La unidad de todos los partidos de la Asamblea de Ceuta el viernes para pedir en un comunicado conjunto el cese de la violencia contra los inmigrantes en las calles de la ciudad autónoma es un gesto de gran altura política. Es la respuesta necesaria ante los conatos de violencia organizada que han dejado imágenes de caos tan inaceptables como injustas. Lo último que necesita Ceuta es aparecer como un lugar roto, por desesperante que sea la situación. Los líderes ceutíes demostraron comprender con rapidez la gravedad del escenario al que se enfrentan si se permite que se rompa la convivencia en paz.
Ha pasado un mes desde el asalto masivo a la frontera que desbordó Ceuta y aún amenaza con dejar heridas a largo plazo en el modo de vida de la ciudad autónoma. La respuesta del Gobierno de España, tardía e insuficiente, ha permitido que se pudra una crisis en la que había que poner todos los medios desde el minuto uno, no solo por la gravísima situación humanitaria y de seguridad que suponen decenas de miles de personas con lo puesto vagando por las calles, sino por el mensaje de debilidad institucional que se ha enviado alos actores interesados en la inestabilidad de España, internos y externos.
Esa movilización se ha visto esta semana con la creación de un mando único en la persona del ministro Ángel Víctor Torres, con experiencia en gestionar picos de tensión migratoria irregular como presidente de Canarias. El Gobierno ha declarado la crisis de Ceuta como un asunto de seguridad nacional. Ha pedido ayuda financiera y medios a la UE. Ha comenzado a organizar con las comunidades autónomas el traslado de los menores fuera de Ceuta para la complicada gestión de su situación. Sobre el terreno, el refuerzo de la seguridad y la cooperación con el Gobierno local por fin promete sacar a la mayoría de los migrantes de las calles y alojarlos en refugios temporales mientras se consigue filiarlos uno por uno para saber si tienen derecho a pedir asilo o no. El Gobierno cree que puede sacar de las calles a los 5.000 inmigrantes irregulares (un cálculo a bulto de Interior) que quedan en Ceuta y dar pasos hacia una relativa normalidad en dos semanas. Eso es lo urgente.
España es un país con mucha experiencia y medios para la gestión de inmigración irregular. Canarias y la propia Ceuta han vivido situaciones de desborde de los recursos para tratar a estas personas, que requieren una respuesta que va desde la seguridad hasta la atención sanitaria. Lo que pasó en Ceuta es diferente. La ciudadanía ceutí está traumatizada, y con razón.
Y esto es lo importante. Seis ministros han comparecido esta semana en el Congreso y ninguno ha ofrecido un relato coherente y entendible de lo ocurrido. Se intenta presentar la situación como una crisis migratoria momentánea, cuando no lo es. Los días 30 y 31 de julio, entre 70.000 y 80.000 personas llegaron hasta Ceuta y se echaron al mar sin que nadie les impidiera el paso. Eso es toda la población de Fnideq, la ciudad gemela de Ceuta en el lado marroquí. El relato de que algo así se organizó de forma espontánea en las redes sociales y que no se podía hacer nada no se sostiene sin pruebas sólidas. En las comparecencias del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, todos los grupos políticos, incluidos los socios más fiables del Gobierno, pusieron voz al estupor de los ciudadanos al comprobar no solo la ausencia de reproches a la actuación de Marruecos, sino alabanzas a la cooperación. El Gobierno asegura que no podía anticipar lo que ocurrió. La pregunta es cómo pudo suceder sin que lo viera Marruecos, y si se le han pedido las debidas explicaciones.
La comparecencia en el Congreso del presidente, Pedro Sánchez, el próximo 3 de septiembre es la ocasión para unificar las explicaciones del Gobierno. Ceuta espera soluciones a lo urgente, pero España tiene que empezar a debatir lo importante, es decir, qué ha pasado y cómo hacer para que no vuelva a pasar. Hay que explicar hasta dónde va a endurecer el Gobierno su política migratoria y de asilo, ahora que ha empezado a aplicar el Pacto Migratorio Europeo, y cómo afecta eso a personas desesperadas dispuestas a jugarse la vida. Marlaska ha anunciado un refuerzo de infraestructura de la frontera.
