El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado a Donald Trump una victoria casi definitiva al permitir que continúe, por el momento, la construcción de su salón de baile valorado en más de 400 millones de dólares en el espacio donde antes se encontraba el ala este de la Casa Blanca. El alto tribunal, que ha emitido el fallo en una ajustada votación de 5 jueces a 4, se ha pronunciado sobre la forma de la denuncia, pero todavía no sobre el fondo legal, es decir, sobre si Trump tiene competencias para llevar a cabo una reforma de este calado en un edificio histórico.
Concretamente, la corte ha fallado a favor de la solicitud de emergencia que había presentado el Departamento de Justicia para tratar de invalidar las sentencias de los tribunales inferiores que habían ordenado bloquear las obras sobre el terreno del suelo. La justicia determinó que era evidente que el presidente no tenía la autoridad de construir el salón de baile sin autorización del Congreso. Sin embargo, el Supremo ha considerado que la organización denunciante, el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, probablemente no tiene legitimación procesal para interponer la demanda.
De este modo, todavía no hay una sentencia definitiva del Supremo sobre la legalidad de las obras. El presidente del Supremo, el magistrado John Roberts, se ha unido en el fallo al voto en contra de las tres juezas progresistas de la corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson. El Supremo ya había emitido el pasado 21 de agosto una orden para permitir que continuaran las obras de manera provisional mientras deliberaba sobre la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno de Trump.
En este tiempo, el presidente ha seguido con su estrategia de demoler y construir sin seguir el procedimiento ni pedir permiso a las autoridades competentes, como en este caso el Congreso, pues le está funcionando: el ritmo de construcción es más rápido que la justicia, por lo que el tiempo corre a su favor. Cuanto más avanzado esté el salón de baile, más irreversible será su finalización.
La Casa Blanca basa su defensa del macroproyecto en dos argumentos de peso. El primero es que ya se ha llevado a cabo una parte importante de la construcción, para la que se demolió sin consentimiento el ala este del edificio y se han acelerado las obras, especialmente en las últimas semanas, en las que según la administración hay 250 trabajadores repartiéndose turnos durante 20 horas al día y siete días a la semana.
El objetivo es claro: completar la mayor cantidad de trabajo lo antes posible para hacer inevitable su finalización. Según el escrito presentado ante el tribunal, el salón de baile ya está construido al 65%, aunque la construcción sobre el terreno muestra un estado más inicial.
El segundo argumento es que el salón de baile responde a la seguridad nacional de EE.UU. y, en concreto, a la protección de un presidente que ha sufrido tres intentos de asesinato en los últimos dos años. Cuando esté finalizado, Trump planea organizar allí eventos como la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que el pasado mes de abril fue interrumpida en el Hotel Hilton de Washington cuando un hombre armado irrumpió contra la barrera de seguridad del Servicio Secreto.
Para esgrimir este argumento, Trump interpreta que el salón de baile y el búnker militar que se está construyendo en el subsuelo son una misma construcción. Sin embargo, lo cierto es que la justicia tan solo ordenó parar las obras del salón de baile, no del espacio de seguridad reforzada.
El búnker, conocido oficialmente como Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, fue construido durante la Segunda Guerra Mundial debajo del ala este. El proyecto del presidente consiste en agrandar el espacio y hacerlo más profundo, así como en reforzar su seguridad y equipamiento militar. El objetivo declarado es hacer el complejo tan resistente como para soportar una explosión nuclear.
Las organizaciones en contra del salón de baile de la Casa Blanca deberán buscar ahora otro método para denunciar su construcción y lograr así una sentencia en la que, finalmente, la justicia se pronuncie sobre el fondo de su legalidad y no se quede, como en esta ocasión, en la forma. Mientras tanto, la Administración Trump seguirá avanzando en su proyecto estrella en una capital, Washington, que ya ha sido transformada radicalmente en el último año y medio.
