La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional inicie una investigación por la crisis migratoria de Ceuta, de acuerdo al informe que han presentado este viernes ante la magistrada María Tardón, que ahora tendrá que pronunciarse. Tras el informe de la Policía Nacional que apunta que agentes marroquíes “guiaron” la entrada de migrantes a Ceuta, el fiscal jefe, Jesús Alonso, que decidió asumir el caso por su “trascendencia”, ha expuesto este viernes que, debido a que el delito pudo cometerse fuera de España y a la repercusión para las instituciones del Estado, es la Audiencia Nacional la que debe investigar. El fiscal cree que pudo haber delitos de favorecimiento de inmigración ilegal, homicidio y lesiones por imprudencia grave, y organización criminal, según confirman fuentes fiscales, y ha solicitado que se declare el secreto de la causa.
El ministerio público ha emitido un informe a la magistrada María Tardón, que fue a quien recayó la denuncia del letrado Luis Pardo de Iustitia Europa, quien apuntaba delitos contra la Seguridad del Estado, favorecimiento de inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. El fiscal Jesús Alonso no coincide en la calificación delictiva, pero sí en que se inicie una causa para esclarecer lo sucedido.
La investigación, en principio, no se dirige contra alguien concreto, sino que debe ahondarse en si verdaderamente lo ocurrido en Ceuta entre el 30 y el 31 de agosto, cuando pasaron unos 70.000 migrantes nadando desde Marruecos, fue una acción coordinada y quiénes fueron sus responsables. El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que de momento es uno de los únicos documentos que compone la causa, incide en que no se trató de “algo accidental”, sino que, “en comparación con otros procesos de entrada previos” en 2021 y 2024, en esta ocasión, la “finalidad migratoria” operó solo como una “cobertura formal” para “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”.
Fuentes de la Fiscalía explican que el escrito abunda en que, por ley, debe ser la Audiencia Nacional la que indague en delitos cometidos fuera del territorio nacional, como es la frontera con Marruecos, además de los delitos conexos. El fiscal Jesús Alonso dice que una parte “sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí”, de acuerdo al informe policial que obra en la causa, “mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español”.
Por ello, el jefe de la Fiscalía de ese órgano entiende que hay base indiciaria para comenzar a indagar si hubo una “organización” o “grupo criminal” que pusiera en peligro la integridad física de las personas afectadas, según las fuentes fiscales. El avance de la investigación, añade, deberá determinar si los hechos “pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado”.
