La Audiencia Nacional investiga la entrada masiva irregular en Ceuta como ataque a la integridad territorial de España

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acrodado investigar entrada masiva irregular en Ceuta 30 y 31 julio al ser ataque grave contra integridad territorial de España y afectar a la paz o independencia del Estado.

La instructora ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio al tratarse de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

En el auto explica que el Código Penal establece dentro del delito contra la paz “actos ilegales o que no estén debidamente autorizados” que exponen “a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes”.

La magistrada sostiene que “nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.

El pasado viernes la Fiscalía había informado a favor de la competencia de la Audiencia Nacional aunque centraba la posible autoría en alguna organización criminal. Es cierto que ya apuntaba a la posibilidad, según avanzara la investigación, de que se hubiera podido cometer un delito contra la paz o independencia del Estado.

En su auto de admisión de competencia, que cuenta con un informe de la Fiscalía favorable a investigar estos hechos, la instructora recoge el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía sobre el desarrollo de los acontecimientos, en el que se pone de manifiesto que no se trató de actuaciones de naturaliza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal.

Indica que en la fase previa a la entrada masiva del 30 de julio se desarrolló una situación sostenida y creciente en las entradas a Ceuta, al tiempo que destaca la singular importancia de las redes sociales para la propagación multitudinaria del llamamiento.

La jueza considera que previo al día 30 ya se detectó el riesgo de entrada masiva, que fue alertado en un informe policial el 29 de julio, un día antes de los hechos. En esta alerta, advierte la jueza, ya se hacía constar la previsión de un riesgo extremo para un escenario de entradas a nado más salto a la valla de “forma coordinada”.

La fase en la que se produjo la movilización masiva, según el auto, revela oleadas de diferente intensidad y perfil, que provocaron un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español y una violación masiva de la soberanía territorial de España.

Por último, en la fase posterior a la entrada masiva, prosigue la resolución, se produjeron “diversos efectos posteriores de desestabilización en el sistema de capacidades de respuesta de España que están aún en evolución”. Estas consencuencias influyeron en distintos planos como Seguridad Pública, Sanidad, Servicios Sociales o Defensa. También hubo otros efectos de perfil internacional o geopolítico, efectos en política interna “sustentados y amplificados con algunos casos de desinformación y contranarrativa”.

La jueza también recoge en su auto que el acceso a Ceuta aquellos días se produjo a través de diferentes oleadas de personas de diferente tipología empujadas con “absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables” que las integraban. Sostiene que a estas personas se les condujo a lanzarse al mar “sin preparación, provistas de vestimenta inadecuadas que podían dificultar sus movimientos en el agua y dotados de elementos precarios para la flotabilidad”.

“Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos. Está evidenciado por el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, “profusamente” documentado en el informe policial, además de a través de redes sociales.

A su juicio, la actitud de la policía marroquí de “permisividad” fue de “guiado activo”, tal y como también define la Policía. Advierte en la prueba aportada cómo los propios policías uniformados “van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera, para dirigirles por los que llevar a cabo el cruce, superar los obstáculos existentes en dicho acceso y hasta organizando el acceso a la zona que conduce a la Playa Fnideq, y dentro ya de las propias aguas de la misma”. A ello se une -según el auto- la existencia de agentes dinamizadores de la masa de personas que realiza la entrada en territorio español.

Tardón considera que detrás de esta actuación había intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, “como bien señaló el presidente del Gobierno quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

Y ello, mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la “guerra híbrida” o “zona gris”, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una ciudad autónoma“.

La jueza recuerda que la utilización de flujos migratorios es uno más de los métodos utilizados en las actuaciones de “guerra híbrida” o “zona gris” en las que se pueden producir ataques a los Estados, “en muchas ocasiones combinando las llamadas en internet con la desinformación en las redes sociales, y que, como ocurre en el presente caso y suele ser habitual, son cometidos en el extranjero, por lo que la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional.”

Considera que los hechos encajan perfectamente en los supuestos de riesgo previstos en la Estrategia de Seguridad Nacional en la que se precisa: “Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos”. “Precisamente –concluye la magistrada- porque pueden ser objeto de la utilización de los flujos migratorios irregulares para desestabilizar la Seguridad Nacional.”

Por otro lado, para Tardón considera que hay que investigar la muerte de 83 personas mientras intentaban cruzar a nado la frontera. El auto relata que estas personas perdieron la vida por ahogamiento o aplastamiento en la travesía a nado desde el territorio marroquí, donde se incitó a arrojarse al mar, “con menosprecio de sus circunstancias físicas y sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de muchas de ellas”.

Quienes instigaron el cruce lo hicieron sin tener en cuenta que habia personas de avanzada edad, familias con niños, algunos bebés en brazos de sus padres, “proveyéndoles de endebles instrumentos de flotabilidad, algunos de ellos poco más que juguetes, para que de esta forma entraran de la forma masiva en la playa española de El Tarajal, con la dramática consecuencia de que perdieron la vida en dicho trayecto”.