España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje –clasificación– de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular.
El Ministerio del Interior remitió esta solicitud a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder.
La carta da respuesta a la misiva que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, a quien ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación que sufre la ciudad autónoma.
El Gobierno siempre se había resistido a utilizar a la agencia europea para el control de las fronteras y había preferido utilizar sus propios recursos. Sin embargo la situación de Ceuta ha hecho que el Gobierno olvide sus prevenciones.
Sólo hace falta ver la imagen de las largas colas de adolescentes que pasan la noche a la intemperie en las puertas de un estadio para coger la primera fila en el concierto de su artista favorito. Aunque los ánimos, ni por asomo, son los mismos. En la cuesta de Loma Colmenar, centenares de marroquíes llevan una semana esperando su turno para entrar en uno de los centros de acogida que el Gobierno habilitó para dar una cama a los inmigrantes que permanecen en Ceuta tras el salto masivo. Solo 700, los primeros en llegar, consiguieron una plaza en las tiendas militares desplegadas en el parking del Embolsamiento, muy próximo a la frontera de El Tarajal. Fuera son más. Muchos más. Los ceutíes no los quieren en las calles, pero las autoridades, a punto de cumplirse un mes de la avalancha, no logran conseguirle un techo.
Se han convertido en la diana sobre la que grupos de vecinos hastiados están lanzando sus dardos llenos de descontento por la gestión gubernamental de la crisis. Uno, con forma de punzón, lo recibió Naufar Mansour en el glúteo. Muestra el parte médico de la agresión. También el cerco de sangre en el pantalón; el mismo que llevaba el día que cruzó a España desde Marruecos. “Quiero denunciar que me han pegado, y me han robado el teléfono”, se puede leer en un folio manuscrito con la ayuda del traductor. Cuenta que fue la noche anterior, después de que un centenar de personas destrozaron parte del campamento de playa Benítez, quemando algunas chozas. Un colega suyo, compatriota marroquí, se une a la conversación para mostrar las cuatro grapas con las que saturaron la herida tras el golpe con un palo que recibió. Asegura, sin más pruebas que sus palabras, que sus agresores también fueron vecinos hartos de su presencia.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, abrió el 20 de agosto las primeras 1.800 plazas habilitadas. La mayoría, unas 1.100, estuvieron destinadas para subsaharianos, que fueron desplazados de la playa del Trampolín, un símbolo de esta crisis humanitaria donde ayer crecían por horas las nuevas cabañas de caña. Las otras 700 en el Embolsamiento, en el que se aglomeran los magrebíes pese a que nadie ha confirmado que allí se habilitarán más camas. Pero desde entonces la cifra sigue igual. Desde el Congreso de los Diputados, Saiz explicó que los recursos temporales de acogida requieren “de una importante infraestructura material y humana para funcionar”. Pero según fuentes ministeriales, el problema no está en la logística sino en la elección de los lugares donde levantar los centros.
El Gobierno anunció ayer un acuerdo con Ceuta sobre un renovado listado de espacios para la reubicación de los migrantes después del rechazo que causó la propuesta de acondicionar polideportivos. Sin embargo, los nuevos emplazamientos se están guardando con secretismo dado el, probable, rechazo popular que causará su anuncio. En una ciudad con 14 kilómetros de un extremo a otro, cualquier punto causará descontento.
En la cuarta tarde consecutiva de protestas, varios centenares de manifestantes volvieron a la playa de Benítez, donde un idéntico cordón policial a la jornada anterior impidió que se acercasen al asentamiento de inmigrantes. “Fuera de aquí”, y “a por ellos” fueron las proclamas más escuchadas a última hora de la tarde, en la que parecían los ánimos más apaciguados, aunque el hartazgo sigue creciendo. Decenas de vecinos se habían reunido antes frente a la Delegación del Gobierno, con claveles en mano, para mostrar de forma “pacífica” que no quieren episodios de violencia aunque su mensaje siga siendo el mismo: expulsión, expulsión y expulsión.
La espiral de hostilidad de los últimos días –episodios de caza de inmigrantes, emboscadas a militares o destrozos de campamentos– llevaron ayer a la clase política ceutí a pedir “unidad al margen de credos, culturas u orígenes” para que no se ponga en peligro la convivencia. El Ministerio del Interior cifra en 100 personas los expulsados por delitos en Ceuta. Once de ellos, los marroquíes que tendieron la trampa a los militares. “Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta”, leyó el presidente Juan Jesús Vivas como parte de una declaración institucional suscrita por los grupos políticos con representación en la Asamblea. El dirigente del Partido Popular advirtió que se adoptarán las medidas sancionadoras que correspondan contra quienes comentan actos vandálicos.
