España prepara un registro estatal para rastrear cuentas de criptoactivos y combatir el blanqueo de capitales

La Unión Europea y el Gobierno le han declarado la guerra total al blanqueo de capitales. Y en este ámbito, los criptoactivos se habían convertido en una de las estrellas entre las fórmulas para lavar dinero procedente de actividades ilícitas. El Ministerio de Economía ha tomado cartas en el asunto y se dispone a crear el primer registro estatal en el que los operadores del sector deberán informar de cualquier apertura o cierre de cuenta, y de sus titulares, según el borrador de la nueva normativa que prepara la cartera que dirige Carlos Cuerpo.

El archivo en el que el Estado incluye la información sensible para el rastreo de dinero sucio en España va a experimentar una gran metamorfosis. El denominado fichero de titularidades financieras, bajo la tutela del actual Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), lleva recogiendo desde hace más de 10 años información sobre las cuentas corrientes. Pero la normativa que actualmente cocina el Ejecutivo irá varios pasos más allá. Obligará a declarar a las gestoras de fondos de inversión, a las sociedades de capital riesgo, a las agencias y sociedades de valores y a las plataformas de criptoactivos. Una vez aprobada la ley, todas las entidades mencionadas deberán revelar las aperturas y los cierres de cuentas, no solo las de dinero en metálico. El registro desvelará el titular de la cuenta, la entidad donde está abierta, el tipo —de efectivo, de valores o de criptos—, fechas de apertura y cierre y eventuales cotitulares; aunque no contará con la información sobre saldos ni sobre movimientos. José María Olivares, socio de finReg360, explica que “este cambio, aunque supondrá una obligación de reporte adicional para las entidades financieras, resulta coherente con la finalidad del fichero de titularidades de prevenir, impedir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Los criptoactivos están en la diana de Economía. Son especialmente atractivos para los delincuentes, debido a su capacidad para ocultar la identidad del usuario. Los datos son abrumadores. Los criptoactivos movieron 158.000 millones de dólares (137.000 millones de euros) en flujos ilícitos el año pasado, una cuantía impulsada por el uso de inteligencia artificial, según un informe de la consultora TRM Labs. El dinero sucio se convierte en cripto por las vías con menos control. Son los casos de los cajeros de criptomonedas, de las operaciones entre particulares y de las plataformas con sistemas de seguridad deficientes o radicadas en jurisdicciones con vigilancia escasa. En España, ha habido varias operaciones policiales sobre redes que usaban cajeros para colocar efectivo del narcotráfico.

El fichero de titularidades financieras es de titularidad pública y quedará bajo el paraguas de la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi). Cada consulta debe canalizarse por un punto único de acceso, debe explicarse por qué se realiza y queda registrada durante cinco años. La misión de ese registro es permitir a un juez, a un fiscal, a la Policía, a la Guardia Civil, a la Agencia Tributaria (AEAT) o al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) localizar en una investigación las cuentas de una persona. Esto les ahorra tener que preguntar banco por banco. De ahí la importancia de que se incluyan las cuentas de criptoactivos. La reforma añade además un dato extra. Las entidades deberán indicar si el titular de la cuenta es, a su vez, un sujeto obligado por la ley antiblanqueo, y en qué categoría. Y además alarga la vida de la información, pues los datos permanecerán en el fichero cinco años después del cierre de la cuenta, prorrogables otros cinco.

La ley española sí somete a obligaciones antiblanqueo a “los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”, de manera que la mayoría de las plataformas ya estaban registradas, primero en el Banco de España y ahora en la CNMV, que es quien les concede la autorización, ya que casi todas prestan esos servicios. Una vez entre en vigor el nuevo texto, las firmas estarán obligadas a comunicar con nombres y apellidos usuarios al registro de la Anifi, y se amplía el espectro a otros ocho servicios, además de los dos mencionados, relacionados con el ámbito cripto: la gestión de plataformas de negociación, el canje de un criptoactivo por otro, la ejecución de órdenes, la colocación, la recepción y transmisión de órdenes, el asesoramiento, la gestión de carteras y los servicios de transferencia por cuenta de clientes.

La ampliación de actividades es crucial, ya que el canje de un criptoactivo por otro es, según los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de Europol, una de las técnicas más empleadas para romper el rastro del dinero. La fórmula consiste en saltar de un activo a otro, y de una plataforma a otra, hasta que la trazabilidad se pierde. Los dos servicios que sí cubre la ley española tienen obligaciones antiblanqueo al identificar clientes y comunicar operaciones sospechosas. Pero no tenían que enviar la información a ningún registro.