Ya es medianoche cuando Adnan el Fertakh, marroquí de 19 años, se atusa su larga cabellera negra con un cepillo de goma y se planta ante la sede de la Asamblea de Ceuta. Una gigantesca bandera rojigualda ilumina cada noche este palacete que el joven usa como fondo para su cuidada sesión de fotos. Al acabar, repasa las imágenes y elige la más vistosa para subirla a Instagram, donde será motivo de envidia para sus followers marroquíes.
La escena se repite cada noche en esta plaza. Un goteo continuo de inmigrantes aprovecha que los ceutíes ya se han recogido en sus casas para hacerse su retrato. Puede que lleven más de un mes durmiendo en la calle y alimentándose de las magras raciones de la Cruz Roja, pero estas fotografías son su forma de lanzar un mensaje triunfal al mundo. Ya están en la Unión Europea.
Lo que Adnan ignora, porque nadie se lo ha dicho, es que su 'aventura europea' está condenada al fracaso. Como adulto proveniente de un lugar considerado «seguro», todos los caminos legales conducen a la devolución a su país de origen. Así, sólo le quedan tres alternativas posibles: regresar voluntariamente a Marruecos, ponerse en manos de una mafia que le traslade a la Península o seguir como hasta ahora: malviviendo en Ceuta hasta que llegue su inminente deportación.
«Estos chicos han llegado aquí completamente confundidos sobre sus derechos», explica África MonsalvePizarro, abogada ceutí experta en inmigración. «No saben nada de nuestra legislación. Muchos creen, erróneamente, que vale con pisar Ceuta para tener los papeles. Vienen a mi despacho, se lo explico y ocurren dos cosas: que no me crean o que se marchen con una cara de decepción terrible».
Esto mismo ocurre cuando explicamos a Adnan su atolladero legal con la ayuda del traductor de Google. No entiende, por ejemplo, que un adulto de un país en guerra, como Sudán, tenga derecho casi garantizado al asilo, mientras que él deba regresar a Marruecos. Y aún se queda más confuso cuando le decimos que los cuatro amigos que le acompañan -Saad, Adam, Amir y Soufyante, todos menores de edad- disfrutarán de una protección legal que a él no le asiste. «Vivir en España ha sido mi sueño desde pequeño», cuenta el inmigrante visiblemente compungido. «Nadie me había contado que me negarían los papeles».
La falta de acción de las autoridades ante la desinformación de los inmigrantes es uno de los socavones ocultos de la gestión de la crisis. Basta charlar con los miles de adultos marroquíes varados en la ciudad de Ceuta para comprobar que la mayoría aguanta calamidades cada día con una única ilusión: que, más pronto que tarde, obtendrán los papeles para quedarse en España. Buena parte de ellos volvería voluntariamente a sus países de origen si alguien se encargara de contarles la verdad. «Nadie está poniendo recursos para informar a estos chicos y que decidan libremente qué hacer», denuncia la abogada Lara Salceda, asesora legal para una de las ONG que atienden a los recién llegados.
Fuentes del mando único de la crisis, con el ministro Ángel Víctor Torres al frente, admiten que sólo se informa a los inmigrantes cuando ingresan en los recursos temporales de acogida. Actualmente, el Gobierno ha activado 3.300 plazas, cuando la cifra de inmigrantes que permanece en Ceuta ronda los 10.000, según los cálculos oficiales. Es decir: pasado ya más de un mes de crisis, sólo un tercio de los recién llegados ha recibido la información sobre su estatus legal.
A grandes rasgos, existen dos grupos de inmigrantes. Los menores de edad, sea cual sea su origen, son responsabilidad de las autoridades autónomas y cuentan con la legislación más garantista. Los adultos, en cambio, son susceptibles de devolución a sus países, aunque pueden solicitar asilo. Si provienen de lugares «no seguros», como las naciones en guerra, tienen posibilidades de recibirlo. Sin embargo, si proceden de zonas consideradas «seguras», como Marruecos o Argelia, sólo pueden obtenerlo en circunstancias absolutamente excepcionales. Por ejemplo, si demuestran que sufrirían un riesgo tangible en sus países de origen por su orientación sexual, por sus ideas políticas o por ser víctimas de violencia de género.
Adnan había llegado a Ceuta con la previsión de que, si la situación se complicaba, siempre podría pedir asilo por su situación económica. Cuenta que su familia apenas subsiste con lo más básico. La legislación española, en cambio, es clara: las circunstancias económicas son insuficientes para justificar el asilo.
Tras una larga charla, entorpecida por la enorme barrera idiomática, Adnan parece abrumado ante la avalancha de información. Dice que aún no ha decidido si seguirá en Ceuta o volverá a su país, pero repite su «agradecimiento» después que alguien haya aclarado sus dudas. Antes de retirarse a dormir en su nuevo hogar, la Playa Benítez, insiste en lanzar un mensaje a los lectores: «Siempre respetaré lo que diga la ley española, pero nunca renunciaré a mi sueño de vivir aquí».
