Una lancha rápida con 11 personas acurrucadas a bordo atravesaba las aguas del mar Caribe, procedente de Venezuela, el 2 de septiembre del año pasado. Un misil la hizo saltar por los aires. Nueve de sus ocupantes murieron en el acto. Otros dois sobrevivieron, aferrados a los restos de la embarcación. Tres cuartos de hora más tarde, mientras los dos náufragos seguían intentando ponerse a salvo sobre el casco reventado de la barca, un segundo proyectil lanzado desde el aire los remató. La primera campaña militar estadounidense en América Latina en décadas acababa de empezar. Un año después, esa operación aérea y naval amenaza con ampliarse y convertirse en la punta de lanza de unos tentáculos militares cada vez más amplios de Washington en la región.
Una campaña que, con el argumento de luchar contra el narcotráfico, ha ejecutado a 227 personas y hundido 69 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Nunca ha identificado a sus víctimas ni ha ofrecido pruebas de que esos barcos traficaran droga, y acumula denuncias de ser una máquina opaca de ejecuciones ilegales y arbitrarias. Entre noviembre y junio costó 821 millones de dólares (709 millones de euros), según datos del Pentágono. Y sus críticos denuncian que se está transformando para, posiblemente, intensificarse y ampliarse a operaciones terrestres en varios países de la región, con consecuencias impredecibles.
“El órgano que el Pentágono creó inicialmente para coordinarla, la Fuerza Conjunta de Acción Lanza del Sur, se ha integrado ahora en otro órgano mayor, llamado Fuerza Conjunta de Acción del Hemisferio Occidental y encabezado por un general de dos estrellas de la Infantería de Marina. Es algo que indica que va a ser algo más que una misión puramente marítima”, según Adam Isacson, director del programa de Supervisión de la Defensa en la Oficina para América Latina en Washington (WOLA), en una reciente videoconferencia con periodistas.
Cinco países del continente americano, además de Estados Unidos, se han sumado a esta nueva iniciativa, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth: Ecuador, Guatemala (aunque su participación no termina de estar clara), Honduras, Jamaica y Colombia (que se ha sumado inmediatamente después de la toma de posesión de su nuevo presidente, Abelardo De la Espriella). Todos ellos, según Hegseth, han acordado permitir algún tipo de operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses en su territorio. “Esto podría incluir ataques terrestres”, advierte Isacson.
Nuevas alianzas
La campaña aérea contra las supuestas narcolanchas nació, al menos en parte, como un instrumento para apretar las tuercas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Administración de Trump acusaba de “narcoterrorista”. Pero iba más allá. Forma parte clave de la política para América Latina del republicano, apodada Doctrina Donroe, que declara la lucha contra el narcotráfico una prioridad de su seguridad nacional y busca imponer y expandir la influencia de Estados Unidos en todo el continente. Por las buenas, mediante alianzas con gobiernos y personalidades afines, o por las bravas.
El Pentágono apunta que la nueva fuerza de acción, con el acrónimo JTF-WHEM, será “el brazo de acción” del Comando Sur, responsable de las actividades militares estadounidenses en América Latina (excepto México) y se centrará en imponer lo que describe como “fricción sistémica total” contra las amenazas que perciba en el continente, el narcotráfico entre ellas. El general Francis Donovan, responsable de ese Comando, ha indicado por su parte que la nueva entidad unificará el mando y control tanto táctico como operativo e integrará las capacidades militares estadounidenses con los otros 18 países socios del Escudo de las Américas (la coalición lanzada en marzo entre Washington y gobiernos latinoamericanos de derechas).
Los ataques contra las narcolanchas habían quedado en pausa desde el 21 de junio, cuando Estados Unidos abrió fuego contra una embarcación en el Caribe y mató a dos personas; seis sobrevivieron. En parte, la interrupción se debió a que las fuerzas asignadas a la campaña pasaron a hacerse cargo de los trabajos estadounidenses en las operaciones de respuesta a los terremotos en Venezuela y Colombia de este verano. En parte, a la reorganización en torno a la nueva entidad.
El lunes pasado, el Comando Sur notificó, en un breve texto en redes sociales, un nuevo ataque el domingo contra lo que describió como una narcolancha, en el Pacífico oriental. Los dos ocupantes murieron en la explosión, notificaba en el mensaje, acompañado, como se ha hecho habitual, de un breve vídeo en blanco y negro en el que se muestra el estallido de la embarcación. La operación había sido llevada a cabo por la nueva Fuerza de Acción Conjunta. Dos días después, la JTF-WHEM perpetró un segundo ataque, esta vez en el Caribe, en el que mató a cuatro personas.
“Washington sigue viendo los ataques militares como una herramienta permanente en su estrategia antinarcóticos”, opinó Tiziano Breda, de la organización Armed Conflict Location and Event Data (ACLED, dedicada al análisis de datos y elaboración de mapas sobre violencia política en el mundo), en un comentario publicado en la red social X. “Por tanto, es probable que veamos más acciones de este tipo en el futuro. Tanto en mar como en tierra, cada vez que a la Administración de Trump se le presente la oportunidad de hacerlo”.
Aunque al informar de cada incidente ha asegurado que atacaba a embarcaciones de grupos “narcoterroristas”, Estados Unidos nunca ha identificado a qué grupos específicos se refiere. Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, Washington había designado a cuatro carteles como organizaciones terroristas. Desde la investidura del republicano, en enero de 2025, esa cifra se ha quintuplicado y ahora llega a 24.
Un aluvión de críticas
Desde aquel primer golpe de misil del 2 de septiembre, la Operación Lanza del Sur, y por ende su sucesora, han recibido un aluvión de críticas. Expertos legales y legisladores —la mayoría, de la oposición demócrata— claman contra su opacidad y han descrito la campaña como un programa de ejecuciones extrajudiciales. También recuerdan que las leyes estadounidenses prohíben a las fuerzas armadas atacar objetivos civiles que no representen una amenaza inmediata; ni siquiera si se trata de presuntos delincuentes. Ninguno de los tripulantes, muertos o supervivientes, ha sido acusado formalmente de ningún delito.
El Pentágono anunció en mayo la apertura de una investigación. Pero no sobre la legalidad de la campaña, sino para determinar si los mandos habían respetado los parámetros establecidos para los ataques. Hasta el momento no se han dado noticias sobre sus conclusiones.
Un ataque en particular suscitó preocupación especial: el primero. Al informar de él, Trump y el Pentágono solo declararon que todas las personas a bordo habían muerto. Dos meses saltó a la luz que había habido dos supervivientes y un segundo proyectil los remató. La Casa Blanca alegó que el segundo ataque había llegado “en defensa propia” y de acuerdo con las leyes castrenses.
Aunque se han producido pausas breves, y la frecuencia de los golpes descendió de manera marcada desde la captura de Maduro el 3 de enero, desde que comenzó la Operación Lanza del Sur y hasta julio no había habido un solo mes sin alguno de estos incidentes.
Víctimas sin identificar
“La vasta mayoría de las víctimas permanece sin identificar”, apunta Airwars en su informe. Se saben las nacionalidades de un puñado: 18 de Venezuela; 13, de México; tres de Colombia y otros tantos de Ecuador; dos de Trinidad y Tobago y dos de Santa Lucía. Solo se conoce públicamente el nombre de 26 de los muertos, pese a una investigación de esa organización y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, “Los identificados proceden predominantemente de comunidades pobres, y cuando están conectados a grupos del narcotráfico (que no es siempre el caso) figuran en los escalones más bajos entre sus miembros”.
Según Isacson, “hay muchos interrogantes sobre los objetivos y sobre los datos de inteligencia que se utilizan para decidir a quién matar. Es suficiente con que el Departamento de Defensa considere que uno está afiliado a grupos de una lista secreta de organizaciones designadas como terroristas, que el Pentágono mantiene pero no comparte. Puede que tengas alguna conexión lejana con algún miembro de alguno de esos grupos. Así que hay bastantes posibilidades de que se ponga en el punto de mira a gente que no tiene absolutamente nada que ver con una organización delictiva”.
Es una pauta que puede agravarse si el Pentágono continúa extendiendo sus tentáculos militares en América Latina y la nueva fuerza de acción acaba lanzando operaciones terrestres, advierten los expertos. “Si el secretario Hegseth y otros en esos círculos de la Administración lograsen todo lo que quieren de esos acuerdos, habrá personal militar estadounidense sobre el terreno participando en combate, sea pegando patadas a puertas o lanzando bombas. Siempre, eso sí, en coordinación y hombro con hombro con fuerzas locales”, opina Isacson.
“Es diferente a lo que se haya visto, incluso durante la Guerra Fría”, agrega el experto. Aunque hubo casos de invasión, como en la República Dominicana en 1965 o en Panamá en 1989, fueron operaciones breves. La ayuda a las fuerzas armadas de la región, bien para luchar contra regímenes comunistas o contra la droga, fue principalmente indirecta. “Durante la era del Plan Colombia no hubo soldados estadounidenses que abrieran fuego contra ciudadanos colombianos. Pero si este marco conjunto de operaciones adopta la forma que quiere Hegseth, veremos eso pasar. Les veremos disparar sus armas”, asegura. “Al final, mucho va a depender de qué es lo que las naciones anfitrionas les vayan a permitir”, concluye.
