En el Gobierno actual, hay quienes tienen experiencia en los operativos policiales. No sólo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También Elma Saiz o Milagros Tolón. Ambas fueron delegadas del Gobierno, la primera en Navarra, entre 2008 y 2012; la segunda de Castilla-La Mancha entre 2023 y 2025. "Yo he sido delegada del Gobierno en Navarra y la actuación policial para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental, como es el derecho de huelga, y también para mantener la seguridad ciudadana y el orden, siempre tiene que ser proporcionada", reflexionó este jueves la actual portavoz del Ejecutivo, tras la polémica desatada por las cargas policiales durante la jornada de la huelga general.
Las imágenes de agentes cargando, golpeando a manifestantes e, incluso, rociándoles con gas pimienta no gustaron dentro del Gobierno. Provocaron desaprobación. Rechazo. Y en la práctica totalidad de sus socios, la exigencia de explicaciones y responsabilidades políticas. Mientras en el PSOE, según cargos del partido consultados, crece la sensación de que Marlaska no controla a la Policía o, más concretamente, algunos sectores de este cuerpo.
Esta sensación se ha ido instalando dentro del partido por un cúmulo de situaciones vividas. El titular de Interior confesó que no tenía conocimiento de la denuncia por agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González; se vio obligado a pedir explicaciones al director general de la Policía también por no tener constancia de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que entregó a la jueza que atribuía un papel decisivo a las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva a Ceuta de julio -aquí la jueza pidió a los agentes no informar a sus superiores, pero en el Gobierno no comprenden como no se comunicó al ministro-; o más recientemente por las cargas a profesores de la educación pública de Madrid que se estaban manifestando o los episodios vividos este 11-N. "No me gustan las imágenes como ministra", ya avisó Tolón sobre el trato a los profesores. "Se ha abierto una investigación por parte de la Policía Nacional", anunció.
Frente a esta percepción, fuentes gubernamentales defienden que si fuera al revés, "si dijéramos que controla hasta el último policía tampoco gustaría ni parecería bien". Y añaden: "Pedimos al ministro que sepa lo que pasa hasta en la última comisaría".
Tras los incidentes vividos con los piquetes a primera hora del miércoles, o en algunos momentos de las concentraciones en ciudades como Madrid, y la tormenta política desatada, Marlaska se vio obligado a ordenar al director general de la Policía una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos.
Asimismo, el ministro ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas pimienta en los dispositivos de control de manifestaciones, que sí fue empleado en algunas actuaciones de este 11-N contra los manifestantes. Una decisión que provocó la crítica y el rechazo de los principales sindicatos policiales. "No es modernizar, ni es progresista. Es dejar a los agentes vendidos, indefensos".
"He visto algunas imágenes que no me han gustado", sentenció Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. "Son imágenes que nos desagradan profundamente y ante las que el Gobierno no permanece impasible", ahondó Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo. "Hubo algunas imágenes y algunas actuaciones que, a primera vista, no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad", admitió Marlaska, justificando la decisión de ordenar una investigación "inmediata" y "muy específica sobre esas circunstancias".
Dentro del PSOE existe la percepción de que los últimos capítulos vividos suponen una disyuntiva endiablada: si Marlaska lo sabía y se permitió, mal; pero si no lo sabía, peor aún. Es la reflexión que trasladan fuentes socialistas.
Esa percepción que trasladan en privado, guardándose las espaldas, los socialistas de que Marlaska no controla a sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es verbalizada por aliados parlamentarios del PSOE. "Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro", dijo el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez. "No puede ser que los policías controlen al ministro y no al revés", apuntó el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.
