimiento legal, la viabilidad de la acusación y los efectos de la renuncia del mandatario. Alegaron que el juicio se llevó a cabo bajo una “imposibilidad material de defensa”. Detallaron que el libelo acusatorio (que constaba de cientos de páginas y anexos) les fue trasladado a altas horas de la noche previa, otorgándoles menos de 12 horas para analizar el expediente antes de la audiencia.

Adolfo Ferreiro argumentó que el juicio político carecía de objeto y sentido debido a que Santiago Peña ya había presentado su renuncia voluntaria a la presidencia. Sostuvo que el Congreso actuó de forma arbitraria al no tratar ni aceptar de inmediato la dimisión, señalando que existen antecedentes parlamentarios donde el proceso se frena una vez que el acusado dimite. Ninguno de estos alegatos tuvo efecto. El proceso continuó y terminó con la destitución del político.

Tras conocer que su destino político estaba ya marcado, Santiago Peña se despidió con un mensaje en sus redes sociales: “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad (…) Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas”.

El vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia al caer la noche, aunque su imagen se ha visto afectada por su cercanía al ahora exmandatario. “Alliana es otro personaje cómplice de lo ocurrido, que responde a los intereses de su mentor y padrino Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, al igual que antes lo fue Santiago Peña, pero aceptamos esta situación para dar continuidad institucional a la marcha del país”, resumió el senador opositor Rafael Filizzola.

El nuevo presidente juramentado a primera hora de la noche paraguaya, de 52 años, nació en Pilar, al sur del país, y fue gobernador del departamento de Ñeembucú y presidente del Partido Colorado. En años anteriores enfrentó denuncias y cuestionamientos por supuestos casos de nepotismo y tráfico de influencias vinculados a la contratación de familiares en instituciones del Estado.

Su hija, Montserrat Alliana Encina, fue contratada en la Cámara de Diputados en 2018 y posteriormente obtuvo aumentos salariales (percibiendo más de 18 millones de guaraníes mensuales). Las denuncias también señalaron a su esposa (Fabiana Souto), su cuñado (Rodrigo Souto) y otros parientes con cargos o vínculos en distintas entidades estatales. Actualmente, está incluido en la denuncia penal por vaciamiento del banco Ueno, por haber conocido lo que venía ocurriendo y haber compartido las maniobras políticas de Santiago Peña.

Se espera que Alliana realice varios cambios en los ministerios y en el Banco Central, tras la debacle del banco Ueno, para tratar de minimizar los efectos de la crisis política y económica. Gobernará hasta el 15 de agosto de 2028. Ya no tendrá chances de presentarse para la reelección como presidente ni para cargos parlamentarios.