Enseñar bajo las normas educativas de Texas “El banquete” de Platón, que habla del amor en sus múltiples formas y de un tercer género, le costó el trabajo al doctor Martin Peterson en la cátedra de Filosofía de la Universidad de Texas A&M. A principios de este año, la universidad le dijo que debía sacar de su programa de enseñanza las lecturas que tuvieran que ver con raza o género o tendría que dar otra materia, y él renunció.
En la Universidad del Norte de Florida, al profesor de Educación John W. White también le pidieron remover los términos “diversidad”, “equidad”, “inclusión” y “cultura” de su syllabus para cumplir con la norma de ese Estado. “Son solo tres o cuatro palabras. Es la ley y tenemos que seguir la ley”, recuerda él que le dijeron las autoridades universitarias en diciembre de 2025.
El creciente número de leyes estatales que regulan la vida académica de forma directa e indirecta ha creado un clima de censura en las universidades y colegios universitarios de Estados Unidos. “Existe una sensación de inhibición. [Los profesores] temen que podrían meterse en problemas por lo que enseñan en el aula. Hay preocupación de que, aun cuando consideren que tienen una buena razón pedagógica y que no están infringiendo ninguna norma, no tengan la certeza de que contarán con el respaldo de los líderes de su institución si un incidente se vuelve viral”, explica Neal Hutchens, profesor del Departamento de Estudios y Evaluación de Políticas Educativas de la Escuela de Educación de la Universidad de Kentucky, en una entrevista con EL PAÍS.
Hutchens investiga la libertad académica y la libertad de expresión en los ámbitos de las políticas públicas, la práctica en la educación superior y el derecho, y parte de su trabajo reciente se ha enfocado en los esfuerzos legislativos estatales para prohibir la enseñanza de conceptos asociados con la teoría crítica de la raza (CRT, por sus siglas en inglés) en colegios universitarios y universidades públicas. “Tengo el privilegio de contar con titularidad académica en Estados Unidos, lo que tradicionalmente ha brindado cierto grado de seguridad económica y laboral. Sin embargo, en comparación con hace, por ejemplo, cinco años, sé que cuando escribo y hablo sobre estos temas, no puedo confiar en que los sistemas o mecanismos que antes existían me proporcionen el mismo nivel de protección”, dice el profesor.
Según PEN America, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger la libertad de expresión en Estados Unidos y el mundo y que ha documentado el avance de este tipo de legislación en el país desde 2021, cerca de la mitad de los estudiantes reciben clases en Estados donde existe al menos una ley o prohibición que restringe lo que se enseña en el aula sobre raza, género y sexualidad, ahora considerados temas tabú; entre ellos, Texas y Florida son de los más restrictivos.
“Los estudiantes se encuentran en un clima de miedo, donde los profesores temen perder sus empleos; y, de hecho, hay casos en los que eso sucede”, dice la investigadora Laura Benitez, gerente sénior de políticas estatales para los programas de libertad de expresión de PEN America en Estados Unidos, que supervisa la legislación y las tendencias políticas a nivel estatal que amenazan la libertad de expresión. “Al llegar al campus y no contar con la atención plena y libre de los profesores para debatir temas académicos, ni con sistemas de apoyo, se genera un clima en el que los estudiantes conviven en un entorno donde a menudo nadie sabe con certeza qué está permitido y qué no. Eso puede afectar el ambiente de aprendizaje y la capacidad de hacer aquello para lo que realmente están allí: aprender”, agrega Benitez.
De raza y sexo, mejor no hablar
Este tipo de censura académica surgió a finales del primer gobierno de Donald Trump (2017-2021), cuando el presidente emitió una orden ejecutiva que prohibía a las agencias gubernamentales impartir enseñanzas sobre lo que denominaban “conceptos divisivos” relacionados con la raza y el sexo. Esta orden ejecutiva fue revocada cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, pero luego se transformó en un movimiento estatal, primero para prohibir la enseñanza de ciertas ideas y luego para regular los procesos internos de toma de decisiones, como el diseño de los planes de estudio, y las garantías de permanencia docente.
En la segunda administración de Trump, el gobierno federal ha presionado a las universidades y colegios universitarios para que apoyen sus “prioridades” a cambio de financiamiento, aprobación de visas para estudiantes y profesores extranjeros. Aunque en Estados Unidos no existe un sistema federal de universidades sino un sistema dual de instituciones estatales y privadas, muchas de éstas dependen de los subsidios y la financiación de agencias del gobierno, como el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura, la Fundación Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud.
En octubre de 2025, el Departamento de Educación envió una carta a nueve universidades con una serie de exigencias para mantener la colaboración con el gobierno; entre ellas estaba la de adoptar las definiciones de sexo aprobadas por el gobierno, limitar la matriculación de estudiantes internacionales, implementar políticas de “neutralidad institucional” y suprimir departamentos académicos, centros u oficinas que, bajo su visión, “castigue, menosprecie o incite a la violencia contra las ideas conservadoras de manera deliberada”.
A principios de agosto, la secretaria de Educación, Linda McMahon, envió otra carta abierta a los presidentes e integrantes de las juntas de colegios universitarios y universidades pidiéndoles que expliquen cómo abordarán siete áreas que son de interés para el Gobierno de Trump; entre ellas, “la admisión basada en el mérito”, “la libertad de expresión” y “la promoción de los intereses estadounidenses”. Además, ese Departamento ha anunciado la imposición de tarifas de más de 100,000 dólares para la emisión de visas H1-B para investigadores y profesores extranjeros que trabajen en Estados Unidos, y límites al tiempo que los estudiantes internacionales pueden permanecer en el país.
Aunque la carta no iba dirigida a ellos, la gobernación de Florida fue la primera en responder a la Secretaría de Educación con un documento de 30 páginas que enumera las políticas que el Estado ya ha implementado en respaldo a los lineamientos de Trump y otras que vienen en camino. Entre ellas, mencionan las prohibiciones vigentes en Florida sobre las declaraciones de diversidad y el uso de fondos públicos para el activismo político o social, y las restricciones a la matriculación de estudiantes indocumentados a partir de 2027. El Sistema Universitario Estatal de Florida (SUSFL, por sus siglas en inglés) está conformado por 12 universidades y es el segundo sistema universitario público más grande de Estados Unidos, mientras el Sistema de Colegios Universitarios del mismo Estado lo integran 28 colegios universitarios. Ambos sistemas atienden a más de 1,1 millones de alumnos.
La autonomía universitaria, según el partido
La reacción de las universidades a estas políticas ha sido mixta, dependiendo del Estado donde se encuentran y de la posición del Gobierno estatal de apoyo o rechazo a las políticas de Trump.
En los Estados “azules”, gobernados por el Partido Demócrata, se mantiene en mayor medida la idea de que los profesores deben gozar de una amplia libertad académica en las decisiones que toman en el aula, pese a las presiones.
En los Estados “rojos” o conservadores, gobernados por el Partido Republicano, las Legislaturas tienden a respaldar las “prioridades” de la Casa Blanca para la educación superior. Las universidades privadas también han respondido de distinta manera: la Universidad de Harvard, por ejemplo, ha mantenido un litigio sostenido con la Administración Trump para impugnar varias de sus medidas, mientras otras instituciones como las Universidades de Columbia y Brown han buscado llegar a acuerdos con el Gobierno federal, probablemente impulsadas por el temor al impacto económico.
