El Gobierno superó ayer el primer trámite para que España cuente con un nuevo sistema de financiación autonómica. El que está en vigor data del 2009, cuando el país era muy diferente, y, por tanto, lleva 12 años caducado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta del modelo que habían pergeñado Hacienda y ERC y cuyo embrión es el pacto de investidura de Salvador Illa en Catalunya.
Pero ahora queda un trámite aún más complejo, el del Congreso, donde el Ejecutivo necesita el apoyo de Junts, con quien quiere negociar. El modelo incorpora 21.000 millones de euros más de recursos para las comunidades autónomas pero no incluye la cesión integral del IRPF, una medida que Hacienda no contempla.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, celebró tras la reunión con los consejeros autonómicos la aprobación de una propuesta que diseñó María Jesús Montero y que ahora tendrá que ser convalidada por el Consejo de Ministros “en las próximas semanas”, dijo España, para pasar al Congreso de los Diputados. “Es bueno para nuestro país, para la unidad y para los servicios públicos”, defendió. “Nuestra obligación es encontrar un equilibrio” en el reparto de recursos, añadió. Pidió a los grupos parlamentarios que “alejen el ruido y la furia” para –deseó- que el nuevo modelo pueda estar en vigor el 1 de enero del 2027.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera sucedió lo que estaba previsto. La propuesta de Hacienda recibió únicamente el apoyo de los consejeros de Catalunya y de Canarias, gobernada por CC y cogobernada por el PP. La consejera de Hacienda canaria, perteneciente, de hecho, al PP, no acudió a la reunión.
Hacienda dispone de la mitad de los votos en el órgano de coordinación financiera, por lo que la aprobación de su planteamiento no corrió en ningún momento peligro.
Todas las comunidades gobernadas por el PP votaron en contra de la propuesta del Gobierno. Pese a que la mejora de la financiación es generalizada para todas las autonomías. Así Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja la rechazaron. También Ceuta, con quien se solidarizaron todos los presentes en la cita, y Melilla. Madrid, que había llamado a boicotear la reunión, no acudió y su silla quedó vacía.
El argumento esgrimido por las autonomías de signo popular para rechazar el modelo de reforma es que había sido acordado previamente con ERC y, por tanto, “impuesto” al resto de territorios. En Hacienda recuerdan que el PP ya llegó a acuerdos económicos de calado con la CiU de Jordi Pujol.
Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, también votaron en contra del planteamiento de su propio partido. En total, la propuesta del Gobierno fue rechazada por el 87% de los territorios.
La Generalitat no ocultó ayer su alegría por el hito que supone la posibilidad de aprobar una nueva financiación. Alícia Romero, consellera de Economia i Finances de la Generalitat, afirmó tras la reunión en Madrid que “la satisfacción de Catalunya es absoluta por tener, por fin, un nuevo sistema que tantas veces hemos reclamado. Un modelo, añadió, que abre la puerta a mejorar los servicios públicos con la aportación adicional de casi 4.700 millones de euros para las finanzas catalanas.
El ministro España criticó que autonomías como la Comunidad Valenciana, donde él fue conseller, o Murcia, que tienen un problema de infrafinanciación, votaran en contra del acuerdo. El objetivo de la propuesta de Hacienda era romper la unidad en las comunidades del PP, algo que no fue posible, al menos en este foro.
España también denunció que algunas de las propuestas que había recibido su departamento de las comunidades del PP perjudicarían a otros territorios y puso el ejemplo de un planteamiento de Andalucía para calcular la población ajustada (teniendo en cuenta la despoblación o el envejecimiento) que hubiera perjudicado a Castilla y León.
La financiación autonómica necesita ahora el concurso de Junts, cuya posición pasa por avanzar hacia un concierto económico entre el Estado y Catalunya. España no quiso ayer adelantar cómo planteará su equipo la negociación con los grupos parlamentarios, pero la formación de Carles Puigdemont ya advirtió ayer que presentará una enmienda a la totalidad cuando la ley llegue al Parlamento. El portavoz económico de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, advirtió que el modelo planteado por Hacienda “certificará que no hay sistema de financiación singular ni llave de la caja para Catalunya. Hay una propuesta del café para todos como siempre”. Junts ha participado en varias negociaciones importantes con Hacienda, como la del paquete fiscal de diciembre del 2024 que desbloquearon Puigdemont y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La relación en este momento ha empeorado.
El ministro de Hacienda también descartó ayer negociar una cesión integral del IRPF a Catalunya. “Estamos de acuerdo en una gestión en red” del impuesto, defendió, aunque se abrió a negociar las enmiendas que se presenten.
El sistema de financiación autonómica todavía hoy en vigor se aprobó en el 2009 con ningún voto en contra. Entonces España era muy diferente. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, fue la responsable de cerrar el acuerdo. El conseller de Catalunya era entonces Antoni Castells. El Gobierno logró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, así como de Cantabria, cogobernada entonces por PRC y PSOE, y Canarias, por CC y PP. Las comunidades en ese momento en manos del PP se abstuvieron por orden del presidente del partido y líder de la oposición, Mariano Rajoy. El sistema en vigor lleva doce años caducado.
